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Pesquisa sobre redes de Daniel Barrera incluye a 30 personas en el país

 Autoridades tardaron 57 días en deportar al narcotraficante colombiano Daniel Barrera / Omar Véliz

Autoridades tardaron 57 días en deportar al narcotraficante colombiano Daniel Barrera / Omar Véliz

También fueron deportados Jorge Milton Cifuentes, alias “JJ”, y el supuesto mercenario Eduardo Acosta Mejías

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Luego de casi dos meses de espera, el Gobierno deportó a Daniel Barrera Barrera, alias “el Loco”, señalado como uno de los traficantes de drogas más importantes actualmente.

El colombiano de 43 años de edad fue entregado a una comisión de la policía nacional de su país en el aeropuerto de Maiquetía. Estaba pasado de kilos y tenía barba. Abajo del chaleco antibalas vestía una franela azul y un jean del mismo color. Los botines no tenían trenzas, por precaución.

Junto a él también fueron expulsados del país Jorge Milton Cifuentes, alias “JJ”, de 47 años de edad, señalado como uno de los líderes de la organización de sicarios conocida como la Oficina de Envigado. Era además un operador en Venezuela del cartel de Sinaloa, organización liderada por Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”. Lo apresaron en Anzoátegui el 9 de noviembre. En su caso, el papeleo de la deportación sólo duró cinco días.

En el mismo avión, siglas PNC-237, fue enviado Eduardo Acosta Mejías, un dominicano nacionalizado estadounidense, de 30 años de edad, que según el ministro de Relaciones Interiores, general de brigada Néstor Reverol, tenía “perfil de mercenario”. Acosta fue escolta de traficantes de drogas en Colombia y por eso lo requerían.

Aliado de las FARC

Reverol aseguró que el traslado de Barrera a Colombia no paralizará las investigaciones relacionadas con las redes del traficante en los estados Barinas, Apure, Táchira, Portuguesa y en el Distrito Capital.

Once personas han sido detenidas por estas pesquisas, entre las que figura Gabriela Fernández, ex miss Zulia 2008. Hay además 30 individuos sometidos a investigación.

Reverol señaló que los bienes incautados como consecuencia de esta pesquisa fueron valorados en 143 millones de bolívares, e incluyen 7 fincas, 3 galpones industriales, 2 granjas, 16 apartamentos, 17 casas, 48 vehículos terrestres, una avioneta, una lancha, 19 oficinas, 4 posadas y 2 sociedades anónimas.

Barrera se encontraba en Venezuela desde 2008. Tenía un pasaporte con el nombre de José Tomás Ipami. Las autoridades colombianas lo señalaron como uno de los principales responsables del “puente aéreo” de la droga hacia países del Caribe y América Central.

En diciembre de 2010, el Departamento del Tesoro incluyó a Barrera en la lista Clinton de “narcotraficantes especialmente designados”, junto a Pedro Oliveiro Gerrero, alias “Cuchillo”, porque ambos “mantienen una relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.

A pesar de sus orígenes ligados al paramilitarismo, Barrera había llegado a acuerdos operativos para el traslado de drogas desde territorios dominados por las FARC entre el departamento de Arauca y el estado Apure. En octubre, una comisión de la policía judicial allanó una de las fincas supuestamente utilizadas por este grupo, en la frontera con Colombia. Al conocerse de su captura, el gobierno estadounidense solicitó su extradición en Colombia.

En EEUU hay varios expedientes contra Barrera. En septiembre de 2011, por ejemplo, los fiscales del Distrito Sur de Florida lo acusaron de tráfico de drogas junto al clan de Los Gorditos. Esta fue la primera iniciativa judicial en ese país contra las llamadas “bandas criminales emergentes” o bacrim.

El Dato

En su vuelo desde Bogotá, la Policía Nacional de Colombia trajo al país a tres venezolanos solicitados: Ciro Prado e Irma Parada Caballero –supuestos responsables del alijo de 1,2 toneladas de cocaína hallado en una quinta de Alto Prado en diciembre de 2010– y Miguel Partidas Morell –supuesto asesino del fiscal antidrogas Carlos Lugo–. La Fiscalía indicó que el crimen fue ordenado por Jesús Rafael Morillo, evadido de Vista Hermosa.

57 días incomunicado

El apoderado legal de Daniel Barrera en Venezuela, abogado Rafael Quiñónez, señaló que su cliente estuvo incomunicado en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia durante 57 días.

Dijo haber asumido la defensa por solicitud de la mamá del detenido, que lo llamó para que constatara los rumores sobre la muerte de su hijo.

El 19 de septiembre intentó entrar al cuerpo de inteligencia por primera vez, pero no pudo, así como en ninguna otra oportunidad. “Siempre me decían que no había visita”, señaló.

Luego planteó un hábeas corpus, pero fue desestimado por el juzgado 36 de control de Caracas con el argumento de que Barrera estaba en un procedimiento de deportación.

Quiñónez indicó que en este caso fue violentado el derecho a la defensa. Por esto hizo denuncias ante la Procuraduría de Colombia y la Defensoría del Pueblo.

El abogado negó que Barrera tuviese bienes a su nombre en el país.