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Operativo en la Cota 905 incumplió normas de la ONU

La toma del barrio Las Quintas molestó a los vecinos que denunciaron abusos policiales | Foto Cortesía @Melaniobar

La toma del barrio Las Quintas molestó a los vecinos que denunciaron abusos policiales | Foto Cortesía @Melaniobar

Ex integrantes de la Conarepol consideran necesaria la creación de un manual de procedimientos

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José Méndez es el nombre ficticio de un adolescente de 15 años de edad que el lunes 13 de julio a las 5:50 am, cuando se desplazaba en una camioneta de transporte público hacia San Agustín del Sur, fue detenido en el barrio Las Quintas, en la Cota 905, durante el procedimiento conjunto, civil y militar, denominado Operativo de Liberación del Pueblo que 200 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional, del Cicpc y del Sebin realizaron por primera vez en cuatro puntos del país. El objetivo era dar con Carlos Luis Revete, alias "el Coqui", uno de los principales líderes de las bandas delictivas que allí operan. 

"Los funcionarios se montaron en la camioneta y separaron a las mujeres de los hombres y jóvenes. A ellas las dejaron libres, pero a nosotros nos taparon el rostro. Primero me pusieron el morral en la cara y luego me subieron la franela para que no viera nada. Me dieron un golpe en el abdomen y me pegaron con un tubo o un palo en la cabeza. Después de estar casi seis horas en el Sebin, de El Helicoide, me trasladaron al Destacamento 43 de la GNB, en El Paraíso", relató. 

El joven, que quedó en libertad ese día, pasadas las 9:00 de la noche, es una de las 134 personas que fueron detenidas durante la inédita operación conjunta que desde las 4:00 am hasta las 9:30 am se ejecutó sin presencia de fiscales ni órdenes judiciales. Con tanquetas, armas largas, motocicletas y camionetas pick up los funcionarios irrumpieron en la zona, restringieron los accesos y cruzaron los anillos de seguridad de las bandas ubicados en los barrios Moscú, Las Brisas y El Naranjal para llegar al centro de operaciones de cuatro grupos criminales ubicados en el sector Las Quintas. 

Mientras que inicialmente algunos sectores de la población aplaudieron la acción policial en uno de los barrios de mayor peligrosidad de Caracas y considerada "zona de paz" por bandas criminales de El Valle y de El Cementerio, especialistas en seguridad ciudadana cuestionan el exceso de la fuerza física desplegada en el operativo que dejó a 16 personas muertas, señaladas como delincuentes por las autoridades, sin que el Estado haya informado las circunstancias de esas muertes ni haya explicado a qué parámetros respondió la actuación policial. 

"No existe un manual de procedimientos en el país para operaciones conjuntas entre cuerpos de seguridad civiles y militares en el que se indique cuáles normativas deben tener en cuenta los funcionarios actuantes en un operativo con las características similares a la incursión que el Estado realizó el 13 de julio en la Cota 905", coincidieron ex integrantes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial. 

Una fuente consultada explicó que desde 2006 en la Conarepol hubo críticas a las actuaciones policiales en las que se suponía hubo exceso de la fuerza pública. En 2009 hubo intenciones de definir los espacios de policías y de militares en operaciones conjuntas, como control de manifestaciones, pero no se ha logrado crear un manual. "No está claro cuáles son las funciones de los militares ni de la policía", dijo. 

Para Provea, ONG en derechos humanos, las características del llamado OLP sugieren un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales por parte de la fuerza pública. "El OLP abre las puertas a la legitimación de las ejecuciones policiales que solo en 2014 cobraron la vida de 184 personas, la mayoría de ellas a manos de cuerpos de seguridad como el Cicpc y la PNB", señaló en un comunicado. 


Dos visiones, una realidad. Ángel Salazar, habitante del barrio 21 de julio, considera que el operativo fue acertado: "Yo he sentido la protección del gobierno. 

El Estado está desarrollando una serie de políticas para garantizar la paz de los ciudadanos, y la presencia de la GNB en el barrio era necesaria". 

El testimonio de Salazar contrasta con el de los familiares de Edison José Alcalá, de 21 años de edad, que aseguran que vecinos de la Cota 905 vieron ese lunes cómo el hombre fue detenido en el barrio El Naranjal y posteriormente apareció muerto en la morgue de Bello Monte, en donde funcionarios de la PNB negaron a los periodistas el acceso a familiares de los fallecidos. 

Jesús Ollarves, ex juez superior penal, considera determinante que en un corto plazo se conozca qué funcionarios actuaron en el procedimiento: "En un acta policial tiene que constar quiénes dieron muerte a esas personas y en qué lugar para verificar si estamos en presencia de ejecuciones extrajudiciales o frente a una legítima defensa y cumplimiento del deber por parte del Estado. 

El estándar básico es la transparencia y el acceso a la información estatal. Se deben aplicar los principios del Protocolo de Estambul y hacer la lectura del examen médico legal de esos muertos para verificar si los disparos fueron a quema ropa o a distancia". 

Para Liliana Ortega, coordinadora general de Cofavic, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deben abrir investigaciones de oficio sin prejuicios para determinar si hubo exceso policial en el operativo. 

"Hay principios y estándares de las Naciones Unidas que indican que los funcionarios no pueden hacer allanamientos sin órdenes, ni pueden actuar en operativos con pasamontañas, como ocurrió en la Cota 905. El Estado tiene que combatir el crimen bajo el respeto de los derechos humanos. Eso es lo que lo diferencia de los criminales", señaló.