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Red de Apoyo: Sería más riesgoso que Patria Segura subiera a los cerros

Alfredo Ruiz y Laura Roldán destacan que los militares venezolanos no están suficientemente preparados para asumir la seguridad ciudadana | Foto LEONARDO NOGUERA

Alfredo Ruiz y Laura Roldán destacan que los militares venezolanos no están suficientemente preparados para asumir la seguridad ciudadana | Foto LEONARDO NOGUERA

Alfredo Ruiz considera que, a lo sumo, la presencia de guardias nacionales en las calles conducirá a una migración temporal del delito

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INSEGURIDAD ONG advierte peligros del uso indiscriminado de armas de guerra 

En la coordinación general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz se exhibe un afiche del nuevo rostro del Libertador Simón Bolívar. Es una oficina pequeña que ha sido ocupada por la ex secretaria de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) y rectora de la Universidad Experimental de la Seguridad, Soraya el Achkar, así como por Pablo Fernández, el primer presidente de la Comisión Presidencial para el Desarme. La Red de Apoyo es una organización no gubernamental que destaca por su trayectoria de 28 años de acompañamiento a las víctimas de abusos policiales y militares.

Laura Roldán y Alfredo Ruiz, que ahora están al frente de la ONG, consideran que no son suficientes las justificaciones y reportes ofrecidos por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, sobre la concepción y ejecución del plan Patria Segura y advierten que la presencia de militares en las calles no es la mejor solución para combatir el auge de la criminalidad en Venezuela. Por el contrario, alertan sobre el riesgo de que se repitan tragedias como la ocurrida en Falcón, donde diez guardias nacionales asesinaron a madre e hija e hirieron gravemente a otra menor de edad por un exceso injustificable en el uso de armas de guerra.

Funestos precedentes. Ruiz recuerda que abundan los casos de intervención de militares en labores de seguridad ciudadana con desenlaces fatales: los desafueros cometidos durante la suspensión de garantías por los sucesos de febrero y marzo de 1989, las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones por la implementación de Teatros de Operaciones en los estados fronterizos, el asesinato del adolescente Daniel Neira en el Alto Apure…

El activista admite que el plan Patria Segura implica mayores riesgos, pues la decisión gubernamental no obedece a una situación focalizada en algún lugar del país y se pretende apostar a militares en todo el territorio nacional.

“No están en la primera línea de combate. Hasta el presente se ha limitado a establecer algunos puntos de control en las principales calles y avenidas, y los militares no han incursionado en los lugares más neurálgicos; vamos a decir, en la punta del cerro”, dice Ruiz.

Y considera preferible que los guardias nacionales no tomen los barrios: “Imaginemos a un grupo de militares con armas de alto calibre metidos en los intrincados callejones de cualquier cerro de Caracas. Al primer disparo en su contra no dudarán en responder con la mayor contundencia posible y la mortandad puede ser inmensa”.

El problema, en opinión de Ruiz, es que los guardias nacionales no están suficientemente preparados para encargarse la seguridad ciudadana. “No está garantizado el uso diferenciado, progresivo y proporcional de las armas y la Guardia Nacional utiliza fusiles de alto calibre, FAL y AK-40 y Kalashnikov, entre otros”, indicó.

Roldán agrega que no basta que los uniformados de verde reciban unos cursillos de derechos humanos: “Lo mismo pasa cuando el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se involucra en la seguridad. No, la labor de la policía judicial es otra: investigar. A mí  me da mucho temor que sigan ocurriendo este tipo de hechos (como los de Falcón) a pesar de que se diga que fue un caso aislado y que la Guardia Nacional de ahora es distinta”.

Los plazos. La coordinadora general de la Red de Apoyo toma en cuenta que el Ejecutivo ha señalado que Patria Segura es un plan coyuntural para atender la emergencia causada por el desbordamiento del hampa y mejorar, a la mayor brevedad posible,  la percepción de la seguridad en los ciudadanos. Sin embargo, Roldán considera que la criminalidad en Venezuela es particularmente compleja y no bastan medidas a corto plazo.

“Para mí sigue siendo fundamental que la que asuma la responsabilidad sea la policía, la Policía Nacional Bolivariana, que se ha venido preparando en materia de derechos humanos. No deben ser los militares. A mi modo de ver Patria Segura no es una respuesta adecuada, ni siquiera en el caso de que se fije un plazo perentorio a la presencia de los militares en la calle”, insiste.

Ruiz también lamenta que se ofrezca como solución encargar a militares de la seguridad ciudadana mientras se cubre el déficit de funcionarios de la nueva Policía Nacional Bolivariana que sí garantizarían el respeto a los derechos humanos.

“Lamentablemente –señala el defensor de derechos humanos– todavía  ninguno de los militares ha recibido el  entrenamiento para usar armas policiales. Todavía el entrenamiento  que tienen es para usar armas con estrategia militar. Tampoco están formados para trabajar en lo que denominamos policías comunales, al lado de los vecinos organizados”.

Ruiz prevé que, a lo sumo, Patria Segura tendrá un efecto migratorio: “Quizás se logre disminuir la incidencia delictiva en algunos lugares y horas. Por ejemplo, que la presencia militar en el sector Párate Bueno de Antímano ofrezca mayor seguridad a los que allí viven cuando salen o entran de sus residencias. Es probable que los delincuentes de Párate Bueno se muden a la Vuelta del Fraile pero que, a mediano plazo, cuando cese la presencia militar, regresen al lugar inicial. Creo que Patria Segura sólo causará una migración temporal del delito”.

ESTRATEGIAS

 

¿Coordinación

o división

policial?

  

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz lo ha recomendado por escrito: “Limitar al máximo la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en operativos o acciones de resguardo de la seguridad ciudadana y el orden público”, indica la propuesta número 33 formulada al Poder Ejecutivo en un documento titulado Recomendaciones en materia de derechos humanos al Estado venezolano, elaborado en enero de 2012.

Alfredo Ruiz dijo que desconoce los criterios que se han utilizado para seleccionar a los militares incorporados al plan Patria Segura ni las previsiones que se habrían tomado para evitar excesos. Sin embargo, aseguró que lo más claro es que ha habido una división geográfica del trabajo: la Guardia Nacional está en espacios que no alcanzan a cubrir los cuerpos de seguridad policial.

Explicó que, por diversas razones, entre ellas divergencias políticas, los militares, la Policía Nacional Bolivariana, las cuerpos estadales y las municipales, no han logrado ponerse de acuerdo en las estrategias a seguir en cada zona del país.

Más allá de los reportes oficiales sobre Patria Segura, Ruiz se remite a lo ocurrido en Falcón: “Para arremeter contra el vehículo (en el que viajaban Luimener Pacheco Lino y sus tres hijas) no cumplieron las normas para instalar puntos de control y, sin que hubiera ataque que justificara una legítima defensa, dispararon indiscriminadamente con armas de guerra”.

  

elopez@el-nacional.com