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Subdirector de Cicpc respalda a 6 funcionarios con orden de captura

Por lo menos 200 funcionarios reforzaron el procedimiento de rescate de tres funcionarios durante el allanamiento al Manfredir | FOTO RAÚL ROMERO

Por lo menos 200 funcionarios reforzaron el procedimiento de rescate de tres funcionarios durante el allanamiento al Manfredir | FOTO RAÚL ROMERO

El comisario Douglas Rico ofreció respaldo y un equipo de abogados para que los defiendan. Los instó a ponerse a derecho

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El subdirector del Cicpc, Douglas Rico, dio respaldo a los seis funcionarios de esa institución a quienes el Tribunal Séptimo de Control de Caracas les dictó orden de captura por los sucesos ocurridos durante el allanamiento realizado en el edificio Manfredir, la semana pasada, en los cuales resultaron muertos cinco integrantes de dos colectivos.

El juzgado dictó la medida en contra del jefe de la División Contra Robos, comisario Roger Graterol; detective Víctor Rondón e inspector jefe Luis Santander, ambos de la División Contra Hurtos; detective Pedro José Gómez, del Eje de Homicidios; inspector Ramón Poleo y detective Yoster Reinaldo Brito, del Eje Central de Homicidios. Mientras el juzgado 12º de Control dejó en libertad plena a los 30 detenidos en el edificio Manfredir durante los sucesos de ese día. 

A los seis funcionarios les dictaron orden de captura por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma de fuego, quebrantamiento de pactos y convenios  internacionales y simulación de hecho punible. 

Rico dijo que los funcionarios actuaron apegados a la ley. "Buscaremos el mejor equipo de abogados para defenderlos”. Indicó que los seis afectados por la medida fueron convocados a una reunión y espera que se pongan a derecho para presentarlos ante el tribunal. “Esta es una situación por la que hemos pasado otras veces, pero seguiremos trabajando con ahínco porque hay un pueblo esperando respuesta”, indicó.

La comisaria Odalys Caldera, ex jefa de la División Contra la Violencia la Mujer y la Familia de la antigua PTJ, expresó que la decisión del Tribunal Séptimo de Control afecta la moral y la mística del personal de la institución que “constantemente arriesga su vida para resolver un caso, además de salvaguardar la vida de otras personas”.

Para Caldera la medida aumenta la desconfianza en las autoridades: "¿Cómo harán para convencer a la ciudadanía que denuncie los hechos delictivos de que son víctimas si saben que el delincuente queda en la calle?".

Javier Gorriño, ex funcionario de la antigua PTJ, opinó que la medida es "una decisión política para quedar bien con estos grupos que son el aporte armado de la revolución". Agregó que la actuación de los funcionarios estaba justificada porque había tres detectives como rehenes.