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FANB no será supervisada como regulador de armas

Decomiso de armas

La nueva norma no establece una definición clara de arma de guerra

El director de Polichacao indicó que se espera la emisión de un protocolo para la destrucción de las piezas recuperadas o entregadas

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La Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones publicada en Gaceta Oficial el lunes asigna a la Fuerza Armada la potestad de regular y controlar todo el mercado de las armas de uso civil en el país, pero no le da a ninguna otra institución o poder la facultad de revisar las acciones u omisiones de los militares en esta materia.

La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, observó que los parlamentarios -incluso los opositores- incurrieron en el error de no asignarle a la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Contraloría General de la República u otra institución la supervisión de los planes desarrollados por la FAN.

Recordó que en Venezuela las armas de uso particular generalmente han sido importadas por mecanismos legales y desviadas hacia propósitos ilícitos una vez que están en el país, con la anuencia de los militares.

“Esta ley, tal como está, va a seguir profundizando en Venezuela el problema de las armas y municiones en manos de la población civil”, alertó.

El texto sancionado el fin de semana por el Presidente derogó el vigente desde agosto de 2002. Consta de 125 artículos, 6 disposiciones transitorias y 2 finales. Fue el producto de tres años de discusiones. Aún así, dijo San Miguel, dejó para una reglamentación aspectos vitales como por ejemplo la definición detallada sobre las armas de guerra y el procedimiento para la entrega voluntaria y anónima de armas.

Anteriormente, la responsabilidad de regular lo referido al tema de las armas era compartida entre los ministerios de la Defensa y de Relaciones Interiores.


Depósito en la comuna. El artículo 85 del texto establece que los “comités de defensa integral de los consejos comunales”, así como las comunas y cualquier otra forma de organización social, podrá crear sus centros de recepción de armas y municiones.

San Miguel indicó que esta disposición tiene visos de inconstitucionalidad pues la FAN es la única encargada de cumplir esa tarea.

Esta fue una de las primeras advertencias que se hicieron públicamente, pero que nunca pudo formalizar ante el Parlamento pues considera que el proceso de consulta para la formación de esta ley fue “amañado”.

Policías esperan. La norma asigna a las alcaldías y gobernaciones y a sus cuerpos policiales la tarea de verificar el cumplimiento de las prohibiciones de portar armas en locales nocturnos, comerciales, de espectáculos públicos y terminales de transporte.

También deberán velar por el cumplimiento del articulado referido al control de los portes ilícitos o vencidos, así como la detección de faltas como la “exhibición indebida” de las armas, o la comisión de nuevos delitos como la “descarga de armas de fuego en lugares habitados”, como sucede en los funerales de delincuentes y celebraciones de Año Nuevo.

El director de Polichacao, comisario Carlos Vargas, informó que luego de que se publicó la nueva ley comenzaron a diseñar los mecanismos para vigilar su cumplimiento.

Recordó que el alcalde Emilio Graterón se reunió con los dueños de grandes locales y de centros comerciales para indicarles la necesidad de cumplir con las denominadas “medidas de seguridad”, pues de lo contrario los dueños de la empresa serán multados hasta por el equivalente a 500 unidades tributarias. Además corren el riesgo de un cierre definitivo.

Indicó que ahora las armas decomisadas o recibidas mediante entrega voluntaria deben quedar a resguardo en la policía hasta que la Fiscalía ordene su destrucción. Cada municipalidad deberá comprar o alquilar una prensa hidráulica, cuyo costo aproximado es de 300.000 bolívares.

En el caso de ese cuerpo policial se han acumulado en sala de evidencias 20 armas, y todavía no les han indicado una fecha para destruirlas.

Vargas indicó que tampoco les han anunciado cuándo comenzarán a llegar las municiones marcadas. Dijo que este programa comenzó en Polinacional, pero en varias partes del país sus oficiales todavía usan municiones sin marcaje.

El funcionario cree que debido a la situación delictiva del país pocas personas harán entrega voluntaria de sus armas. Por el contrario, preferirán tenerlas ocultas en sus casas hasta que se abra la posibilidad de obtener o renovar la licencia de porte.

La Cifra

30 disposiciones de la nueva legislación esperan por una reglamentación que debe elaborar el Ejecutivo. La ley Desarme aprobada en 2002 nunca fue reglamentada.