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Proponen que intervenciones a cuerpos de seguridad no tengan tintes políticos

Las intervenciones de las policías municipales de Maturín y Chacao tienen tinte político, denunció Luis Izquiel | Foto: referencial

Las intervenciones de las policías municipales de Maturín y Chacao tienen tinte político, denunció Luis Izquiel | Foto: referencial

La Comisión de Política Interior de la AN se reunió con alcaldes y directores para plantear propuestas que enriquezcan el proyecto

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Ayer empezó la consulta pública de la Reforma de la Ley de Servicio Policial. Las comunidades, los sectores universitarios, comerciantes, empresarios, entre otros, podrán presentar propuestas en los próximos 60 días en aras de enriquecer el proyecto. Ayer participaron alcaldes del área metropolitana, altos mirandinos y de otras regiones del país; así como directivos de los cuerpos de seguridad que plantearon la suspensión de los procesos de intervención de las instituciones policiales.

Las autoridades coincidieron en que las intervenciones a las policías de Maturín y de Chacao tienen tinte político. “Estos procesos solo deben practicarse cuando se comprueben que las instituciones o sus funcionarios han incurrido en hechos de corrupción de forma reiterada”, dijo Luis Izquiel, presidente de la comisión técnica asesora de la reforma.

El alcalde de Maturín, Warner Jiménez, explicó que la policía municipal fue intervenida hace año y medio, y en vez de disminuir los índices delictivos en la región se han incrementado.

“Maturín figura como la quinta ciudad más peligrosa del país. Antes de la intervención se adquirieron 29 patrullas, motocicletas, pero actualmente solo hay 2 unidades para recorrer la jurisdicción”, dijo el mandatario.

También el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, refirió que las intervenciones son un ataque contra las alcaldías y abogó para que los gobiernos regionales y municipales tengan mayor autonomía en la administración de los recursos de los cuerpos de seguridad. La diputada Delsa Solórzano, quien preside la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, informó que el proyecto plantea la eliminación de las llamadas “zonas de paz”, aquellos territorios en los que no pueden ingresar los funcionarios policiales porque están bajo el dominio de las organizaciones delictivas.

También plantea la prohibición de que los funcionarios presten servicio como escoltas y la despolitización de los cuerpos de seguridad. Gerardo Blyde, alcalde de Baruta, planteó que la reforma debe incluir el tema del hacinamiento en las comisarías, pues estos centros no están diseñados para albergar más de 100 detenidos por largos períodos. Asimismo, propuso regular la creación de las policías municipales, pues no todas las alcaldías manejan los recursos suficientes para mantener un cuerpo de seguridad. Expresó la importancia de crear el Instituto de Previsión Social de la Policía que les dé posibilidades de obtener créditos para la compra de vivienda y becas para sus hijos.

Durante su intervención el alcalde de Carrizal, José Luis Rodríguez, propuso reforzar el control de armas asignadas a los funcionarios para evitar que entre los uniformados se las presten y las puedan usar en la comisión de hechos delictivos.