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Recomiendan desalojo negociado de sede de colectivo en Cotiza

La antigua Comandancia General de la PM nunca fue traspasada a la Policía Nacional | Foto William Dumont

La antigua Comandancia General de la PM nunca fue traspasada a la Policía Nacional | Foto William Dumont

El grupo 5 de Marzo tiene el control de la instalación desde hace tres años. Sus voceros dicen que el gobierno debe contactarlos antes de ordenar la desocupación

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Hay una alabanza a la muerte en el acceso a la sede de la Comandancia General de la extinta Policía Metropolitana, en Cotiza. Está escrita —en cursivas, negras— sobre el muro de la garita de vigilancia. No tiene firma, solo es un viejo lema militar: “Los comandos nunca mueren… Y en cualquier lugar donde nos sorprenda la muerte, bienvenida sea…”.

La plasmó un militante del colectivo 5 de Marzo. No ocurrió antes de la toma de la instalación por el grupo,  sino después, cuando los miembros se apropiaron de ella. “Antes no se habría podido escribir. La institución era muy estricta”, dijo un ex sargento de la PM que ahora está sumado a las filas del 5 de Marzo.

La comandancia permanece ocupada desde 2011, luego de la liquidación de la PM. Entonces funcionarios que no habían sido reubicados en nuevos puestos de trabajo se quedaron en el lugar. Algunos tenían y aún tienen la compañía de sus familias. La situación representa un reto para el gobierno. Carmen Meléndez, ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ordenó el viernes recuperar infraestructuras del extinto cuerpo policial para patrullaje inteligente. La declaración fue su debut en el cargo.

Después de Miguel Rodríguez Torres —ministro que precedió a Meléndez hasta el 24 de octubre— nadie intentó intervenir en esos lugares. El allanamiento dirigido por el Sebin y la Policía Nacional, el 15 de septiembre de 2013, para recuperar la comandancia general de Cotiza fue fallido.

Aunque Rodríguez Torres aseguró que había incautado un arsenal en manos del 5 de Marzo y prometió instaurar el Instituto de Previsión Social para funcionarios policiales en la antigua sede principal de la PM, ninguno de los militantes del colectivo salió del sitio.

Uno de los miembros del 5 de Marzo, consultado para este trabajo, asegura que el gobierno no los ha contactado para el desalojo de la sede de la PM. Agrega que no cree que se nieguen a entregarla, pero solo si el Ejecutivo cumple con algunas condiciones.

Manos ajenas. El abogado Luis Izquiel, experto en temas de seguridad ciudadana, considera que recuperar la sede de la PM por asalto sería arriesgado. A su juicio, los módulos debieron ser traspasados inmediatamente a la Policía Nacional. “Nunca debieron estar en manos ajenas. Eso es una irregularidad que ahora quieren remendar. Esos espacios tuvieron que ser cedidos al nuevo cuerpo policial enseguida que se liquidó la PM. Si los colectivos no están en sintonía con el gobierno, será difícil que cedan los espacios”.

Izquiel dijo que si la entrega no es de mutuo acuerdo, podría ser conflictiva: “Una opción del gobierno es una negociación con el colectivo que ocupa la sede de la antigua PM para recuperar el espacio. De suceder eso, entonces habría una pregunta por contestar: ¿Qué se negociará?”, advirtió. Los miembros del grupo niegan que estén armados, pero el miércoles emitieron un comunicado en el que rechazan los planes de desarme gubernamental, lo que fue interpretado por muchos como una admisión tácita.

El trono de los ex PM. El uso de la instalación está claro. El colectivo ofreció una rueda de prensa el miércoles en el auditorio de la comandancia. Hace un mes veló allí a su líder, José Odreman, y a otro militante, Michael Contreras, ambos muertos el 7 de octubre en un allanamiento practicado por el Cicpc en Quinta Crespo.

El 5 de Marzo está integrado por algunos ex funcionarios del suprimido cuerpo policial; Odreman era uno de ellos. El grupo, además de retratarse con altos dirigentes del gobierno, se respalda en un acta convenio firmada el 12 de diciembre de 2011 entre Tareck el Aissami, entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, y voceros de la PM.

Los ex policías se comprometen a entregar los bienes del Estado una vez que el ministerio cumpla, entre otros aspectos, con la reubicación de 20 familias de ex funcionarios alojadas en la sede de Cotiza. En uno de los numerales se especifica que el ex director de la Policía Nacional, comisionado jefe Luis Fernández, fue designado para recibir la sede de Cotiza. Sin embargo, Fernández aseguró a El Nacional que nunca se la entregaron y dijo incluso que desconocía la existencia del documento.

El criminólogo Javier Gorriño, ex funcionario del Cicpc, afirma que uno de los obstáculos del gobierno para desalojar a los colectivos de la antigua sede principal de la PM es que en esa estructura hay familias damnificadas.

“No es fácil tomar esa sede porque hay niños y mujeres. Allí está la tranca de una toma fuerte realizada por equipos tácticos con estrategias alternativas como una toma aérea. La estructura de la comandancia general de la PM es difícil de penetrar. Varias personas que integran el colectivo trabajaron y viven allí. Además, tienen privilegios de ganancia al poseer equipos de disuasión y de transmisiones que tenía la PM. El desalojo se debió hacer mucho antes. A situaciones como estas hay que ponerles fechas topes”, dijo.

Gorriño considera que las armas en poder de ex funcionarios de la PM deben ser investigadas: “Allí hay responsabilidades penales. Se debería determinar si esas armas son del parque de la PM y se debe establecer cuántas son”.

La sede del 5 de Marzo es un sitio con rastros del antiguo cuerpo policial: el piso de una de las canchas techadas y algunas barreras metálicas que son utilizadas ahora por damnificados para tender ropa, aún conservan el logotipo de la extinta PM. Desde hace un mes, cuando los miembros de los colectivos se reúnen para debatir estrategias, retumba un nuevo lema: “Odreman vive, la lucha sigue”.   

Los ejes del poder
El colectivo 5 de Marzo controla en La Yaguara una invasión que alberga a 171 familias. Se encuentran en un terreno en la avenida principal de la zona. Un galpón visiblemente deteriorado es la fachada de lo que sus militantes llaman “eje”. Desde fuera contrastan las antenas de suscripción por cable con la parte superior de la estructura que tiene grietas y que, según informes de Protección Civil y los Bomberos del Distrito Capital, está en situación de riesgo.

Las paredes blancas de la invasión resaltan con un portón que fue pintado con la bandera de Venezuela y con marcas negras y rojas con el nombre del grupo que hasta el 7 de octubre lideró el sargento primero jubilado de la Policía Metropolitana José Odreman: Colectivo F5M.