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Refugiados en el exterior serían enjuiciados en ausencia

El penalista Alberto Arteaga señaló que esta figura no debería ser aplicada si desfavorece a los acusados

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Con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en julio de este año se abrió la posibilidad de que las personas sean enjuicidadas en ausencia, ya sea porque están en rebeldía ante los tribunales de justicia o porque salieron del país en virtud de la persecución política, como en los casos de los representantes de las entidades financieras intervenidas.

Así lo advirtió el abogado José Amalio Graterol, a propósito del inicio del debate oral por los supuestos delitos atribuidos a su cliente, la juez Maria Lourdes Afiuni, en el tribunal 17 de juicio a cargo de Marilda Ríos Hernández. En este caso, la acusada optó por no comparecer a la audiencia, aunque sí lo hizo el litigante.

Graterol señaló que Afiuni ha invocado el artículo 350 de la Constitución sobre la resistencia civil para no participar en el proceso en su contra por el delito de corrupción propia, con motivo de sus actuaciones en el juicio contra el banquero Eligio Cedeño.

“Ella ha señalado que no se someterá a jueces puestos a dedo, ni mucho menos con jueces que desde el momento en que fue privada de su libertad siguen ciegamente lo que dicta el Ejecutivo”, dijo el abogado.

Reforma con dedicatoria

El penalista y profesor de derecho Alberto Arteaga Sánchez indicó que con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, los juicios en ausencia desaparecieron. Antes de ese año eran aplicados en casos de salvaguarda del patrimonio público.

En la última reforma a la ley procesal, impuesta a través de un decreto ley de la Habilitante, nuevamente se abrió la posibilidad de juzgar a personas aunque no estén presentes.

Para eso, el juez debe tomar en consideración si la ausencia de la persona juzgada es reiterada o si fue fortuita. En el primero de los casos, la declara en contumacia y le asigna un abogado de oficio, si es que no lo tiene. Si la ausencia es fortuita, se pospone la audiencia.

“Hay actos del proceso penal en los que no es necesaria la presencia del imputado, pero hay otros en los que es imprescindible, pues hay un derecho a ser oído en todas las fases del proceso, que el Estado tiene que garantizar”, dijo Arteaga.

De acuerdo con el penalista, la nueva redacción del artículo 327 del Copp, “tenía una destinataria, que es la juez Afiuni”. Señaló que las normas procesales son de inmediata aplicación, pero en su criterio debería respetarse una de las disposiciones finales que establece que eso se hará en la medida en que no desfavorezca al acusado.

Indicó que este principio se ha mantenido a través de todas las reformas previas a ese código: “Cuando se trata de derechos que no son simplemente normas procedimentales, debe respetarse esta disposición, por lo cual no aplica lo del juicio en ausencia”.

Graterol aclaró que su participación en el inicio del debate oral tuvo la finalidad de impedir que el tribunal asignara de oficio a un abogado público. Igualmente, él podría rebatir los argumentos presentados por los acusadores, en virtud de que conoce el expediente.

Chávez fue rebelde

Arteaga y Graterol recordaron que el Presidente tuvo una actitud similar a la de Afiuni, pues siempre se negó a comparecer ante los tribunales que lo juzgarían por la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, lo que le permitió alargar el proceso hasta que Rafael Caldera llegó al poder y lo indultó.

“Cuando él estaba privado de libertad en la cárcel de Yare, generó varias cartas públicas y privadas en las que señaló que no se iba a someter a la justicia de entonces porque, según su criterio, respondía a los designios de Carlos Andrés Pérez”, dijo Graterol.

Los abogados recordaron que los presidentes Pérez y Caldera siempre respetaron la decisión del entonces teniente coronel de no someterse a los juzgados castrenses, y nunca plantearon que las leyes serían reformadas para aplicarlas contra sus opositores, menos aún a través de la obtención de poderes especiales.

Observaron que Chávez en cambio aprovechó una Habilitante que le otorgó el Parlamento, debido a la emergencia por las lluvias, para reformar la ley procesal penal por sexta vez desde que entró en vigencia en 2000 y sentenciar a las personas que ahora asumen una actitud de rebeldía ante los tribunales.

El Dato

Cuando entre en vigencia plena el nuevo Copp en enero de 2013, no sólo se podrá juzgar en ausencia a quienes estén fuera del país y sean declarados en contumacia, sino que podrán decomisar todos los bienes que tengan en el país, así como los de aquellos que sean considerados como sus allegados, como ocurre en casos contra la mafia en Italia.