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Ordenan en el Cicpc desarmar a empleados administrativos

Las pistolas serán entregadas a funcionarios que deban salir de comisión a la calle, indicó el director del organismo

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El comisario general José Gregorio Sierralta, director de la policía judicial, ordenó que todo el personal administrativo de esa organización sea despojado de sus armas de fuego.

La orden correspondiente fue emitida el jueves mediante una circular enviada a todas las oficinas. Según el documento, los jefes de despachos en todo el país deberán “retirar el arma de fuego de aquellos funcionarios policiales que cumplan funciones netamente administrativas, que no compaginen con la actividad policial”. Eso abarca a secretarios, archivistas, transcriptores de datos y recepcionistas.

El retiro del arma anteriormente asignada deberá hacerse “previo informe motivado”, en el que se indiquen las razones de la decisión en cada caso. Luego el arma deberá ser enviada a la División de Dotaciones Policiales, en la que se decidirá su reasignación “a otro funcionario que sí cumple funciones operativas”.

El documento suscrito por Sierralta exhorta a tomar estas decisiones “con la mayor responsabilidad y objetividad”.

Fuentes del organismo indicaron que la incorporación de nuevos agentes y la paralización en la adquisición de pistolas han ocasionado un déficit en la dotación al personal operativo.

Anteriormente, por razones de seguridad, se había ordenado que los funcionarios con menos de cinco años de servicio entregaran sus armas reglamentarias al finalizar la jornada laboral. Se consideraba que de esa forma se restaba un atractivo para que los delincuentes atacaran a los funcionarios mientras se encontraban francos de servicio. Pero las pistolas continuaban asignadas a la misma persona.

Hurto de armas. Cuatro soldados del Ejército fueron detenidos por el supuesto hurto de 41 armas que permanecían guardadas en el polvorín del fuerte Paramacay en Monagas.

Fueron privados de libertad Ángelo Pérez, Gustavo Reyes, Nixi Ramos y José Henríquez, todos adscritos a la referida unidad castrense.

La denuncia correspondiente fue consignada el miércoles por el coronel del Ejército Ángel Luis Ballestero, quien solicitó el traslado de una comisión policial a la sede de la Brigada 32 Caribe de la referida instalación militar, en la que está un depósito de la Dirección de Armamento.

Las armas sustraídas habían sido decomisadas en distintos procedimientos y estaban en custodia durante la fase previa a su destrucción.

De las armas sustraídas solamente fueron recuperados dos revólveres e igual número de pistolas, que permanecían escondidas en una vivienda de dos civiles cómplices. Los funcionarios fueron interrogados y simultáneamente se inspeccionaron los medios de protección del almacén de armas. Las cerraduras no fueron violentadas.