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Sancionarán exhibición y descuido con armas

Néstor Reverol y artistas nacionales encabezaron un acto de inutilización de armas en El Valle | Foto: MIJ

Armas | Foto: MIJ

La nueva norma sobre desarme crea 14 delitos, establece un monopolio para Cavim y prohíbe a los medios la divulgación de mensajes que promuevan el uso de armas

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La Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones aprobada el martes en la Asamblea Nacional crea 14 delitos e incrementa hasta en 35% los lapsos de prisión para los responsables de la fabricación o la importación ilegales de armas.

El instrumento legal reemplaza otro aprobado en 2002 y que fue poco aplicado. En la nueva versión se incorpora un capítulo de "sanciones administrativas”, que van desde las multas hasta la revocación de los portes para las personas que exhiban las armas en forma indebida o que las porten bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

Para el martes está prevista la lectura del texto definitivo aprobado por los parlamentarios. Posteriormente se espera que el presidente Nicolás Maduro le ponga el ejecútese en un acto público, por lo que aún restan al menos ocho días para que la ley sea publicada en Gaceta Oficial.

La versión final debe tener 121 artículos aproximadamente, además de 2 disposiciones derogatorias y 7 transitorias. De ellas destacan las suspensiones a la comercialización de armas y a la emisión de portes, en ambos casos por dos años más.


A la cárcel. La norma mantuvo el máximo de ocho años de prisión fijado en el Código Penal para las personas que porten ilegalmente un arma de fuego, pero incrementó las penas que estaban en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo para casos de tráfico y fabricación ilícita de armas. Ahora, para ambos delitos tendrán máximos de 25 años de prisión.

La mayoría de los nuevos delitos tienen penas inferiores a los ochos años de prisión, por lo que son considerados poco graves. Entre ellas están la imprudencia o el descuido con el arma, el porte en lugares prohibidos, uso indebido de armas pertenecientes a algún cuerpo de seguridad, la modificación de las armas, la falsificación de los permisos, la alteración de los seriales, la recarga de municiones o su alteración y también el uso de facsímiles.

Más severas serán las penas para quien sustraiga armas o municiones en resguardo o que las introduzca en cárceles. En ambos casos, la pena máxima será de diez años de prisión.

El texto además indica que los medios de comunicación “se abstendrán de difundir informaciones o imágenes que promuevan o inciten el uso de armas de fuego”.

El diputado Ricardo Sánchez, miembro de la comisión parlamentaria que elaboró esta ley, informó que quedará en el Ejecutivo la potestad de definir, mediante resolución, qué son armas de guerra. Igualmente se delegó en Cavim todos los aspectos relativos a la comercialización de armas y municiones.

Dijo que se prolongó hasta año y medio el lapso para instalar en el país el sistema para el marcaje de municiones, una tecnología que fue contratada a asesores brasileños. Indicó también que esta norma podría reducir la violencia homicida si es aplicada con rigor tanto en los municipios como en los estados y todo el país. “Falta mucho por hacer. La ley por sí sola no logrará los cambios que aspiramos”.


Superada. El criminólogo de la Universidad de Los Andes Freddy Crespo señala que esta ley no era necesaria, y que las mismas regulaciones pudieron ser impuestas mediante resoluciones ministeriales o decretos: “Mientras más leyes haya para regular conductas, más confusa se tornará la situación. El último aspecto que un delincuente toma en cuenta a la hora de empuñar un arma es la ley”.

Advirtió que para reducir la violencia se requiere cambiar aspectos culturales asociados al uso de armas.


Recomendación internacional

Daniel Luz Álvarez, asesor de Seguridad Ciudadana del Pnud, indicó que las leyes deben ser adaptadas a las realidades sociales, por lo que recomendó al Estado venezolano implementar la nueva normativa.

Sobre la aplicación de los dos nuevos planes de seguridad (Misión A Toda Vida y Plan Patria Segura), dijo que el uso de la Fuerza Armada en labores de seguridad ciudadana debe tener un tiempo determinado. “La presencia militar en las calles tiene un valor disuasivo para el delincuente, pero a mayor tiempo de permanencia, menor será el efecto”.

Recomienda que el Ejército realice tareas de seguridad ciudadana, y que las policías municipales y regionales sean reestructuradas como se planteó en la Misión A Toda Vida.

Indicó que una de las observaciones dadas para la aplicación de la misión de seguridad fue la focalización de la estrategia. “Planes tan ambiciosos deben ser implementados lentamente con un piloto en los Estados conflictivos y evaluar los resultados para luego extenderlo a todo el territorio”, dijo Luz Álvarez.