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Inician campaña para liberar a pareja venezolana

Antonio Urbina y su esposa, Coral Rojas, fueron apresados hace nueve meses mientras litigaban contra un colegio propiedad de poderosos

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Luego de nueve meses de encierro, Antonio José Urbina todavía no ha precisado la verdadera razón por la que lo detuvieron junto con su esposa en un centro comercial de Ciudad de México.

El hombre, de 51 años de edad, permanece en un área para personas de poca peligrosidad del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la capital mexicana, donde hay 14.000 reclusos.

Su esposa, Coral Yoasmil Rojas, de 44 años de edad, fue recluída en Santa Marta, a una hora de camino, aunque también en la capital mexicana.

“Debo haber tocado algo que ellos quieren ocultar”, reflexionó en referencia a los propietarios del colegio Westhill Institute, a quienes él demandó en 2014 ante un juzgado civil por supuestas negligencia y emisión ilegal de una boleta, que catapultó a su hijo de 12 años de edad hasta el tercer grado de educación primaria sin haber cursado el nivel anterior y sin notificar a la Secretaría de Educación Pública.

Esa disputa fue por el equivalente en pesos mexicanos a 1,5 millones de dólares. Luego bajó a 700.000 dólares.

El colegio es propiedad del constructor José María Rioboó, esposo de la presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del DF, Yasmín Esquivel Mossa, indica una petición pública dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que se  involucre en el caso.

Solo a la luz de estas relaciones es posible entender cómo Urbina y su esposa fueron apresados por policías habilitados para esa tarea. “Por la forma como nos han perseguido, estamos viendo que no es solo un colegio sino un aparataje completo dentro del gobierno del DF y en el mundo de la procuración de justicia”, afirmó Urbina en respuesta a un cuestionario.

Fraude procesal. Urbina cree que la idea era detener a la familia mientras él y su esposa compraban regalos navideños. De haber ocurrido así, sus hijos hubiesen sido enviados a un orfanato, toda vez que los padres permanecen tras las rejas. A los niños los cuida ahora una abuela que viajó a México.

A la pareja le imputan fraude procesal, delito que se concreta cuando una persona trata de inducir a los tribunales a emitir una sentencia mediante artificios. La pena máxima es de seis años de prisión. El expediente penal, indica Urbina, fue armado mientras discurría el litigio civil, sin la debida notificación a los imputados. “Cuando me enteré de cómo era la situación entendí que estaban moviendo todo su peso político. Les mandé a decir entonces que les quitaba la demanda civil si ellos hacían lo mismo en lo penal. Inicialmente dijeron que sí, pero luego nos dieron largas y largas”, relató.

Todo el proceso se ventila en juzgados del Distrito Federal de México. En ese país existe la figura de los tribunales federales, con competencia para todo el territorio nacional. A estos acudieron los abogados de Urbina mediante dos recursos de amparo. Ambos fueron concedidos, pero están en revisión desde mayo. “Por eso le pedimos al gobierno venezolano que active sus mecanismos diplomáticos, y que el gobierno mexicano nos garantice que hagan la revisión más rápida y expedita. El segundo punto es que Venezuela le exija al gobierno mexicano que garantice la seguridad de los niños y la nuestra, aun cuando salgamos en libertad. No sé de qué son capaces estas personas”, expresó.

Hasta ahora el embajador de Venezuela en México, Hugo García, no ha firmado la petición pública para Peña Nieto. Urbina relató que desde su detención solo ha tenido dos contactos con personal del servicio exterior de su país. El último fue el viernes 14 de agosto. Los funcionarios le dijeron a Urbina que no les daban permiso para entrar a la cárcel. “La realidad es que a los diplomáticos les dan el trato que piden, y llaman a los internos sin oficios. No sé sin en este caso les falta experiencia”, dijo.

Urbina es experto en Ciencias de la Computación. Migró a México en octubre de 2008 para adelantar un proyecto tecnológico. Todo eso se fue al suelo con la detención. Ahora el hombre solo quiere salir del atolladero de la manera más expedita.
“No tengo idea del tamaño del cayo que pisé. Solo sé que está metido en el gobierno del DF”.