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Policías van en desventaja a la guerra contra el hampa

Foto Alex Delgado | Archivo El Nacional

Foto Alex Delgado | Archivo El Nacional

Delincuentes poseen armas de alta potencia que solo tiene la FANB, mientras que las policías solo pueden usar una escopeta por cada 10 funcionarios

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INSEGURIDAD En 2 semanas han ocurrido 4 ataques con granadas en la Gran Caracas

La delincuencia usa granadas y fusiles para atacar, armas que solo son de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mientras que las policías estadales y municipales solo pueden tener una escopeta por cada 10 funcionarios, por lo que se declaran en desigualdad. Los policías van en desventaja a la guerra contra el hampa y eso los ha convertido objetivo.

En lo que va de año han muerto en hechos violentos 21 policías, de los cuales 8 fueron asesinados para quitarles su arma de reglamento y, en 2 semanas se reportaron en la Gran Caracas por lo menos 7 arremetidas contra diferentes comisiones policiales en servicio, en 4 de las cuales se usaron granadas.

El comisionado agregado Rafael Graterol, titular de la división de Vigilancia y Patrullaje Vehicular del Centro de Coordinación Policial Número 7 de Polimiranda, explicó que desde hace un año y medio se ha hecho común que las bandas delictivas porten fusiles y granadas, pero en las últimas dos semanas los ataques con ese tipo de armas se han recrudecido.

El 4 de febrero en los Valles del Tuy, funcionarios en una alcabala de Policharallave dieron la voz de alto a un motorizado que iba con parrillero y ellos respondieron con una granada para escapar. Diez días después, tres funcionarios de Polimiranda sufrieron un ataque similar en la misma zona cuando intentaron detener a un motorizado. El martes 10 de febrero había ocurrido el segundo incidente a las 11:00 pm en la avenida Rómulo Gallegos, cuando funcionarios de Polisucre intentaron frustrar un secuestro y luego de un intercambio de disparos –de pistolas, en manos de policías, y fusiles Kalashnikov, portadas por los secuestradores– los delincuentes lanzaron el artefacto explosivo que causó el incendio de un carro e hirió a cuatro de los agentes. El 16 de febrero policías del mismo cuerpo fueron amenazados por miembros de la banda de alias Salserín con una granada. Al final del procedimiento, que reforzó la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc y en el que ultimaron a cinco presuntos delincuentes, el artefacto explotó e incendió parte de la vivienda del barrio José Félix Ribas de Petare donde se escondían los buscados. 

El 13 de febrero de 2011 se publicó la resolución 17530 en la cual el Ministerio de la Defensa limitó a las policías municipales y estadales el uso de escopetas, por lo que solo puede haber 1 por cada 10 funcionarios. Las armas de alta potencia quedaron restringidas al uso militar. 

Previo a esa resolución, a la Policía de Miranda le desincorporaron del parque 150 subametralladoras HK y otras 150 piezas, entre escopetas y armas cortas que supuestamente estaban fuera de uso. “No tenemos capacidad para responder a civiles que poseen fusiles y granadas”, sentenció Graterol.

En la Policía de Miranda, que tiene un déficit de 12.500 funcionarios, los mayores reportes de uso de armas largas y granadas por delincuentes se dan en los Valles del Tuy, como evidencian los ataques sufridos por los agentes de Policharallave y Polimiranda este mes.

La cárcel como fuente. El comisionado agregado Iván Vivas, jefe del Centro de Coordinación Policías número 5 de Polimiranda, explicó que en el municipio San Francisco de Yare, casualmente donde se encuentran las cárceles Yare I y Yare II, es donde se ha incautado con más regularidad este tipo de armamento que solo debería poseer la FANB. En todos los hechos los artefactos explosivos que han recolectado son hechos la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, Cavim.

En Polimiranda presumen, por la cercanía de los lugares, que los delincuentes obtienen los artefactos explosivos en los centros penitenciarios de Yare o en el Fuerte Guaicaipuro, pero aún no han hecho investigaciones. Según fuentes del organismo policial, las granadas tienen un costo de entre 10.000 y 15.000 bolívares en el mercado negro, mientras que las pistolas pueden costar hasta 120.000 bolívares. La prohibición de la venta e importación de piezas en armerías, que rige desde 2013 a raíz de la ley de desarme, restringió el acceso a armas. 

En Venezuela se importaban granadas de Colombia, Brasil y Estados Unidos, pero la policía asegura que ahora se fabrican en Cavim. Rocío San Miguel, director de la ONG Control Ciudadano, explicó que desde hace siete años no se registran las adquisiciones de estos artefactos explosivos en documentos oficiales por lo que presume que las que circulan son de producción nacional.

El general retirado Gonzalo García Ordoñez, exjefe del Comando Unificado de la FANB, señaló que las autoridades militares deben pronunciarse sobre hechos delictivos que involucran armas de guerra. “El control exclusivo de este armamento es de FANB, por lo que deben decir por qué la delincuencia tiene ese tipo de armas en la mano, bien sea por el robo en arsenales o por otras vías esté llegando a la calle”, puntualizó García.

Matar policías por prestigio

El año pasado fueron asesinados 132 funcionarios policiales o militares, una cifra que ha venido en ascenso desde 2011. En la mayoría de los casos, el robo del arma de reglamento ha sido el móvil de los homicidios, pues los policías se convirtieron en blanco del hampa en busca de pistolas. 

Para el abogado abogado y criminólogo Luis Izquiel, los delincuentes toman como un punto de honor matar policías: “Hay delincuentes que ganan prestigio a través del asesinato de policías. Y este gobierno desarmó a los cuerpos de seguridad y ahora combaten el crimen en condiciones desiguales. Ellos tienen fusiles y granadas y la policía solo puede usar pistolas 9 mm y una escopeta calibre 12 por cada 10 funcionarios”.

En octubre del año pasado, el presidente Nicolás Maduro creó una comisión para reformar las policías luego de los intentos de 2006 y 2008, y designó al diputado Freddy Bernal para dirigir las políticas. Entre las acciones de este órganos se han intervenidos varios cuerpos policiales, pero hasta ahora no se han anunciado acciones para frenar las bajas de funcionarios a manos del hampa. Desde que Bernal está al frente de esta reforma, han asesinado a 41 oficiales.

La ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, no se ha pronunciado sobre el incremento de las muertes de policías, que este año suman 21 en apenas un mes y medio. Sin embargo, el 13 de febrero de este año llegó un comunicado a todas las policías estadales y municipales con la firma del viceministro del Sistema Integrado de Policía, Guiseppe Cacioppo. El texto, que reconoce el problema, señala: "Los funcionarios y funcionarias a nivel operacional (oficial, oficial agregado y oficial jefe) que concluyan su jornada laboral deben entregar su arma de reglamento en el parque de armas del cuerpo de policía. En tal sentido, se exhorta a los directores y directoras a dar estricto cumplimiento a la presente medida en función de preservar la vida de los funcionarios y funcionarias policiales, ya que las estadísticas a nivel nacional presentan como principal móvil de muerte el robo del arma de fuego”. El comunicado quedó anulado el 19 de febrero, seis días después, sin dar explicaciones.

En Polimiranda han adoptado medidas para tratar de reducir el riesgo al que se exponen sus agentes. El comisionado Iván Vivas explicó que decidieron que los funcionarios deben salir en grupos de cuatro, siempre juntos, y no en pareja como lo hacían antes, deben usar chaleco antibalas todo el día y pedir refuerzos al BAE del Cicpc y policías municipales en procedimientos de alto riesgo.

15.000 bolívares puede costar una granada en el mercado negro, según fuentes policiales 

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armas habían sido robadas en parques policiales y militares hasta noviembre de 2014

iherrera@el-nacional.com