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Expertos recomiendan al Gobierno definir las reglas para el desarme

Entregaron armas incautadas para destruir / @JorgeGalindoMIJ

Armas incautadas para destruir / @JorgeGalindoMIJ

La ley aprobada sólo da un marco para que el Ejecutivo aplique una política de reducción de la violencia

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La aprobación de la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones no implica que la violencia homicida se reducirá en el corto plazo.

Expertos que han participado en iniciativas similares en cinco países americanos indicaron que todo dependerá del diseño adecuado de políticas que faciliten la entrega voluntaria de las pistolas y revólveres generalmente utilizados en los crímenes callejeros, y disminuyan la oferta en ese rubro.

En el caso venezolano, la incertidumbre se prolonga pues la norma aprobada por el Parlamento el martes no especificó las características que debería tener el programa de entrega voluntaria y anónima de armas. Luego de tres años de discusiones, los diputados prefirieron delegar esa tarea en el Ejecutivo.

“Estos programas son exitosos a través de la prueba y el error”, dijo el coordinador del Programa de Seguridad Pública del Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo, William Godnick.

Luego de participar en iniciativas de desarme en Argentina, El Salvador y Panamá, Godnick cree que el Ejecutivo podrá decretar una amnistía que permita la entrega de las armas sin que haya ninguna persecución a la persona que la consigna.

Dijo que esto deberá hacerse en un lapso predeterminado, y cuando finalice habrá que aplicar el decomiso compulsivo en forma estricta. De lo contrario, la ley no surtirá ningún efecto sustentable.

Indicó que en Argentina y en algunas regiones de Estados Unidos se deja abierta una brecha para que la gente entregue las armas en lugares preestablecidos. En Venezuela, la nueva ley dicta que esto se haga en la Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada. En estos casos, la mayoría de las personas que acuden son herederos de un arma que no desean tener, o personas que por cualquier razón la consideran inútil. Esta fórmula ha permitido sacar de circulación 100.000 armas en Argentina.


Aplicación ejecutiva. En un país polarizado como Venezuela llama la atención que la Ley para el Desarme haya sido aprobada de forma unánime. El diputado Ricardo Sánchez considera que este consenso debería aprovecharse para lograr una aplicación más efectiva de los programas de desarme.

Godnick cree que esta condición es deseable, pero no necesaria. Recordó que durante el gobierno de Luis Inacio da Silva se adelantó un importante programa de desarme, aún cuando tenía importantes fuerzas que se opusieron, entre ellas los fabricantes de armas. “No he visto ningún país donde se aplique un programa de desarme con un consenso consolidado”, sostuvo.

En Brasil, el desarme logró un impacto de disminución de 13% en el número de homicidios durante los primeros años de su aplicación. Este plan fue desarrollado gracias a una alianza entre el Estado y organizaciones no gubernamentales, como Viva Río.

El coordinador de este programa en la ONG, Antonio Rangel Bandeira, aconsejó que las campañas para el desarme voluntario se prolonguen entre seis meses y un año. “Los jóvenes son los que más matan y más mueren. Son el blanco principal de la campaña, pero los más difíciles de convencer. Hay que entender su mentalidad, descubrir por qué quieren armas”, dijo.

Este es precisamente el grupo de edad que más se ha opuesto a la entrega voluntaria de armas en el país, de acuerdo con los sondeos de la comisión presidencial realizados en tres parroquias caraqueñas.

Rangel dijo que se debe evitar la participación en estos planes de agentes de seguridad ciudadana que no crean firmemente en ellos. El riesgo es que “tratarán de convencer al ciudadano de no entregar el arma o la van a desviar”.

Otro punto importante en los planes de entrega voluntaria es que cuenten con la participación de todos los sectores, no sólo para promover en las comunidades la consignación de las piezas sino también a la hora de recibirlas. “Mucha gente no confía en la policía, que suele ser muy corrupta. Si es necesario, el policía se queda en el puesto civil, pero discretamente pues el civil debe estar visible para quien llega”, sugirió.



Impacto a plazo


El sociólogo José Luis Fernández, ex investigador de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, advirtió que la población no debe esperar que la ley, por sí sola, disminuirá la tasa de violencia homicida del país en el corto plazo: “Lo previsible es un impacto derivado del mayor peso de la pena por el porte ilegal del arma de fuego. Pero lo verdaderamente importante es que la ley sea aplicada y que la gente en posesión de un arma ilegal sea encarcelada”.

Indicó que el verdadero efecto de la ley se verá cuando el Ejecutivo comience a formular y a aplicar políticas consistentes para la reducción de la violencia. Considera que esto tardará meses, en el mejor de los casos. “Este impacto no lo vamos a ver ahora. Es imposible. Primero tenemos que hacer una buena definición de políticas”, dijo.

Advirtió que la ley aprobada esta semana todavía deja un margen para que las personas se armen y obtengan municiones. Lo aconsejable para él es que el Ejecutivo imponga medidas más restrictivas a la hora de formular la política sobre esta materia.

Durante su permanencia en el grupo presidencial, Fernández investigó la correlación entre las importaciones de armas cortas para uso civil y las tasas de violencia. Uno de los hallazgos fue que las tasas de homicidios en el país crecieron a un ritmo similar al de estas adquisiciones, y que curiosamente cuando el Gobierno decidió suspenderlas en virtud de la inestabilidad política posterior a abril de 2002, las tasas de homicidios también desaceleraron.

Al igual que los expertos internacionales, el sociólogo también sostuvo que las campañas para el desarme deben tomar en cuenta las características de las poblaciones a las que se dirige, así como los lugares donde habitan. “Los incentivos tienen que ser diseñados desde la realidad local”, afirmó.


ElDato


En San Miguelito, Panamá, la alcaldía aplicó una política de desarme que ofrecía beneficios a las comunidades que apoyaran la campaña en términos de construcción de infraestructuras. También se otorgó medidas cautelares a los presos que se incorporaran al plan.


LasCifras


500.000 armas de todo tipo han salido de circulación en Brasil gracias a una campaña que combina incentivos monetarios para quien haga la entrega con otros para las comunidades donde más piezas son recuperadas.


7.797 personas han participado en una encuesta electrónica de la Comisión Desarme para determinar qué incentivos pueden darse a cambio de la entrega de armas. Los resultados de la consulta no están disponibles.



jmayorca@el-nacional.com