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6 bandas imponen su ley en "zonas de paz”

En la vía entre El Guapo y Caucagua fue asesinado un transportista | Foto: Raúl Romero (Archivo)

En la vía entre El Guapo y Caucagua fue asesinado un transportista | Foto: Raúl Romero (Archivo)

Un informe de la GN advierte que los delincuentes exigen “voto de lealtad” en las poblaciones donde operan

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El lunes 3 de noviembre el transportista Roger Antonio Ron recorrió su última carretera.

El profesional del volante, de 45 años de edad y hermano de un funcionario de la policía judicial, terminó sus días a manos de un grupo de asaltantes que lo atacó a tiros mientras recorría la Troncal 9, entre El Guapo y Caucagua. Los delincuentes lo hirieron cuando intentaban detener el camión. En ese momento ocupaba el asiento del copiloto.

Paradójicamente, todo esto ocurrió en una de las llamadas “zonas de paz”. El mismo sector en el que cinco meses antes pudieron haber mantenido cautivo a Nelson Ramírez, presidente de la petrolera Indo Venezolana.

Estos son apenas dos ejemplos de lo ocurrido recientemente en esos territorios donde se desarrolla un programa impulsado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Las “zonas de paz” son áreas en las que no hay presencia permanente de funcionarios policiales ni militares. Al mismo tiempo que se llevó a cabo este despeje, el gobierno se comprometió a hacer numerosas inversiones y facilitar la obtención de créditos para los habitantes de las zonas involucradas.

Ese programa fue diseñado y puesto en práctica desde septiembre de 2013 en el Viceministerio de Política Interior, a cargo del ex alcalde de Sucre José Vicente Rangel Avalos, quien se mantiene en el cargo pese al cambio de ministro.

Un informe de la Guardia Nacional Bolivariana indica que solo en Barlovento hay 29 zonas de paz que abarcan una superficie de 5.236 kilómetros cuadrados. El programa, además, impacta directa e indirectamente a más de 820.000 personas.

El comisario general Elisio Guzmán, director de la Policía del estado Miranda, aclaró que no existe ningún documento en el que el MRI ordene a los cuerpos de seguridad la salida de esos territorios. “Pero esa es una convención que todos conocemos”, añadió.

La evaluación de la GNB indica que los objetivos del programa fueron malinterpretados “en cuanto a la presencia y actuación de los organismos de seguridad, colocándolos al margen para ingresar (…) generándose de inmediato el abrigo y escondite de bandas delictivas”.

Homicidios y secuestros. Las estadísticas de criminalidad dan una noción de lo que está sucediendo en las “zonas de paz” de Barlovento.

Cuando el programa apenas comenzó en 2013, fueron reportados 260 homicidios en esos municipios. El año pasado hubo 273. Un incremento de 7%. La tasa de este delito se situó en 105 por cada 100.000 habitantes. La media para el resto de Miranda es de 67 por cada 100.000 habitantes.

En cuando a los secuestros, estas áreas de Barlovento son las que tienen mayor impacto de todo el Distrito Capital y Miranda como puntos de captura y de liberación de víctimas, de acuerdo con cifras del Cicpc conocidas extraoficialmente. Los cuerpos de seguridad, además, constataron que en cinco casos las víctimas fueron capturadas en distintos sectores de Caracas y llevadas a áreas aledañas a Caucagua, mientras se llevaba a cabo la negociación.

Al respecto, el documento de la GNB advierte que las “zonas de paz” son usadas como “zonas de cautiverio por secuestradores”.

Junto al delito organizado, numerosos hampones comunes ven en estos sitios un lugar ideal para operar con impunidad. El primer impacto lo tuvieron las industrias y comercios de Caucagua y zonas adyacentes. En enero de 2014, cuando el programa apenas tenía cinco meses en ejecución, la constructora Odebrecht, que participa en las obras del Metro en Guarenas y Guatire, envió una carta al Ministerio de Relaciones Interiores para alertar que la situación de criminalidad en Caucagua “se hace insostenible”.

“Las bandas –señala el documento– han ingresado a las instalaciones violentando la seguridad patrimonial, la seguridad física, el ánimo colectivo, hasta el punto en que el sector transporte no quiere desplazarse a estos sectores (…) y los empleados han empezado a renunciar”.

La ley de las bandas. La evaluación de la GNB indica que seis grandes bandas están operando al abrigo de las zonas de paz de Barlovento: Los Petareños, Los Aragüita, Los Capracio, El Mexicanito, El Merecure y Cabeza de Motor.

Tres de estas organizaciones (Petareños, Capracio y Cabeza de Motor) se especializan en secuestros, extorsiones y robos de vehículos.

En distintos procedimientos las autoridades han encontrado fusiles de asalto AR-15, así como subametralladoras, pistolas, granadas y escopetas. Los militares no descartan que esos territorios sean usados para ocultar armamento hurtado o robado de unidades policiales y militares en 2014.

El Centro de Estudios de Asuntos Públicos prepara un informe sobre la situación de criminalidad en estas áreas. Su representante Nelson Villavicencio explicó que la información fue suministrada por educadores que gozan de gran prestigio en la población, de allí que sean los primeros amenazados por los grupos criminales.

Villavicencio dijo que en Cumbo, una población del municipio Andrés Bello que ha sido la más impactada, las bandas ejercen un control sobre el territorio.

“Por ahí no transitan vehículos sin que ellos estén informados. No entran policías sin un convenio previo. Cuando van representantes de organismos del Estado, la gente se resguarda”, dijo.

A partir de las 6:00 pm, añadió, en el lugar se implanta un “toque de queda”. Es entonces cuando las organizaciones criminales operan en forma más abierta.

La GNB ha percibido la “poca cooperación” derivada del temor de los pobladores que “se convierten en cómplices necesarios, voluntarios e involuntarios”.

“Estas organizaciones delictivas se hacen ver como los Robin Hood de la zona, ayudando (a los pobladores) con dinero, mercados y electrodomésticos provenientes de hechos ilícitos”, afirma el reporte. A cambio, los hampones exigen “voto de lealtad”, lo que al mismo tiempo refuerza la ganancia de sus bandas.

Villavicencio advirtió que con el paso del tiempo se han incorporado “grupos foráneos” al mundo delictivo de las zonas de paz, que pugnan por desplazar o absorber a las bandas que estaban allí anteriormente. Esto los obliga a dar demostraciones de fuerza, como son los bloqueos a los accesos de los pueblos o también los homicidios con extrema violencia. En marzo, por ejemplo, fue ultimado a machetazos y quemado el cadáver de Rauly Urbina, de 24 años de edad, y fue dejado en plena vía pública de Cumbo, como una señal para los pobladores.

“El gobierno es consciente de lo que sucede, pero actúa basado en una interpretación errónea de la realidad. Ahora eso es tierra de nadie”, afirmó Villavicencio.

“Ganar espacio”

La propuesta de la GNB es simple: retomar los territorios cedidos a los grupos criminales. Plantean que en un principio debe haber presencia masiva de todos los cuerpos de policía preventiva, así como de la Milicia y ese componente, a través de la Guardia del Pueblo.

El trabajo, añade la propuesta, debe hacerse con la colectividad para “ganar espacio en el terreno de actuación de las bandas organizadas”. Simultáneamente, se deben establecer puntos de control en la Troncal 9 entre Caucagua y Cúpira, así como un patrullaje permanente tanto en las carreteras principales como en las vías que llevan a los poblados.