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OLP: un plan que comenzó antes de lo anunciado

Funcionarios de la PNB | Foto Óscar Hernández

Funcionarios de la PNB | Foto Óscar Hernández

La militarización de los sectores populares en Caracas fue la apuesta del gobierno nacional para enfrentar a las bandas criminales distribuidas en el país

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La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) fue lanzada oficialmente en el segundo semestre de 2015, pero en realidad sus cimientos se levantaron antes. La Policía Nacional Bolivariana ya había participado en procedimientos pilotos, conjuntamente con otros organismos, para combatir a entes paramilitares y los delincuentes más buscados del territorio nacional.

“La OLP en realidad inició en enero de 2015, no en julio, y nadie lo sabía”, expresó un funcionario activo de la PNB, que prefirió mantenerse en el anonimato. “Yo fui una de las primeras personas que participó. No le habían colocado nombre; no había salido al público”, dijo.

De acuerdo con el efectivo, agentes de la PNB son los pioneros en estos procedimientos y sus resultados dieron paso a algo más grande. “Se creó la brigada motorizada, entre los entes policiales y empezamos con patrullaje en los barrios, cerros, callejones, escaleras. El gobierno ve que resulta y crea entonces las OLP y unen los organismos”, explicó.


Pantaneros: de nuevo al ruedo

Estas redadas policiales que iniciaron previo al lanzamiento de las OLP motivaron a que integrantes de una de las más polémicas fuerzas policiales saliera "al ruedo”. Los Pantaneros de la extinta Policía Metropolitana (PM) acompañaron a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en las tomas de las zonas populares.

Las prácticas asociadas a este grupo estaban vinculadas con violaciones a los derechos humanos. La frase “plomo al hampa” podía describir a esta organización. Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales y siembra de evidencia eran características habituales que definían a esta rama de la PM en sus tiempos de servicio.

En sus operativos o “madrugonazos” victimizaban a los habitantes de las zonas populares. Desde enero de 2015 volvieron de nuevo a las calles, pero esta vez bajo nuevas órdenes: en busca de un pez gordo.

“El Picure” impulsó acciones

A inicios de 2015, los rumores de que presuntos miembros de la organización criminal de “El Picure” se encontraban infiltrados en La Vega y sectores de la carretera Panamericana se convirtieron en realidad.

Los criminales se mantenían fuertemente armados y evitaban que funcionarios policiales entraran a estas zonas. Fue allí cuando inició la brigada, el patrullaje y las redadas recurrentes en esas zona. 

El 26 de enero de este año, al menos 500 funcionarios se desplegaron en el barrio Metropolitano II de la Panamericana y en La Vega. Al parecer, integrantes de la banda liderada por el fallecido José Antonio Tovar Colina iniciaron operaciones en esos sectores debidos a las bajas en el interior del país. Los antisociales extorsionaban a comerciantes de la localidad, obligaban a adolescentes a vender droga y posteriormente los alistaban en sus filas.

Trascendió que durante el operativo decomisaron dos armas largas, una pistola, un facsímil y un escopetín. Autoridades se mantuvieron herméticas sobre el número de detenciones y la captura de los integrantes de la peligrosa banda.

El líder de la organización criminal, que operaba principalmente en Guárico y Aragua, fue ultimado el 3 de mayo de 2016 durante un enfrentamiento en el sector de El Sombrero. 

OLP a las calles

El 13 de julio de 2015, efectivos policiales y militares iniciaron acciones en lo que finalmente se denominó Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Los funcionarios fueron desplegados la madrugada del día anterior en diversas zonas de Caracas.

El primer procedimiento fue en el urbanismo Betania IV, Ciudad Tiuna y Cota 905, espacios intervenidos por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de las Fuerzas Especiales de los cuerpos policiales del Estado.

A un año, el operativo conjunto avanzó a su segunda fase que, de acuerdo con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, tiene como propósito central erradicar células que pretendan desestabilizar el país, manteniendo lugares de acción mediante las “Unidades de Liberación y Protección del Pueblo (ULPP)”.

La Cota 905 y El Cementerio se mantienen como “zonas calientes” en cuanto a robos, secuestros y extorsiones; la criminalidad e impunidad continúan en ascenso.

En este sentido, la organización en defensa de los derechos humanos, Provea, sostiene que el aumento de los “números rojos” sin culpables a la vista se debe a la impunidad estructural en la justicia venezolana. El fenómeno ocurre cuando todas las partes del sistema de administración de justicia juegan para que ni los delitos ni la violación de derechos humanos sea sancionada.