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Privado de libertad chofer de gandola por desvío de 26 toneladas de cemento de Gran Misión Vivienda

"El conductor de esta gandola está privado de libertad en la sede del Sebin, estamos haciendo la investigación directa de dónde venía, por qué estaba allí, realmente qué está haciendo en esa empresa, y por qué estaba desviado de la ruta original", señaló el jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) de Miranda, G/D Luis Rodríguez Molina

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Una gandola que trasladaba 26 toneladas de cemento fue retenida en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, como parte de la segunda fase de la Ofensiva Económica, informó el jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi) de Miranda, G/D Luis Rodríguez Molina.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, explicó que la unidad cargó el material en La Guaira, estado Vargas, con destino a Fuerte Tiuna, en Caracas, donde se desarrolla el programa social Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV); sin embargo, el conductor desvió su ruta hacia la población de Santa Teresa del Tuy, donde fue localizada cerca de una empresa mezcladora.

Rodríguez Molina dijo que los responsables incurrieron presuntamente en el delito de boicot e, incluso, de contrabando de extracción de bienes estratégicos para la nación, tipificados en el Ley Orgánica de Precios Justos, por lo que se procedió a la detención del chofer.

Por su parte, la directora de la superintendencia de Precios Justos en el estado Miranda, Euyoloskia Jaspe, señaló que el conductor de la unidad se encuentra detenido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

"El conductor de esta gandola está privado de libertad en la sede del Sebin, estamos haciendo la investigación directa de dónde venía, por qué estaba allí, realmente qué está haciendo en esa empresa, y por qué estaba desviado de la ruta original", señaló Jaspe.

Asimismo, detalló que en Miranda se han realizado 180 inspecciones y fiscalizaciones en el marco de la segunda Ofensiva Económica, donde se ha detectado usura y acaparamiento.

La ley vigente desde el pasado 23 de enero establece sanciones para 30 ilícitos entre sustantivos y genéricos, en el ámbito de las actividades económicas de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.

Destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años, de acuerdo con el delito cometido. Los más graves, como los de contrabando de extracción, boicot y desestabilización económica, tienen una pena de 14 años.