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Reclusos de la cárcel de Coro acceden a desalojar el penal

En el centro de Coro algunos locales permanecen cerrados y 11 colegios suspendieron las actividades. La ciudad continúa militarizada / Archivo

En el centro de Coro algunos locales permanecen cerrados y 11 colegios suspendieron las actividades. La ciudad continúa militarizada / Archivo

Ayer en la tarde salieron 35 procesados para los retenes de Uribana, Tocuyito y Ciudad Penitenciaria

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Parte de la población carcelaria integrada por más 500 reclusos del penal de Coro, en Falcón, accedió a desalojarlo voluntariamente después de que la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, anunció que el recinto será clausurado. Así lo dio a conocer un procesado que se identificó como Ángel Villasmil, que aseguró ser uno de los que participaron en la negociación con las autoridades y negó tener ningún tipo de vínculo político con ninguna organización.

Ayer en la tarde salieron en traslado los primeros 35 presidiarios con destino a Uribana, en Lara, Tocuyito, en Carabobo y Ciudad Penitenciara, en Coro.

“En el transcurso de la semana saldremos todos, poco a poco. La condición que le pusimos a las autoridades fue que nos permitieran escoger el penal de destino porque la mayoría somos procesados e irnos muy lejos retrasaría más nuestros procesos”, explicó Villasmil a través de una llamada telefónica.

Advirtió que sólo hay un grupo de 50 que son quienes integran el “carro” del penal, que aún se encontrarían negociando las condiciones de sus traslados, con el botín y las armas que poseen.

Antes del mediodía los reclusos aún no se habían rendido y el diálogo estaba suspendido. Algunos denunciaron que les habían quitado la luz y el agua, y que no permitían que les pasaran alimentos aun cuando los familiares se mantenían alrededor del penal.

El centro de la ciudad de Coro se mantiene militarizado desde hace seis días, justo alrededor del penal y continuará así hasta que se termine el desalojo. Los habitantes de la capital pensaron que harían una toma del retén por lo que algunos comercios se mantuvieron cerrados y se suspendieron las clases de 11 colegios y liceos que están adyacentes a la cárcel.

Traslados voluntarios

Familiares que se encontraban a las afueras del penal, en el paseo Alameda en el que han improvisado carpas y zonas de pernoctas, denunciaron que algunos reclusos que salieron de manera voluntaria han sido maltratados.

Graciela González manifestó que a cinco de los trasladados el lunes les están golpeando en la zona de El Cebollal, poblado rural cercano a la penitenciaria de san Agustín, en la nacional Falcón-Zulia. Afirmó que la pareja de uno de los lesionados acudiría a la Defensoría del Pueblo y oficinas de Derechos Humanos en el estado para que les garanticen el derecho a la vida.

Eliberta Chirinos, madre de un joven sentenciado por homicidio a 16 años de prisión, pidió a las autoridades garantizar el derecho a la vida de los reclusos y que quienes son oriundos del estado queden en la entidad para continuar con sus procesos judiciales.

Ángel Villegas, padre de un procesado, aseguró que no tenía información del hijo, quien está preso desde hace cuatro años por drogas y manifestó preocupación por el retardo procesal.

“A mi hijo no le han hecho juicio y hemos entregado apelaciones hasta la saciedad, en las que se demuestra su inocencia y el juicio no ha iniciado”. Considera que el estado Falcón es una de las entidades del país con una alta morosidad, y casos de retardo procesal y falta de jueces.

Origen del conflicto

La militarización en la entidad la desencadenó la muerte de dos comerciantes en hechos aislados. Ambos fueron asesinados por sicarios que se desplazaban en motos.

El primer caso ocurrió el miércoles 10 de octubre en la mañana cuando Bruno Petit, de 54 años de edad, iba con su esposa a llevar al menor de sus hijos al colegio y recibió un tiro en la cara. Extraoficialmente se supo que supuestamente la víctima se negó a pagar vacuna y extorsión por parte de reclusos de la penal de Coro.

La segunda víctima fue Ricardo Fajardo, de 33 años de edad, ultimado luego de resistirse al atraco. El comerciante se encontraba en sus labores diarias dentro de su local de gomas.

Se pudo conocer extraoficialmente que supuestamente la gobernadora Stella Lugo hizo presión para que se investigaran ambos casos y se determinó que había presos de la cárcel de Coro implicados y fue cuando comenzó a gestionar el desalojo de ese centro penitenciario.

Sigue el problema

Carlos Nieto Palma, director de la Organización no Gubernamental Una Ventana a la Libertad, señaló que desalojar la cárcel de Coro no resuelve el conflicto pues considera que se estaría replicando lo que ocurrió con La Planta, en Caracas, de donde fueron sacados 1.693 reclusos para otros reclusorios, en mayo.

“Una vez más la ministra demuestra que es incompetente para solucionar los problemas y que no tiene autoridad. Sacar a los presos de un retén para otro sólo agrava la situación de hacinamiento y de violencia que hay en todos los penales del país. Esos procesados debieron ser trasladados a la Ciudad Penitenciaria de Coro, cuando se inauguró, pero el ministro Tareck el Aissami hizo una selección porque querían hacer una cárcel modelo y al final se quedaron los dos retenes con los mismos problemas. Sabemos que esos reclusos están armados y los problemas que eso traerá”, dijo Nieto.