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Piden expulsión de Yonny Bolívar para acelerar traslado a Venezuela

Ricardo Sánchez, que coordina las investigaciones por el homicidio de Adriana Urquiola desde el Parlamento, dijo que la extradición tomaría más tiempo

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Tareck William Saab, defensor del Pueblo, señaló que el gobierno espera que Yonny Bolívar, presunto asesino de Adriana Urquiola, sea trasladado a Venezuela y sancionado de manera “ejemplar”.

“Con la captura de este hombre se demuestra que el Estado de Derecho funciona. Esperamos que eso ocurra con todos los casos. Se trabajó en conjunto con la Interpol para lograr la captura de este sujeto”, expresó.

Agregó que el paradero de Bolívar era conocido por las autoridades, pero no podía revelarse. El diputado Ricardo Sánchez, que coordina las investigaciones desde la Asamblea Nacional, dijo que lo más pertinente en el caso de Bolívar es la expulsión de Colombia, como fórmula que permite la repatriación, lo más pronto posible, antes que un trámite judicial tan largo como es la extradición. Señaló que el siguiente paso como corresponde en los acuerdos y tratados internacionales que regulan la materia es que en los primeros cinco días, contados a partir de la captura, la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Publico envíe a través de la Cancillería venezolana una nota diplomática a las autoridades colombianas, con la finalidad de que pueda coordinarse la expulsión de este delincuente del territorio colombiano.

Sánchez indicó que la expulsión se facilitaría porque Yonny Bolívar violó varias de las causales de las leyes colombianas que establecen que será expulsado del territorio del vecino país todo extranjero que este documentado fraudulentamente y todo aquel que atente contra la seguridad nacional.

El parlamentario explicó que la otra alternativa para lograr la repatriación de Bolívar es solicitar el inicio del proceso de extradición, pero eso podría retrasar su llegada a Venezuela —entre 12 y 15 meses—, dependiendo de cómo él afronte el caso, como ocurrió en el caso de alias “el Colombia”, cuyo proceso de entrega a las autoridades venezolanas demoró casi un año.