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Madres se unen para pedir justicia por sus hijos muertos

Solicitan que los expedientes  donde hay policías incriminados salgan de fiscalía a tribunales. Exigen fin de la impunidad. Llevarán casos a la AN

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Desde hace tres años un grupo de madres, afectadas por la impunidad y el retardo procesal en los casos de sus hijos asesinados en diferentes fechas y lugares por funcionarios policiales y civiles, luchan para que se haga justicia. No han encontrado respuesta en ninguna instancia del sistema judicial. Aún los expedientes, aseguran, reposan en el Ministerio Público a pesar del tiempo transcurrido.
Ellas decidieron unirse y crear la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de los Derechos Humanos –Orfavideh– cuya constitución legal no ha sido posible. Desde 2013 han tratado de registrar esta asociación, pero cada vez que lo intentan ante el Registro hay un pretexto para rechazarla.
A pesar de eso están activas y no dejan de visitar las fiscalías donde están los expedientes de sus hijos ultimados en presuntos enfrentamientos.
Aracelis Sánchez, Dilcia Mendoza y Maritza Molina junto con más de 20 mujeres, llevan años tratando de que se haga justicia. No se han cansado de insistir en pedir la participación de la Defensoría del Pueblo. No han podido ser recibidas por Tarek William Saab.
Tienen previsto solicitar una entrevista con los integrantes de la subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para plantear esa situación. “No tenemos otra instancia a la cual acudir porque hemos ido a todas”, dijeron Sánchez, Mendoza y Molina.
“Exigimos justicia y que termine el retardo procesal, así como la impunidad galopante que existe en el país. Queremos limpiar el nombre de nuestros hijos porque tenemos pruebas”, dijeron.
La asociación ha contado con el asesoramiento de Cofavic para seguir avanzando en sus propósitos.
En los casos que tiene Ofavideh figuran como presuntos responsables de los homicidios funcionarios de diferentes organismos policiales y GNB.
“En todos estos casos llama la atención el hecho de que los califican de delito común, resistencia a la autoridad o enfrentamiento y todos tienen las mismas características, lo que deja muchas dudas. Sabemos que las víctimas salen heridas al hospital y llegan muertos con más tiros de los que tenían”, agregaron.
 
Tres víctimas. Uno de los casos que hasta ahora no tiene móvil ni responsable es el del médico Bill Daniel Mascobeto Molina, de 29 años de edad, quien fungía de director de Salud del Distrito 5 de Barlovento, en las mañanas, y en las tardes laboraba en el ambulatorio de Aguas Claras.
Lo mataron de un tiro en la cabeza, el 29 de febrero de 2012, cuando iba con una joven en una camioneta Land Cruiser. A su mamá le llama la atención que eso ocurrió luego de que el médico detectó irregularidades al hacer una auditoría en un depósito de medicamentos.
Darwinson Aramis Sequera Sánchez, de 20 años de edad, era el segundo de los 3 hijos de Aracelis Sánchez. Aspiraba a estudiar Ingeniería Ferroviaria y laboraba en un taller mecánico.
Ella dijo que la violación del domicilio comenzó el 17 de abril de 2013 cuando el Cicpc entró a su casa, en Los Jardines de El Valle, sin orden de allanamiento y se llevó documentos. El 13 y 15 de mayo esa policía volvió a rodear la casa y la mañana del 11 de junio hirieron a Darwinson Aramis cuando estaba en el tercer piso de la casa. Vecinos dijeron que se lo llevaron vivo al hospital con dos disparos y cuando la familia llegó estaba muerto y tenía otro tiro.
Desde 2006, Dilcia Mendoza lucha para que el expediente relacionado con la muerte del segundo de sus cinco hijos, Carlos Alberto Mora Mendoza, de 19 años de edad, salga de la Fiscalía 81º a un tribunal de control. El joven aspiraba a estudiar Criminalística en el Cicpc. El 14 de julio de ese año salió de su casa en la Vuelta del Fraile en Antímano, en busca de un teléfono para llamar y ver si había sido seleccionado en Polisucre a donde también quería ingresar. Pero por cuatro horas desapareció hasta que su mamá se enteró de que una comisión de la PM lo mató dentro de la casa de una vecina junto con otro joven. Luego halló el cuerpo en el Pérez Carreño con varios tiros.

Recuadro

Dilcia Mendoza, Aracelis Sánchez y Maritza Molina –miembros de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de los Derechos Humanos– recomiendan a la ciudadanía denunciar en todas las instancias las violaciones de los derechos humanos tanto de los cuerpos policiales como de civiles, porque el silencio incrementa la impunidad. Les piden a los familiares de personas ultimadas en circunstancias similares que las de sus hijos, que se afilien a su organización para fortalecer la lucha que llevan adelante con el fin de lograr justicia, disminuir la impunidad y el retardo procesal   los hechos