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¿Quiénes son los culpables de los cinco ataques contra sedes policiales?

Luis izquiel | Abogado Penalista y Criminólgo

Luis izquiel | Abogado Penalista y Criminólgo

Dos delincuentes resultaron ultimados, dos más fueron aprehendidos, seis uniformados presentaron lesiones y uno de ellos aún continúa en delicado estado de salud  

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Más de 10 heridos fue el saldo que dejaron los cinco ataques registrados entre la noche del viernes y la madrugada del domingo a cinco cuerpos policiales y detectivescos en Caracas, el estado Carabobo, Guárico y Miranda. 

Gustavo Ochoa, adscrito a la Policía de Baruta, resultó gravemente herido por el ataque que se registró la madrugada del domingo en Las Mercedes.

Hasta el momento van dos personas detenidas, Juan Gabriel Loaiza Mireles, de 18 años, y un adolescente (16). Dos presuntos delincuentes resultaron ultimados, Yofran Antonio Machado Pérez y Pedro José González Rojas (24). El Ministerio Público comenzó una averiguación.

Mariara, dos granadas

El primer ataque se registró a las 8:30 de la noche de este viernes 25 de septiembre. Un grupo de sujetos a bordo de motos lanzó dos granadas a la base de Homicidios del Cicpc ubicada en el sector La Haciendita, en el municipio Diego Ibarra del estado Carabobo.

Los artefactos explosivos cayeron en el estacionamiento del organismo, ocasionando daños leves a los vehículos que allí se encontraban.

Los antisociales portaban fusiles. La seguridad fue reforzada en las adyacencias del organismo.

Cicpc El Llanito atacada

A las 3:30 de la mañana fue arrojado un artefacto desde la parte de atrás del Eje de Homicidios del Cicpc en El Llanito, en donde está la morgue. La granada rodó por el pavimento e impactó contra el portón de metal que divide a las dos unidades.

Los autores del hecho fueron dos hombres que tripulaban una moto KLR color negra con calcomanías verdes. Al parecer, la idea era causar daños en el Eje Este de Homicidios y la subdelegación, pero no lo lograron.

Las Mercedes, 10 heridos

50 motorizados armados con fusiles y granadas pasearon desde Caricuao hasta Petare, logrando atacar varios cuerpos policiales. El primero de ellos se encontraba en Las Mercedes y estaba comandado por funcionarios de Polibaruta.

Seis uniformados resultaron heridos más 4 civiles. Uno de los polibaruta presentó heridas graves por las esquirlas de la granada, varios restos se alojaron en su cerebro.

Explotó granada en Poliguárico

El domingo 27 varios vehículos resultaron afectados por la detonación de una granada que fue lanzada por dos hombres a la sede de la Policía de Guárico, en la estación Centro San Juan de los Morros.

Los antisociales se trasladaban a bordo de una motocicleta roja. Debido a la velocidad y a la rapidez de la acción, el ataque fue prácticamente nulo porque el artefacto pegó de un árbol y solo ocasionó daños materiales.

En el lugar se produjo una persecución, cuyo objetivo fue apresar a los responsables de la acción hamponil. Juan Loaiza, de 18 años, junto con un adolescente (16) fueron capturados minutos después.

Polimiranda fue la última

Cuatro funcionarios de Polimiranda fueron sorprendidos por el estallido de una granada que ocurrió en la calle 9 de La Urbina.

Uno de los oficiales divisó al parrillero de una moto Empire roja cuando arrojaba el artefacto explosivo y notificó a sus compañeros para que se resguardaran.

Los funcionarios salieron ilesos del ataque e iniciaron la persecución de la moto roja y una segunda que apareció tiempo después, pero los delincuentes huyeron hacia el norte del municipio Sucre.

¿Quién tiene la culpa?

El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel opinó que estos hechos no son una sorpresa. “Estamos cosechando el resultado de aquel discurso en el que se indica que el pueblo debe armarse.  La creación de la milicia o grupos paramilitares como colectivos ha sido una mala política”, dijo.

El especialista mencionó los resultados preliminares de 18 reportes durante 25 meses de la investigación de la ONU. De acuerdo con el periodista Javier Ignacio Mayorca, en 14 casos esas armas tuvieron algún tipo de uso. En otras palabras, el promedio de muertes por cada episodio fue superior a 1. En Colombia y México la media es inferior a esa cifra. En consecuencia, Venezuela aparece como el primer país de Latinoamérica en donde las granadas fueron utilizadas con fines de agresión.

Aseguró que ese material explosivo es importado. Atribuyó la responsabilidad a la FANB de que esté en poder de la delincuencia, debido a que las granadas y los fusiles son armamento de guerra exclusivo de los militares.

Respondió que no sabe cuál es el mecanismo que se lleva a cabo para que un arma salga de la FANB. Apuntó que personas inescrupulosas se prestan para vender estos equipos, logrando así armar "hasta los dientes" a la delincuencia, mientras la policía solo tiene pistolas 9 mm con municiones contadas.

“Ese armamento está saliendo de los cuarteles. Nadie le pone coto, no hay institución que investigue. Si hubiese una Asamblea Nacional (AN) equilibrada, el ministro de Defensa, el presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), único en el suministro de armas en el país, el representante del Daes, y además el ministro de Interior y Justicia deberían ser interpelados”, aseguró.

Opinó que los ataques responden a una represalia por parte de los delincuentes a los cuerpos policiales.

OLP fracasó

En lo que va de año, según cifras de Izquiel, 102 funcionarios han sido asesinados en la Gran Caracas, varios de ellos –en hechos aislados– perdieron su vida por un ataque con granada.

Explicó que la OLP no funciona contra la criminalidad, más bien genera un espiral de violencia que motiva más violencia por parte del ciudadano atropellado, debido a abusos y uso de poder indebido de la policía.

Hizo un llamado a la FANB para que dé una respuesta de forma seria por todo lo que ha sucedido.

“Hagan inventarios dentro de los cuarteles, supervisen el parque de armas que maneja la FANB. Los más afectados son el pueblo. Sancionen internamente quienes facilitan las armas a la delincuencia y las instituciones condenen penalmente al funcionario que sustrae armas de guerra destinadas a la defensa de la nación y las entrega al delincuente”, culminó.