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ONG coinciden en que lo ocurrido en Uribana fue una masacre

Masacre en Uribana luego de requisa | Foto: Cortesía El Informador

Masacre en Uribana luego de requisa | Foto: Cortesía El Informador

Defensores de derechos humanos aseguran que agotarán las instancias nacionales antes de denunciar al Estado venezolano

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A 16 días de la intervención militar en el Centro Penitenciario de la Región Centrooccidental, el Ministerio Público no ha fijado posición en relación con la muerte de los 59 reclusos, el pastor evangélico y el guardia nacional. Defensores de derechos humanos aseguran que agotarán las instancias nacionales antes de denunciar al Estado venezolano

La responsabilidad de Iris Varela

Por los momentos, Provea no tiene previsto ejercer ninguna acción ni en Venezuela ni en instancias internacionales relacionadas con la masacre ocurrida el 25 de enero en el Centro Penitenciario de la Región Centrooccidental, conocido como la cárcel de Uribana.

"Es prematuro actuar en instancias internacionales porque todo está muy reciente. Debe hacerse todo el esfuerzo porque la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional deben hacer su trabajo y darle respuesta a la población, para que historias como esta no se vuelvan a repetir. El caso de Uribana no puede quedar como un hecho en el que la ministra ­Iris Varela­ no tiene ninguna responsabilidad. Aquí todo apunta a que hubo una masacre y hay responsables. No pueden ser solamente los que tienen bajos rangos los que paguen porque desde el punto de vista administrativo alguien dio las órdenes, y lo que pasó ha demostrado un enorme fracaso de su gestión", dijo Marino Alvarado, director de la organización.

Señaló que es primordial que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y que se establezcan responsabilidades individuales.

Aunque Alvarado hizo la advertencia de que el área penitenciaria no es su campo de acción, como ONG dedicada a la defensa de derechos humanos aprovechó la oportunidad para hacer algunas consideraciones en relación con lo que ocurrió en el penal larense hace dos semanas.

Considera que la primera acción que debería ejercer la Defensoría del Pueblo sería solicitar al Ejecutivo la destitución de la ministra del Servicio Penitenciario para dar garantías de que se hará una investigación transparente.

"La ministra Iris Varela se puede convertir en un obstáculo y ella, por dignidad, debería renunciar a su cargo. Debió hacerlo el mismo día de los hechos. El cargo le ha quedado grande. En este caso existe una triple responsabilidad del Estado, por omisión, porque esos presos tenían medidas de protección de la CIDH y por violar la Constitución", dijo.

Similitud con lo que pasó en el retén de Catia

Lo que ocurrió el 25 de enero en la cárcel de Uribana es un hecho completamente comparable con lo que sucedió el 27 de noviembre de 1992 en el retén de Catia, cuando la Guardia Nacional dejó que los presos se escaparan para después perseguirlos y matarlos, señaló la directora general de la organización no gubernamental Cofavic, Liliana Ortega.

Señaló que el Estado venezolano debe responder por lo ocurrido: "La Sentencia de la Corte Interamericana sobre lo que pasó en el retén de Catia era una hoja de ruta que le decía al Estado cómo debía actuar y no se ha cumplido. No hay nadie condenado por estos acontecimientos. 21 años después la historia se repite con los mismos patrones de hacinamiento, retardo procesal, condiciones infrahumanas y la impunidad, además de la falta de políticas para abordar esos hechos de manera consecuente con los estándares internacionales".

Ortega indicó que a pesar de que la cárcel de Uribana es una de las nueve prisiones venezolanas que cuenta con medidas de protección del Sistema Interamericano, se debe procurar que el sistema de administración de justicia venezolano haga una investigación y establezca responsabilidades por la muerte de los 59 reclusos en la cárcel larense.

"Está muy mal que sea el Ministerio del Servicio Penitenciario el que dirija la línea de investigación. Deben hacerlo los operadores de justicia, sin prejuicios.

No puede ser una investigación tutelada por el Poder Ejecutivo para que se garantice que se llegará a la verdad de los hechos", dijo Ortega.

La directora de la ONG considera que las cifras de los informes de gestión del Ministerio Público demuestran que no hay posibilidades reales de que se investigue esta masacre: "Ni siquiera 3% de los casos recibidos en Fiscalía llega a juicio. Por lo tanto, las posibilidades reales de que un caso de violación de derechos humanos, como lo que ocurrió en Uribana, se investigue y se establezcan responsabilidades son muy remotas".

Se puede acudir a la CIDH hasta septiembre

El coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, señaló que después de lo ocurrido en la cárcel de Uribana su organización solicitó ante el Ministerio Público que se realizara una investigación transparente y notificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la consignación del mismo escrito que llevó a la Fiscalía.

"Hicimos todo lo que se puede hacer en el país. Notificamos a las instancias internacionales y podremos seguir actuando en la CIDH hasta septiembre de 2013, cuando se vence el lapso para la separación de Venezuela del organismo. Evaluamos ir a la Organización de Estados Americanos, al Comité de Tortura porque Uribana tenía medidas de protección y jamás fueron cumplidas por el Estado venezolano", dijo Nieto Palma.

El vocero de la ONG recordó que en el caso del retén de Catia, el Estado venezolano aún no ha cumplido por completo con la reparación a los familiares de las víctimas, a pesar de que transcurrieron 21 años y existe una sentencia de la Corte Interamericana en la cual se le decía exactamente al Gobierno cómo debían resarcir lo ocurrido.

"Actuamos de la misma manera que lo hicimos cuando el caso de Rodeo en 2011, La Planta en 2012 y muchos otros conflictos que han ocurrido en las cárceles venezolanas, agotando primero las instancias nacionales y notificando a las internacionales para que estén prevenidos sobre la situación del país. No hemos tenido respuestas y tampoco tenemos esperanza de que se establezcan las responsabilidades en este caso porque no se ha hecho nada en ninguno de los hechos anteriores que han sido denunciados. El vicepresidente Nicolás Maduro ordenó que se hiciera la investigación, pero aún hay personas sin identificar porque no se sabía ni siquiera quiénes estaban presos en Uribana. Ese simple hecho es una muestra del descontrol que tiene el Gobierno en cuanto a los reclusos venezolanos", señaló Nieto.

Fue una matanza anunciada

En el Observatorio Venezolano de Violencia trabajan en el acompañamiento de los familiares de los reclusos que perdieron la vida en la incursión militar del 25 de enero y de los presos que, según la organización, no aparecen, señaló Marianela Sánchez, vocera de la ONG.

"El problema de Uribana fue que desde noviembre se hicieron las amenazas.

Nosotros los ayudamos a organizarse en las mesas de trabajo con las autoridades para que se llegara al diálogo y se hiciera la requisa. Eso fue una masacre anunciada. Fue un show. Nosotros apoyamos que el Estado debe tener el control de la población reclusa del país, pero ellos tienen la culpa de que existan autogobiernos dentro de las cárceles porque en los últimos 14 años el sistema de corrupción y de violencia se agudizó, la población reclusa se fue armando y no pasó nada.

Por eso ocurrió lo de Uribana y por eso seguirán pasando este tipo de casos", dijo Sánchez.

La vocera de la ONG informó que desde noviembre ellos enviaron informes a la CIDH para advertir lo que se preparaba en Uribana y que después de lo ocurrido en enero la Corte fue notificada.

Además, se le envió una lista con los nombres de algunos de los reclusos que no aparecen entre los fallecidos, trasladados o heridos.

"Lo que hacemos es un trabajo bien arduo porque hay familiares que esperan que uno les diga qué hacer. En el país en que vivimos no se puede contar ni con un amparo constitucional porque no los responden con la celeridad que se requiere.

Estamos enfocados en el apoyo del familiar, que es el pilar fundamental para que cambie la violencia dentro de las cárceles. Nosotros agotamos las instancias nacionales, se le pide al Ministerio Público que investigue sobre traslados y condiciones de reclusión, hemos solicitado reuniones con la ministra Iris Varela, pero no nos hacen caso y lo único que recibimos de la Fiscalía son respuestas tardías", dijo la representante del OVP.