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Mala praxis cobra víctimas en protestas

El Centro de Estudios Legales de Argentina condenó la represión de protestas | Foto EFE / Archivo

El Centro de Estudios Legales de Argentina condenó la represión de protestas | Foto EFE

Expertos advierten que el uso de municiones distintas a las balas, como metras y tornillos, pretende borrar evidencias que permitan identificar a quienes disparan

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Una metra es inofensiva según el uso que se le dé. El juguete tradicional latinoamericano ya no solo es utilizado para “ruchar” o quitarle la metra al contrincante; también se usó en 2014 como munición contra manifestantes en las protestas en Venezuela.

Este año ese patrón ha vuelto a repetirse, sumado al hecho de que hace poco más de un mes fue publicada en Gaceta Oficial la resolución 8610 que regula la actuación de la FANB en el control de las protestas, lo cual ha generado un fuerte debate ­aún vigente­ entre diversos sectores, incluso en el propio gobierno. Más recientemente, la actuación desproporcionada de un policía en una manifestación causó la muerte a un liceísta en Táchira.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el número total de jóvenes heridos por el uso de metras, tuercas, tornillos u otros objetos contundentes en sustitución de municiones convencionales, las fotos abundan en las redes sociales. El 15 de enero pasado, José Aguilar, estudiante de la Universidad de los Andes-Táchira, resultó herido al ser impactado por una metra que se le incrustó en el pecho, a dos milímetros del corazón, cuando participaba en un pancartazo para exigir justicia por la quema de una ruta universitaria.

Ese día, 20 estudiantes resultaron lesionados por la acción de los uniformados. Aguilar fue sometido a una operación quirúrgica de 5 horas para extraerle la metra. Menos de dos semanas después, fue publicada la resolución que aprueba el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”.

 

Uso criminal. El criminólogo y experto en balística Fermín Mármol García asegura que el uso de objetos contundentes en sustitución de balas como municiones tiene un fin criminal marcado por la premeditación. La práctica, así como la alteración de las características originales de la munición, están prohibidas en el artículo 58 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

“Es una mala praxis utilizar metras como munición. Se burla cualquier investigación criminal que se sustente en la balística. Es criminal solo la existencia de ellas en las manifestaciones. Viola principios éticos y jurídicos”, expresó.

El experto explicó que la ciencia criminalística se vale de parámetros estandarizados y de la planimetría para reunir información que permita conocer el tipo de arma que se usó para disparar un proyectil, entre otros datos: “El proyectil a su paso por el ánima del cañón sufre ralladuras llamadas campos y estrías, que dejan huella. Es así como se determina de qué arma proviene. Los implementos distintos a las balas no dejan marcas”, precisó.

Aunque las municiones improvisadas no quedan talladas por el cañón que las disparó, sí pueden causar los mismos estragos que un proyectil de plomo convencional. “Una metra es igual de letal que una bala si es disparada a alta velocidad. Si es al abdomen o el tórax, por ejemplo, puede poner en riesgo la vida de cualquier persona. Puede provocar fracturas. El tipo de lesión es la misma, una herida por cavitación o producida por una bala”, dijo el traumatólogo Giovanni Provenza.

 

Cuándo actuar. Sin embargo, Mármol García opina que no importa qué tipo de munición tengan las fuerzas del orden público, “sino estar claros en cuándo se pueden accionar esas armas. Los funcionarios solo pueden hacerlo para proteger su vida o la de un ciudadano. Las armas antimotines se usan para disuadir y controlar el orden público. Ese uso en principio es disuasivo, con disparos al aire libre, escopetas de cartuchos de perdigones o expulsión de gases. Esas son las únicas dos maneras para accionarlas. Es ilógico, en cambio, que se utilice un arma de fuego para disuadir, cuando su función es neutralizar. Toda persona que acciona el arma para resguardar el orden público viola la ley. Esa es la premisa que debe influir en el entrenamiento”, indicó.

El uso incorrecto de perdigones ha sido objeto de críticas. Kluibert Roa murió a manos de un PNB que le disparó a quemarropa. Un año antes, Geraldine Moreno, en Valencia, falleció en las mismas circunstancias; sin embargo, esa munición está autorizada para el controlar del orden público.

Antes de la aprobación de la resolución 8610 ya era común el uso de armas letales, perdigones  y municiones distintas a las balas contra manifestantes. JB, siglas de un joven que pidió no revelar su identidad, asegura que un funcionario del Ejército fue el causante de una paraplejia que padeció por más de un año. El joven de 25 años de edad fue herido con un arma 9 mm en Barquisimeto tras las protestas del 12F de 2014: “El Cicpc llegó a la clínica con una orden judicial y logró llevarse la bala. El día anterior había jugado fútbol, horas después ya no podía moverme porque la bala me dio en la columna”.

En abril de 2014, por ejemplo, Diego Landaeta, estudiante de Ingeniería de la UCV, fue herido en Caracas con una metra en el pie derecho. Ese mismo mes, la cirujano plástico Beatriz Socorro, @BeatrizSocorro, en Twitter, contó siete lesionados por objetos introducidos en armas de fuego: “Fueron atendidos por mí de heridas de metra y de vidrio. En cara, párpados, abdomen, hombros”, escribió.

María, estudiante que compartió su testimonio a cambio del resguardo de su identidad, fue herida en abril del año pasado con una metra que le llegó al hueso frontal entre las cejas y el comienzo de la nariz.

La joven estaba en clases. Afuera de la universidad la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana intentaban repeler a los manifestantes. Al salir al pasillo de la casa de estudios, el impacto la sorprendió. El hueso se le astilló como si hubiera sido alcanzado por una bomba: “Tuve fractura múltiple. Afuera había 4 tanquetas y como 80 guardias y policías disparando contra la universidad. Me llevaron a una clínica. Los médicos que me atendieron corrieron con los gastos de la operación y me consiguieron las medicinas”.

Después de la cirugía para reconstruirle la cara, la joven fue sacada del centro de salud por amigos y familiares. No hubo tiempo para el reposo de rigor. La GNB había ido por ella para detenerla. Durante mes y medio se refugió en casa de su abuela en otro estado. Perdió un año completo que retrasará su graduación como abogado.

El 5 de mayo, en Valencia, Kevin Gómez recibió el impacto de una metra en la espalda que le afectó un pulmón.

Pese a las denuncias, en la Defensoría del Pueblo aseguran que no conocen de estos casos. El titular de ese despacho, Tarek William Saab, señaló: “No hemos conocido esos casos en estos dos meses de gestión.  Nosotros actuamos de oficio”.