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Liberaron al general Lozada y a otro allegado de Raúl Baduel

El general retirado del Ejército Ramón Lozada Saavedra apareció en San Fernando de Apure | Cortesía Diario <i>Tal Cual</i>

El general retirado del Ejército Ramón Lozada Saavedra apareció en San Fernando de Apure | Cortesía Diario Tal Cual

Las víctimas permanecieron desaparecidas durante 14 y 20 días. Nada se pudo conocer sobre las investigaciones

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Ayer en la madrugada el general Ramón Lozada Saavedra y Jesús Delgado fueron liberados después de estar más de dos semanas en cautiverio. Sus captores los abandonaron sin dejar rastro: al primero, en San Fernando de Apure y al segundo, en la vía de El Castaño, en las afueras de Maracay.

Durante 14 días la familia del general retirado Ramón Lozada Saavedra estuvo en vilo después de que fue capturado por varios hombres en Montalbán el 26 de noviembre. Ayer en la mañana no fueron los cuerpos de seguridad del Estado sino él mismo quien notificó que había sido liberado en el estado Apure.

“Hijo, estoy bien. Estoy en San Fernando de Apure. Vénganme a buscar. No tengo papeles, vénganme a buscar”, fueron las palabras que el general pudo decirle a su hijo, indicó Aníbal Ruiz, abogado de la familia.

Automáticamente todos los familiares emprendieron el viaje desde Caracas para su encuentro.

El general retirado salió de una reunión de trabajo el martes 26 de noviembre y al mediodía fue sometido y encapuchado por varios funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar que lo apuntaron con armas largas y lo introdujeron en un vehículo, informó un testigo. Los captores nunca se comunicaron con la familia de Lozada.

Los hechos fueron formalmente denunciados ante el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público. Sin embargo, nada trascendió sobre la apertura y desarrollo de las investigaciones del caso. Ni siquiera afirmaron o negaron que algún cuerpo de seguridad estuviera involucrado.

Para la familia de Jesús Delgado la incertidumbre duró 20 días. Él desapareció cerca de su residencia, en la urbanización El Centro de Maracay, cuando tres hombres armados lo encapucharon y se lo llevaron en un vehículo. Ayer a las 4:00 de la mañana fue liberado en la carretera hacia El Castaño.

“No quería pedir ayuda, tenía miedo. Un señor lo vio y lo auxilió. Del trauma solamente pudo acordarse del teléfono de un amigo que fue a buscarlo y lo llevó a su casa”, narró Astrid Serrano, una de las hermanas de la víctima.

Los días que Delgado estuvo en cautiverio los pasó encapuchado y amarrado de manos y pies. A su familia le explicó que uno de los captores le suministraba alimentos mientras que un menor de edad le daba agua. Los delincuentes le explicaron que supuestamente habían cometido una equivocación, pero no estaban seguros de cuánto tiempo estaría con ellos.

Al igual que la familia de Lozada Saavedra, los parientes de Delgado estuvieron esperando una llamada de los captores que nunca recibieron y tampoco información alguna de las autoridades.

“No sabemos qué pasó ni dónde desapareció. No hay respuesta del Cicpc ni del GAES ni de la Fiscalía”, indicó Aracelis Serrano, otra hermana de Delgado.


Punto en común. Aunque las desapariciones de Delgado y Lozada Saavedra ocurrieron en diferentes fechas, hay un punto en común: ambas personas son allegadas del general Raúl Isaías Baduel.

Cinco días antes de su desaparición, Delgado había ido a visitar al general Baduel al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en Los Teques. Solía ir a compartir con él, pues desde hace más de 15 años mantienen una amistad.

“Le llevaba artículos personales y jugaban dominó en la celda. Son amigos e incluso estaba pendiente de la esposa de Baduel y sus hijos”, aseguró Serrano.

El 14 de noviembre fue la última vez que Lozada Saavedra fue a visitar a su compañero en Ramo Verde. “Él ayudaba a Baduel con trámites en instituciones militares. Son amigos de toda la vida”, informó Omar Mora Tosta, abogado de Baduel.

Estos casos también se relacionan con la detención de Gustavo Tirado. El 5 de diciembre fue a visitar por primera vez al general retenido en Ramo Verde. Llevaba unos libros y volantes con ideas políticas diferentes a las del gobierno. Estos fueron prohibidos en el penal. Al salir, varios funcionarios de la DIM lo detuvieron y lo trasladaron a la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna donde permanece detenido. Sus parientes desconocen los motivos de la detención.


Temor familiar. José Ancointer Parra, mayor retirado del Ejército, solía visitar en su sitio de reclusión al general Baduel al menos dos veces por mes desde que fue condenado, dijo una fuente cercana al oficial detenido. Desde el 25 de noviembre su esposa comenzó a denunciar que presuntos funcionarios de la DIM estacionaron vehículos de la institución frente a su casa, según el historial de su cuenta Twitter y una nota publicada en un diario regional. A partir del 29 de noviembre el mayor permanece escondido y sus familiares, al parecer, fueron víctimas de allanamientos e interrogatorios sin orden judicial.

Ese mismo día el coronel del Ejército Emilio Méndez Martínez desapareció después de que unos hombres uniformados y vehículos de la DIM lo detuvieron a 50 metros de su casa en San Diego, Valencia, indicó el general Antonio Rivero. Un día después fue liberado en la mitad de la carretera de Cúa-San Casimiro, no sin antes amenazarlo para evitar que denunciara. Méndez Martínez estuvo junto con Delgado por última vez en Ramo Verde el 15 de noviembre.



Amnistía aboga por Simonovis

Amnistía Internacional envió una carta al presidente Nicolás Maduro en la que lo exhorta a tomar medidas que garanticen que Iván Simonovis, condenado a 30 años de cárcel por los hechos de abril de 2002, reciba atención médica adecuada.

“Le hago un llamado para que se asegure de que Simonovis pueda acceder a estos tratamientos (medicinas, fisioterapia y exposición al sol y al aire libre) lo más pronto posible para evitar consecuencias graves como fracturas”, se indica en el documento.

Hasta ahora, y pese a que le han sido efectuados tres chequeos médicos, el tribunal de la causa no ha decidido sobre la solicitud de medida humanitaria presentada en julio. La defensa denunció ayer que la juez Ada Armas pretende que se efectúen otros exámenes.


Jueces para Jueces piden por Afiuni

La fundación Jueces para Jueces, de Holanda, emitió ayer un comunicado en el que exhorta al Poder Judicial venezolano a dejar en libertad plena a la juez María Afiuni.

El documento fue divulgado ayer con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, y de que se cumplían 4 años desde que Afiuni fue privada de libertad por haber dejado bajo régimen de presentación al banquero Eligio Cedeño.

Los jueces holandeses repudiaron que Afiuni esté sometida a régimen de presentación, prohibición de salir del país, de declarar ante los medios y de hacer uso de redes sociales.

Criticaron además que a cuatro años de estar sometida a un proceso judicial, el juicio a Afiuni haya sido anulado y deba celebrarse desde el comienzo el año próximo.



Desaparición forzada, un delito de lesa humanidad

La responsabilidad estatal en entredicho

Jesús Ollarves Irazábal, autor del libro Desaparición forzada de personas, explicó que se trata de un delito tan grave que si se comete en forma sistemática pudiera ser considerado de lesa humanidad y que implica la acumulación de tres comportamientos: a) La privación de libertad por parte de agentes estatales o particulares actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; b) El no reconocimiento oficial de esa privación de libertad o el ocultamiento del paradero del desaparecido; y c) La falta de protección legal. Aunque el artículo 180-A del Código Penal indica que el sujeto activo del delito es “la autoridad pública”, Ollarves Irazábal considera que también es desaparición forzada de personas la que ejecuta algún particular o grupo con aquiescencia del Estado.

“En los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela relacionados con la desaparición forzada se hace referencia a la participación del Estado como un elemento característico de la violación, aunque existe la posibilidad de que el delito sea cometido por actores no estatales como está establecido en el Estatuto de Roma y  la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada por Venezuela el 21 de octubre de 2008”, insistió el abogado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado la responsabilidad estatal a través de indicios que permiten suponer la participación de sus agentes en la desaparición forzada de personas. Por ejemplo, que se empleen armas, vehículos, emblemas o herramientas de uso exclusivo de la autoridad. Ollarves Irázabal asegura que no es imprescindible que la víctima muera para calificar los hechos de desaparición forzada de personas: “Hay desaparecidos que aparecen vivos”.


GN se moviliza

El general de división Franklin García Duque, jefe del Comando Regional N° 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, indicó que fueron movilizadas unidades militares destacadas en el Alto Apure para verificar la liberación del general Lozada Saavedra.

“Aparentemente en el día de hoy hay informaciones extraoficiales que en la jurisdicción del Destacamento N° 17 fue liberado y se encuentra en algún sitio de esa jurisdicción por lo que en virtud de esto se han desplegado los órganos correspondiente para dar con su paradero o cualquier información que nos pudiera dar la certeza o verificación de la información", dijo García Duque.

Al momento de cierre de esta información se esperaba por mayores precisiones.