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Restricción de celulares en cárceles reduciría de inmediato delitos en las calles

Celulares recogidos durante requisa en el retén de La Planta (2012) / Foto Antonio Rodríguez

Celulares recogidos durante requisa en el retén de La Planta (2012) / Foto Antonio Rodríguez

Expertos afirman que instalar bloqueadores o inhibidores de llamadas es una medida sencilla y económica. Los equipos cuestan Bs 400.000

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La existencia de celulares, computadoras portátiles y otros herramientas de comunicación (digital) dentro de las cárceles permite a los presos organizar crímenes desde sus centros de reclusión, sin estar en las calles. Secuestros, extorsiones y sicariatos constituyen la agenda delictiva de los internos, que actúan con total impunidad “amparados” en su condición de privados de libertad.

Un funcionario del Cicpc, vinculado a la investigación de estos delitos, reveló que 90% de las extorsiones que se producen a través de llamadas telefónicas en el país se originan en las cárceles, por lo que aseguró que restringir el uso de celulares en los penales eliminaría “casi por completo” este delito. “Sería un duro golpe a las bandas de secuestro y sicariato que tienen miembros en las cárceles; no obstante, el porcentaje sería menor en el caso de estos dos delitos”, aclaró.

Aunque los investigadores de la policía científica no discriminan entre secuestros o sicariatos planificados desde las cárceles –lo que impide la posibilidad de tener una estadística–, la experiencia de medidas estudiadas por expertos en el estado Zulia permite hacer una aproximación al impacto inmediato que tendría sobre estos delitos la restricción del uso de celulares en los penales.

Miguel Dao, experto en seguridad y ex director del Cicpc, manifestó que durante el gobierno de Pablo Pérez en el estado Zulia evaluaron la posibilidad de utilizar jammers (inhibidores o bloqueadores de llamadas) en los penales regionales. “Controlar las llamadas que se producen dentro de un penal no va contra los derechos humanos porque con esto se podrían reducir los delitos de secuestro, secuestro de carros, extorsión y sicariatos. Se determinó que se bajaba la incidencia delictiva en el Zulia en 40%, y esta cifra se puede proyectar en Venezuela”.
Por esta razón, los expertos en materia carcelaria insisten en la necesidad de redoblar los esfuerzos para impedir el ingreso de estos aparatos a los penales del país. Pero, ante la falta de voluntad del Estado para frenar el ingreso ilegal de celulares, los especialistas proponen implementar medidas tecnológicas para bloquear las llamadas que se producen en las cárceles o inhibir el funcionamiento de los equipos móviles.

Una de las alternativas tecnológicas más recomendada por los expertos es la colocación de inhibidores de llamadas, debido a su rapidez de acción y bajos costos.

Francisco Posso, especialista en seguridad en telecomunicaciones, indicó que los jammers deben ser seleccionados según su área de acción, pues pueden afectar las comunicaciones a los urbanismos cercanos al centro penitenciario.


“Esta es una solución básica, pero no garantiza que, bajo amenaza o pago, los funcionarios penitenciarios apaguen el equipo por algunas horas. O que a través de un cable terrestre desde las afueras del perímetro carcelario puedan tener acceso a Internet. Se necesita voluntad gubernamental para que el dispositivo funcione”, aclaró Posso.
 
Intento fallido. De acuerdo con una fuente del ministerio penitenciario, este método se implementó el año pasado en las cárceles Rodeo I, Rodeo II y Rodeo III. Sin embargo, las comunidades cercanas manifestaron que sus aparatos celulares dejaron de funcionar, por lo que tuvieron que retirar los inhibidores de llamadas de los penales.

“Estos sistemas son muy utilizados en las embajadas. Sus costos son bastantes accesibles, deben estar cerca de 400.000 bolívares para los centros penitenciarios”, dijo el criminólogo, Fermín Mármol García.

Posso señaló que otra alternativa que no depende del factor humano para su funcionamiento es la creación de cárceles con paredes, techos y pisos aislantes, al estilo de las Jaulas de Faraday. “A través de materiales aislantes y diseño se puede acondicionar un espacio o construir la infraestructura de los nuevos penales a prueba de celulares y radiofrecuencias. Es el mismo principio, físico electromagnético que sucede en un túnel o ascensor en los que llega un punto en el que no es posible la comunicación. Este método es bastante costoso, pero evitaría por completo que salga o entre ninguna señal vía aérea desde las cárceles”, explicó.

Otra alternativa es utilizar los analizadores de espectro que permiten realizar un monitoreo en tiempo real de las señales de radiofrecuencia que hay en el perímetro del centro penitenciario, para identificar comunicaciones desde el centro de reclusión que pudiesen ser piratas.

“Conatel utiliza ese tipo de equipos para detectar emisoras de radio que no tienen aprobado ni negociado un espectro radioeléctrico. Con este método aplicado en las cárceles se pudiesen detectar radios, estilo walkie-talkie, redes cerradas de Internet Wi Fi u otro tipo de comunicación. Al detectar el tráfico de voz o datos se puede hablar con los proveedores de servicio y estos verifican que no tienen registrado tal actividad y se neutraliza la llamada”, dijo el experto en telecomunicaciones.
 
Desde adentro. Los presos comienzan la red de extorsión revisando los anuncios de venta de inmuebles u otros bienes en Internet, en los que se publica información de habitación, nombres y teléfonos. También ven los avisos de extravío de mascotas o personas desaparecidas. Con esa información rastrean a sus víctimas en redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram.

Según una fuente policial, esta fase de la operación puede realizarse en un día, entre dos o tres reos, lo que les permite investigar al mismo tiempo a cinco posibles víctimas. Al realizar la llamada, el preso hace preguntas de tanteo, como: “¿Está tal persona en la casa?, ¿cuánto va a tardar?”. “Prefieren que el interlocutor sea una persona psicológicamente débil, que no esté preparada para manejar esas situaciones, como las personas de la tercera edad”, subrayó el especialista.

El uso de un lenguaje agresivo y vulgar es característico de estos delitos telefónicos. Al tener suficiente información amenazan a las víctimas con atentar contra la vida de un familiar a cambio de una suma de dinero o de tarjetas telefónicas para celulares.

“De 10 víctimas, solo 3 pagan. Pueden pedir desde 30.000 hasta 300.000 bolívares, todo depende de la capacidad de envolver a la víctima”, dijo la fuente.

El pago en efectivo se hace a través de un depósito bancario y es retirado por un cómplice en otra entidad. “La cuenta bancaria en la que se realizó la transacción suele cancelarse poco tiempo después o dejan de usarla por un período de seis meses”, agregó.

Si la víctima denuncia a las autoridades, los funcionarios pueden tomar el número telefónico y a través de un software identifican el lugar de donde proviene la llamada. Inmediatamente se comunican con el proveedor y este corta el servicio. La cárcel con mayores registros de extorsiones es la Penitenciaria General de Venezuela en Guárico. “Si la persona denuncia luego del pago, con los datos de la cuenta bancaria, se puede detener a los cómplices. El año pasado hubo alrededor de 15 aprehendidos”, manifestó la fuente. 


Recobrar la autoridad Para el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, la restricción de llamadas desde los penales a través de dispositivos móviles va de la mano con retomar la autoridad en esos recintos.

“Tenemos que recobrar el control, no desalojar y cerrar cárceles. Mientras se coloca el bloqueador de llamadas también es necesario instalar teléfonos públicos que monitoreen las conversaciones de los reclusos”, dijo Prado.

En la misma línea, Fermín Mármol recomendó colocar teléfonos Cantv en las áreas administrativas del penal con restricciones de tiempo en las llamadas y un sistema de circuito cerrado de televisión.

Prado recordó que en el Centro de Detención Federal de Miami, en Estados Unidos, cada piso del retén tiene un teléfono fijo. El interno debe solicitar permiso a la autoridad penitenciaria y firmar una autorización en la que permite al Estado grabar la conversación. 


EL DATO En las requisas realizadas en tres de los penales clausurados por el Ministerio para Servicios Penitenciarios entre 2012 y 2013 (La Planta, Uribana, Sabaneta), los funcionarios incautaron 924 celulares, según boletines de prensa de la institución. De hecho, la propia ministra Iris Varela indicó en 2012 que "miles" de teléfonos celulares fueron retirados en los centros penitenciarios para ese momento.