• Caracas (Venezuela)

Sucesos

Al instante

Imputan a dos sujetos por uso de biopolimeros

Julio Romero de 35 años de edad, relacionista industrial, y la médico oncólogo infantil Maripili Vizcaya, de 45 años de edad, fueron imputados por importación de bienes nocivos para la salud, contrabando y ejercicio ilegal

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Julio Romero, de 35 años de edad, relacionista industrial, y la médico oncólogo infantil Maripili Vizcaya, de 45 años de edad, fueron imputados por presuntamente haber inyectado biofil en los glúteos a una joven de 22 años de edad, en un centro estético del centro comercial Ciudad Alta Vista II, en Puerto Ordaz.

Emily Hernández, fiscal 2º del segundo circuito de la referida jurisdicción, imputó a Romero por la presunta comisión de los delitos de lesiones gravísimas culposas en grado de coautoría, importación de bienes nocivos para la salud, contrabando y ejercicio ilegal de la medicina.

A Vizcaya se le imputó por los citados delitos, pero el de lesiones gravísimas culposas en grado de complicidad y adicionalmente el de peculado doloso propio.

El tribunal 5º de control de Puerto Ordaz dictó medidas cautelares para Romero y Vizcaya consistentes en la presentación periódica cada 30 días, prohibición de salida del país y estar atentos al llamado de la instancia judicial y el despacho fiscal.

El 20 de octubre de 2012 la víctima acudió al referido centro estético para realizarse un procedimiento de aumento de glúteos que fue efectuado por Romero. Posteriormente la joven presentó fuertes malestares.

El 9 de diciembre del año pasado la joven denunció ante funcionarios de la Guardia Nacional que Romero le habría inyectado una sustancia derivada de los biopolímeros, en la zona de los glúteos.

Una vez iniciada la investigación se llevó a cabo un allanamiento en dos centros estéticos de Puerto Ordaz, en los que trabajaba el imputado.

En el centro estético Cristal, que es propiedad de Vizcaya, se halló ácido hialurónico y se incautaron equipos médicos que no tenían la respectiva documentación, al igual que medicamentos pertenecientes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cuya venta está prohibida.