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Obligaron a GNB a devolver evidencias de extorsión

Agentes de Inepol tuvieron que ser liberados por los militares luego de ser apresados cuando cobraban 30.000 bolívares

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Una tensa situación se presentó el domingo entre funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la policía neoespartana en medio de las pesquisas sobre una supuesta extorsión a una pareja de comerciantes margariteños.

Informes elaborados por la GNB indican que los problemas comenzaron el sábado en la tarde cuando una comisión del Centro de Coordinación Policial Punta de Piedra decomisó 77 cajas de cerveza en una “inspección” al Centro Social Colombo-Venezolano de Guayacán.

Los representantes del local, un hombre y una mujer, se trasladaron a la sede policial para pedir explicaciones sobre el procedimiento. Allí un oficial de apellido Jiménez, que supuestamente estaba a cargo del despacho policial, les dijo que para devolverles las cajas de cerveza tenían que cancelar 30.000 bolívares antes de las 11:00 pm.

Los afectados acudieron a un fiscal auxiliar de la isla. Gracias a él pudieron contactar a otro representante del Ministerio Público, abogado Robert Mendoza, quien los refirió al GAES de Nueva Esparta.

Los comerciantes y un testigo se trasladaron a la hora acordada a la plaza de Punta de Piedras para entregar el dinero. Allí, dos uniformados de la policía estatal se acercaron al vehículo para apoderarse de la plata. Cuando se retiraban, los agentes fueron detenidos por el GAES. En ese momento estuvieron a punto de enfrentarse a tiros, pero depusieron las armas. Los detenidos se identificaron como los oficiales de policía Randy Soto y Jean Carlos Ferrer.

De repente, llegaron 22 patrullas del cuerpo neoespartano adscritas a varios municipios y cercaron a los militares. La evidente superioridad numérica de los policías disuadió a los guardias de utilizar sus armas.

El domingo a las 2:00 am llegó el coronel de la GNB Marlon Dulcey Parada, director del cuerpo policial, quien supuestamente advirtió a los militares que “no era recomendable” llevarse a los policías, toda vez que eso podría ocasionar una “reacción violenta”.

El coronel además ofreció “hacer coordinaciones” con el Ministerio Público para tramitar ese caso por la vía ordinaria, aunque se trataba de una detención en flagrancia. Poco después los funcionarios del GAES entregaron al director policial las armas y la evidencia incautadas en el procedimiento. El caso quedó impune.