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Ministerio Público Reconoce “error” de calificar a Kamel Salame de narcotraficante

Kamel Salami ha permanecido injustamente privado de su libertad durante más de nueve años por delitos que no cometió / Yonny Camacho

Kamel Salami ha permanecido injustamente privado de su libertad durante más de nueve años por delitos que no cometió / Yonny Camacho

Los abogados defensores lograron que el Ministerio Público admitiera ante Gutiérrez Alvarado los errores procesales en contra del empresario

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Luego de nueve años el Ministerio Público reconoció el error de calificar al dirigente político y empresario yaracuyano Kamel Salame de “presunto narcotraficante”, etiqueta con la cual lo han mantenido privado de libertad sin derecho a un juicio justo e imparcial.

Robert Alvarado, Malquides Ocaña y Jameiro Aranguren, abogados del empresario, dijeron que su defendido ha permanecido detenido todo ese tiempo en el Internado Judicial de  Barinas, por un delito que no cometió, tal como lo reconoció el 17 de noviembre la Fiscalía General de la República en comunicación dirigida a la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys María Gutiérrez Alvarado.

Los abogados defensores lograron que el Ministerio Público admitiera ante Gutiérrez Alvarado los errores procesales en contra del empresario y explicaron que el 2 de agosto de 2013 solicitaron formalmente a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, que procediera a excluir de toda responsabilidad al procesado.

Todo ello, continuaron Alvarado, Ocaña y Aranguran, en razón de que el expediente resultó ser “todo un adefesio conformado por señalamientos sin fundamento, con temeridad, mala fe y estigma social a la reputación del defendido”. Indicaron que el Ministerio Público acusó sin pruebas al empresario de estar vinculado al tráfico de drogas y le expropió todos sus bienes muebles e inmuebles.

Denunciaron que el Ministerio Publico le haya colocado la etiqueta de narcotraficante a su defendido. Ello sirvió “para atropellar su dignidad e integridad física, y propiciar su ruina moral y económica, así como la de su familia”. Aseguraron que estas arbitrariedades se iniciaron a la par de su privativa de libertad, decretada en diciembre de 2008, expresaron.

Insistieron en que toda la trama comenzó en el momento en que Salame decidió postularse como candidato a alcalde del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, “elecciones en las resultó elegido de manera transparente, en uso de  derechos constitucionales y de Justicia”, aseveraron.

Agregaron que con el reconocimiento de esa acción judicial por parte del Ministerio Público, resulta obvio que la privación de libertad de Salame, tras nueve  años de presidio, tenía que haber cesado y en consecuencia no tiene por qué permanecer recluido en el Injuba y debe ser puesto inmediatamente en libertad.