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OLP, un error para la seguridad ciudadana

Expertos en el área de seguridad ciudadana han corroborado que la OLP es un "fracaso social" / Foto: Raúl Romero

Expertos en el área de seguridad ciudadana han corroborado que la OLP es un "fracaso social" / Foto: Raúl Romero

Lo que comenzó como un plan para garantizar la seguridad en las zonas populares, se ha convertido en un procedimiento que ha logrado todo menos disminuir la criminalidad en el país. Detenciones arbitrarias, abusos a la propiedad privada y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales son algunas de las violaciones a los derechos humanos aplicadas por un procedimiento que, según expertos, sólo tuvo fines electorales en 2015

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El 13 de julio de 2015 el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, anunció la activación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un plan de seguridad destinado a intervenir “las áreas donde operan grupos delincuenciales que se dedican a actividades de paramilitarismo colombiano, organización de bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”.

El proyecto de seguridad, que según su planificación estaría segmentado en varios puntos del país, tuvo su inicio entre la Cota 905, Ciudad Tiuna y Betania IV.

Las autoridades consideraron positivas las cifras del primer balance. Un total de 14 presuntos delincuentes fueron ultimados, 134 personas resultaron detenidas y fueron recuperadas armas (de diferentes calibres), vehículos, motocicletas y varios apartamentos donde los propietarios fueron desplazados por delincuentes para ser utilizados para el “acaparamiento” y contrabando de alimentos.

La ideología del operativo es simple: pacificar las zonas populares, bajar los índices delictivos, neutralizar el tráfico de drogas y “paramilitarismo”, además de garantizar la seguridad de las personas en un país, que como refiere la oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es el segundo más violento del mundo con 72,4 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la estrategia de este procedimiento de seguridad no resultó como se esperaba.

A medida que los operativos fueron avanzando, las denuncias de abusos a los derechos humanos no se hicieron esperar. Las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos injustificados se duplicaron, y hasta triplicaron, en comparación con años anteriores, cuando el plan de la OLP no estaba en funcionamiento.

“Las OLP se convirtieron en una política de exterminio. La sentencia de muerte se ha convertido en base de Estado. Este procedimiento falla porque no actúa en concordancia con los crímenes que se están cometiendo. Los procedimientos de la OLP no pueden estar diseñados para eliminar, sino tiene que tener un política de seguridad nacional para el Estado”, declaró el director del Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, Luis Cedeño, en entrevista a El Nacional Web.

Otras ONG y expertos en el área criminal han proyectado todas las irregularidades durante los procedimientos de este plan de seguridad y difieren, en amplio margen, con las cifras otorgadas por los organismos del Estado.

“Organismos como el Ministerio Público han maquillado la cifra de las bajas en la presentación oficial de sus informes”, comentó el sociólogo Roberto Briceño León.

A pesar de todas las críticas y violaciones a los derechos humanos, aún hay gente que considera positiva la participación de las OLP en las zonas populares y la consideran como la principal apuesta del gobierno nacional en materia de seguridad. 

 En mayo de este año se activó la segunda fase del procedimiento que, según el ministro de Interior y Justicia, servirá para mantener en los lugares de acción a las “Unidades de Liberación y Protección del Pueblo”, proceso avalado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Sin disminuir la inseguridad

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo es, como su nombre lo indica, un plan para salvaguardar las zonas del país afectadas por la inseguridad. Sin embargo, los resultados que ha generado son adversos.

En el balance anual de 2015, presentado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se registraron 17.778 asesinatos “culposos” (lo que es equivalente a 58,1 homicidios por cada 100.000 habitantes), 245 de ellos durante los primeros 5 meses de la OLP.  

No obstante, estas cifras presentadas por el gobierno difieren con los reportes de las ONG. El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) determinó que la cifra de asesinatos el año pasado fue de 27.875, mientras que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó en su informe anual que además de los casos presentados por el Ministerio Público recibieron denuncias que aumentan a al menos 460 la cifra de denuncias contra el derecho a la vida el año pasado. Esto equivale a un aumento de 109% en relación con 2014.

“La Fiscal no incluyó en su informe anual el número de asesinatos por policías (en los enfrentamientos o extrajudiciales), los que resultaron heridos en un intento de robo, ni todos los que cayeron en las Operaciones de Liberación del Pueblo que se han realizado en todo el país”, dijo el director de la ONG, Roberto Briceño León, días después que la Fiscal General presentara su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional.

La representante del Ministerio Público también dio en la presentación del informe anual el balance de cuántas personas fueron asesinadas en los procedimientos de la OLP por estado. Carabobo, con 84 muertos, fue el estado donde más fallecidos dejó el operativo. Está seguido por Bolívar, con 49; Caracas, con 27 y Miranda, con 13.

Sin embargo, en las estadísticas del gobierno nacional no incluyeron en la lista de bajas a estados como Zulia. De acuerdo con el general Franklin García Duque (jefe de la Redi-Occidente), sólo en enero de 2016 se registraron en la entidad al menos 58 muertos durante los procedimientos de la OLP.

En estados como Aragua, una de las zonas donde más se realizaron operativos, no se presentaron registros. La prensa reseñó que 14 personas fueron asesinadas en tres procedimientos, todos en el sector de San Miguel.

El abuso de la fuerza policial

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz siempre ha promovido la labor de los cuerpos de seguridad que participan en la OLP. Las fuerzas de seguridad que integran estos procedimientos están integradas principalmente por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Para el criminólogo y especialista en seguridad ciudadana, Luis Izquiel, de todos esos cuerpos de seguridad, el único que debería estar participando en la OLP debería ser la PNB. El argumento es que las fuerzas militares no están preparadas para la seguridad ciudadana, sino para la destrucción del enemigo externo que atente contra la soberanía de la nación.

“En los últimos 17 años, casi todos los ministros de Interior y Justicia han sido militares. Este concepto, de estar preparados para una guerra, no ha servido para disminuir la criminalidad y no hay mayor evidencia de que la estamos viviendo”, dijo Izquiel a El Nacional Web.

El especialista resaltó que después del balance brindado por la Fiscal General de la República sobre la cifra de homicidios e inseguridad del año pasado, se pudo determinar que durante los procedimientos de la OLP aumentaron considerablemente, en relación con los años anteriores, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas sin presentaciones ante el Ministerio Público y los allanamientos injustificados. 

“Estos planes como la OLP pueden tener el mismo destino que el Plan Patria Segura. No tiene una logística determinada para salvaguardar a las personas,  ni a los mismos funcionarios”, dijo.

A pesar de las constantes críticas sobre la participación de militares en los procedimientos de la OLP, la presencia militar en las zonas estratégicas parece mantenerse, luego de la activación de la segunda fase del operativo.

Izquiel también resaltó que la GNB, el Cicpc y el Sebin no son cuerpos de seguridad que deberían participar en los procedimientos de la OLP debido a que sus funciones son otras.

“El Cicpc es una policía de investigación. Su función es determinar cómo se cometió el crimen luego de que este ocurre y no el de entrar en acción directa en enfrentamientos con los delincuentes. El Sebin, por su parte, no tiene una definición legal que sustente sus operaciones. Extraoficialmente se sabe que es un organismo del gobierno nacional destinado a asumir labores de inteligencia para la defensa, pero no hay un escrito legal que lo avale”, explicó.

La única razón lógica de la participación de estos organismos de seguridad en las operaciones de la OLP es, para Izquiel, una necesidad de respuesta por parte del gobierno debido a que la PNB no cuenta con la preparación adecuada para intervenir en las zonas donde operan las bandas delictivas. “La Policía Nacional Bolivariana es un modelo, que desde su creación en 2009, nunca funcionó como se esperaba”, dijo.

El déficit de funcionarios y la falta de preparación son algunas de las razones por las que el criminólogo determina que a la PNB le falta preparación para realizar un plan de pacificación en las zonas donde operan las bandas criminales. “Es por eso que vemos cómo en repetidas oportunidades hay funcionarios de seguridad implicados en el asesinato en las zonas populares durante estos procedimientos”, dijo.  

Según el informe anual de Provea, fueron registrados 965 casos de violaciones al derecho a la integridad personal en 2015 por parte de las fuerzas de seguridad, la mayoría durante los procedimientos de la OLP.

En los datos manejados por el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), el año pasado se documentaron 1.396 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representó un aumento de 37% respecto el año anterior.

Esta ONG también señaló que de las presuntas violaciones por parte de organismos de seguridad, el Cicpc fue el que más presentó denuncias, al estar presente en 30% de los casos.

“Hay que dejar de hacer ‘planes’ en materia de seguridad ciudadana. Es necesario que el gobierno aplique una política de Estado seria”, concluyó Izquiel.  

Un verdadero plan de seguridad ciudadana

La Operación de Liberación del Pueblo no ha dado indicios de que es un éxito. La razón es que no ha conseguido cumplir con su principal requisito: la pacificación en la sociedad.

Para el sociólogo Roberto Briceño León, la OLP es un “fracaso social”, debido a que no disminuye la violencia o el delito, sino que lo incrementa. “Después de esa inmensa intervención que hacen en las zonas populares para tratar de preservar la seguridad, es evidente que no tiene resultados palpables. Llegan a los lugares donde hacen las requisas y después se retiran, sin ser conscientes del desastre que dejaron atrás”, dijo el también experto en el área de seguridad ciudadana en una entrevista exclusiva con El Nacional Web.

El director del Observatorio Venezolano de la Violencia señaló un dato muy curioso. A pesar de las fallas en los procedimientos de seguridad, desde la ONG han determinado que la OLP no ha sido objeto total de rechazo en la población, con excepción de aquellas personas que han sido víctima de atropellos por las fuerzas del Estado durante los operativos.  

Briceño León explicó que esta conducta se produce porque la política del “plomo al hampa” aún es aceptada como una respuesta ante la inseguridad. “Siempre una reacción violenta contra la injusticia es aprobada, aunque no sea la manera correcta de tratarla”, dijo.

Los procedimientos en las zonas donde operan las bandas criminales, según el análisis de Briceño León, no es algo que se pueda hacer por la fuerza bruta sino que deben ser procesos “quirúrgicos” donde los mecanismos de inteligencia, de saber cómo llegarle a los líderes de las bandas criminales y desarticuladas sin problemas, sea lo primordial.

El sociólogo dijo que la población debe entender que las medidas de “mano dura”, por buscar una reacción rápida a la delincuencia, no son las eficientes.

“La violencia trae más violencia. La sociedad venezolana tiene que entender que la idea no es atacar al delito sino buscar la manera de prevenirlo, y eso va más allá de un plan que sólo fue lanzado en 2015 con fines electorales”, concluyó.

A pesar de las constantes críticas, las OLP siguen siendo la gran apuesta del gobierno nacional en materia de seguridad. Con la mirada puesta en un proceso electoral (elecciones de gobernadores y alcaldes o un posible referéndum revocatorio), el procedimiento seguirá siendo aplicado con alguno que otro ajuste.

Ciudades como Caracas, Maturín y Valencia siguen liderando las listas de los lugares más violentos en el mundo, sin augurios gubernamentales sobre cambiar la situación en el país.