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Ministerio Público coordinó Plan contra el Retardo Procesal en Falcón y Zulia

Ministerio Público (MP) | Cortesía SIbci

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El Ministerio Público (MP), a través de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, coordinó el Plan contra el Retardo Procesal en los estados Falcón y Zulia, actividades dirigidas a la atención integral a los privados de libertad que se encuentran recluidos en centros de detención en esas zonas del país, jornadas que también beneficiaron a los familiares.

De acuerdo con la información suministrada por la directora de Protección de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berthé, los resultados fueron altamente satisfactorios, pues se cumplió con el propósito de darle celeridad a los procesos, además de brindarles asesoría jurídica, social y asistencia médica.

Aseveró que este tipo de jornadas obedecen a principios constitucionales como garantizar el debido proceso, el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, el derecho a la defensa, entre otros.

En el balance presentado en el estado Falcón, Berthé indicó que se realizaron 284 asistencias jurídicas; se entrevistó a 131 familiares de los privados de libertad; se ceduló a 40 procesados; se hicieron 20 coordinaciones médicas; cuatro evaluaciones multidisciplinarias; 44 reconocimientos médicos, acciones estas últimas que condujeron a que se dictara una medida humanitaria.

Adicionalmente, el Plan logró que se realizaran 62 audiencias con los tribunales del estado Falcón; lográndose 53 condenas por admisiones de hechos; 13 pases a la fase de enjuiciamiento; 30 revisiones de medidas, decisiones que permitieron se otorgaran 53 libertades.

En esta actividad también se otorgaron tres suspensiones condicionales del proceso; dos formulas alternativas de cumplimiento de pena, una audiencia por flagrancia y dos requisas en los centros penitenciarios.

Respecto al estado Zulia, se brindaron 1.447 asistencias jurídicas; hubo 166 libertades; 49 reconocimientos médicos legales; seis coordinaciones medicas; 17 evaluaciones multidisciplinarias; 82 audiencias con tribunales, 93 admisiones de hechos, 64 revisiones de medidas y se otorgó una fórmula alternativa de cumplimiento de pena.

Igualmente, médicos integrales atendieron a 612 privados de libertad; a 89 se les ofreció servicio de odontología, a 138 de barbería y fueron suministrados 2.302 medicamentos.

En estas labores coordinadas por la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, participaron los fiscales superiores Gustavo Li Chang y Richard Linares, acompañados de 70 fiscales, entre nacionales y de las mencionadas jurisdicciones, y demás funcionarios de las fiscalías del Ministerio Público.

También, se contó con el apoyo de representantes de la Defensa Pública y jueces de los mencionados estados, representantes del Ministerio de Servicio Penitenciario, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc),  y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).