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Mariara silencia una masacre bajo la culpa y el miedo

La vivienda permanece deshabitada y cerrada. La única sobreviviente se mudó a Caracas | Foto: Ernesto Morgado

La vivienda permanece deshabitada y cerrada. La única sobreviviente se mudó a Caracas | Foto: Ernesto Morgado

Los vecinos se niegan a hablar sobre lo que pasó el 17 de noviembre en la madrugada en la calle La Línea

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Robos y peleas entre vecinos era lo más terrible que había ocurrido en la calle La Línea de Mariara hasta el 17 de noviembre en la madrugada, o al menos es lo que recuerdan sus habitantes.

Los vecinos dicen que los gritos de Carolina Lagos alertaron a la comunidad de La Cabrera, pues la joven de 20 años de edad salió a pedir ayuda cuando consiguió muertos a su madre, su hermano y su cuñada embarazada en su casa, y su padre agonizaba.

Ahora en Mariara callan una masacre por temor a ser salpicados por las culpas pues la policía busca a dos de los tres implicados en el crimen y también a las personas que intentaron linchar al adolescente de 16 años de edad que fue detenido por su presunta participación en el homicidio múltiple.

“Esa muchacha salió de esa casa gritando y todo el mundo se asomó a ver. La gente la ayudó a sacar al papá que estaba vivo todavía, pero fue muy horrible. Daba miedo. Primera vez que se ve algo tan espantoso en esta zona”, dijo Elizabeth Pérez, una de las pocas vecinas que se atrevió a comentar algo sobre el caso.

 

Tocando fondo. La reacción de la comunidad del sector La Cabrera, en Mariara, por la masacre de la familia Lagos podría ser considerada como un acto de rebeldía ante la remota posibilidad de acceso a la justicia que hay en el país. Al menos así lo considera la profesora María Josefina Ferrer, experta en criminalística y victimología: “Estos hechos de tanta violencia e intentos de linchamiento se han explicado como reacciones a falta del acceso a la justicia, pero evidentemente este hecho nos pone frente a una situación en la que debemos hacer un llamado a la reflexión porque como sociedad. Estamos tocando fondo ante la naturalización de la violencia y la tolerancia de este tipo de situaciones”.

Las víctimas de la masacre fueron Carlos Lagos, de 53 años de edad; su esposa Eufemia Castillo, de 45 años de edad; el hijo de la pareja, Carlos Lagos, de 24 años de edad; y su novia Karen Luisana Zavala Serven, de 20 años de edad, que tenía cinco meses de embarazo.

Las hipótesis que manejan el Cicpc y la policía municipal son el robo y la venganza. Los investigadores señalaron que resulta difícil comprender por qué los homicidas se ensañaron tanto con la familia Lagos.

El comisario Wladimir Manzanilla, director de la policía de Mariara, dijo que primero se pensó que como la familia era dueña de dos negocios, los delincuentes pensaron que había dinero en la vivienda y por eso aprovecharon para entrar a robar en la noche.

“No se descarta la venganza porque esos muchachos fueron muy violentos con esas personas, sobre todo con el hijo de la pareja. Estamos investigando si fue un crimen por encargo, pero eso sólo lo podremos determinar cuando capturemos a los dos implicados que faltan, que son los presuntos autores intelectuales. El adolescente capturado sólo fue un cooperador”, indicó.

 

Toda una vida. La familia Lagos Castillo se instaló en el lugar hace más de 20 años. Poco a poco construyeron la vivienda en la que fueron asesinados. Aunque es una zona de mucha pobreza, ellos vivían en mejores condiciones en comparación con muchos de sus vecinos.

“Yo no estaba aquí”, es la respuesta que más se repite entre los habitantes de esa vereda a orillas del Lago de Valencia. Dicen que esa noche había una fiesta en una de las casas que está a no más de 5 metros en diagonal de la vivienda donde fue masacrada la familia.

“Nadie escuchó los tiros o gritos porque ahí en la esquina estaban los cajones con música, y los carajitos lanzaban fosforitos”, contó Jonathan, uno de los vecinos.

Los homicidas se metieron a la casa a través del techo después que cortaron una lámina de zinc. Sometieron a Carlos Lagos hijo y a su pareja mientras dormían. Los esposos Lagos Castillo estaban en la reunión con vecinos y, cuando regresaron a su casa, sorprendieron a los homicidas cuando destruían  el lugar y atacaban a su hijo y a su pareja.

Sus cadáveres fueron trasladados a Caracas y enterrados en el cementerio de El Junquito, pues todos los parientes viven en la capital. La única sobreviviente se niega a regresar a la vivienda, la cual permanece cerrada.

La policía busca a “el Zamurito” y “Alfonso”, señalados de ser los otros dos presuntos homicidas. Al parecer, estos dos también son adolescentes. La comunidad sabe que ellos vivían allí, pero están fugados, porque saben que hasta los vecinos repudian el hecho y amenazaron con lincharlos a ellos también.

Esperan que en los próximos 15 días esté resuelto el crimen y mientras tanto, trabajan en cooperación con las autoridades de Maracas, donde se presume que se encuentran los homicidas.

 

Debe haber un castigo

 

El sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, aseguró que se deben aplicar sanciones para evitar que casos como el de Mariara se repitan.

“Sociológicamente, hay dos posturas que se deben analizar. En principio, los responsables de este hecho se deben castigar y darle a la sociedad un mensaje muy claro de que los jóvenes están exentos de responsabilidad. Por otro lado, se tiene que analizar la sanción penal en estos casos porque no se trata sólo de reeducarlos sino que tienes que retirarlos porque representan una amenaza para la sociedad. Ponerlos presos no sobre el principio de que se va a regenerar sino que le vas a impedir que cometa otros crímenes”, dijo Briceño León.

María Josefina Ferrer, experta en criminalística y victimología, cree que es necesario que se fortalezcan entre las comunidades los mecanismos de resolución de conflictos y de convivencia para frenar la crisis de valores que hay en el país: “¿Quién sabe qué llevó a estos muchachos a cometer semejante crimen? Seguramente estas personas que fueron víctimas eran sus vecinos de toda la vida, que los vieron crecer, pero es un tema de educación, de familia, de revisar por qué en una comunidad tan pequeña puede suceder un hecho tan violento como el de la familia Lagos”.

Dijo que existe una disyuntiva en relación con el daño causado por los victimarios, tanto a la familia que sobrevive como a la sociedad, y la severidad del castigo que desde el punto de vista legal les espera por tratarse de adolescentes.

 

Crisis institucional

 

El abogado penalista Alberto Arteaga dijo que antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, en 1998, estaba en vigencia la Ley Tutelar del menor, que establecía que estas personas eran inimputables, por lo que no respondían cuando cometían algún delito.

“Ahora tienen responsabilidad. El problema es que pasa lo mismo que con los adultos que delinquen. Tenemos un panorama terrible de impunidad porque no funcionan los órganos de administración de justicia a ningún nivel. No se cumplen los criterios de reeducación y de reinserción, y pasa lo mismo que con el resto de la justicia”, dijo.

Señaló que existen países como Estados Unidos que de acuerdo con el estado juzgan a los adolescentes desde los 14 o 16 años, como si se tratara de un adulto: “Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de procedimientos porque al adolescente hay que tratarlo como lo que es: una persona en formación que requiere un tratamiento para saber por qué actuó de esa manera y para que no lo vuelva a hacer”.