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IVIC deberá estudiar gases para control del orden público

El gobierno emitirá permisos especiales para que policías y escoltas extranjeros puedan estar armados en el país

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Una norma que entró en vigencia durante la segunda semana de abril establece que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas deberá avalar el carácter no letal o de “letalidad reducida” de los gases lacrimógenos y otros dispositivos utilizados por los cuerpos de seguridad en labores para el control del orden público.

El Reglamento de la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria del 8 de abril, indica que la referida institución deberá presentar un “estudio científico” como requisito previo a la autorización de uso de tales sustancias así como los otros instrumentos de los que disponen los cuerpos policiales y la Guardia Nacional en su labor durante las manifestaciones y desórdenes públicos.

Una vez emitido ese reporte, el órgano competente de la Fuerza Armada podrá dar luz verde al uso de esos artefactos. El reglamento no fija un lapso para que el IVIC emita su dictamen. Tampoco dice si los resultados de ese análisis serán del conocimiento público.

Además de los gases lacrimógenos e irritantes se considera como armas y municiones no letales o de letalidad reducida las carabinas o escopetas que los lanzan, las pistolas eléctricas o tasers y la granada aturdidora, en sus versiones sonoras o lumínicas. 

Extranjeros armados. La norma consta de 231 artículos y 2 disposiciones finales. Debió ser emitida antes del 17 de diciembre, según lo establecía la Ley para el Desarme. Eso implica que el retardo del Ejecutivo en publicarla fue de casi 4 meses.

La sección VII del capítulo II abre la posibilidad de que “personas naturales o jurídicas extranjeras o en misión diplomática, así como personal de seguridad, escoltas y delegaciones de personalidades” porten armas mientras están en el país.

Para ello, la Dirección de Armas y Explosivos de la FAN (Daex) deberá recibir una comunicación de la Dirección de Inmunidades y Privilegios de la Cancillería en la que se solicita un “permiso especial”. Luego, el titular de esa licencia deberá llenar una planilla y anexarle copias de su pasaporte diplomático, su constancia de trabajo y documento que lo acredite como propietario del arma.

El reglamento no dice cuánto tiempo tomará la tramitación de esa licencia. Tampoco indica si caducará al finalizar la misión en el país o si deberá ser renovada luego de un tiempo preestablecido.

Este asunto ha sido centro de controversias en otros países. En México, por ejemplo, los policías extranjeros formalmente no pueden estar armados, aunque en la práctica eso no se cumpla a cabalidad. 

Escoltas, serenos y transportistas. Todas las personas que ejerzan el oficio de vigilantes, escoltas y transportistas de valores deberán inscribirse en un registro nacional, cuya activación aún no se ha llevado a cabo.

El documento restringe las armas que podrán portar los profesionales de esos sectores a la escopeta monotiro calibre 12, provista de cartuchos de munición de polietileno (antimotín) y de plomo, o revólveres calibre 38 cañón corto, con munición punta de plomo ojival.

Los espalderos privados, por lo tanto, no podrán llevar pistolas. Además, todas sus armas y las municiones que utilicen deberán tener el correspondiente marcaje y registro ante la Daex.

Todos los vigilantes, escoltas y transportistas de valores tendrán que hacer cursos de actualización en materia de tiro y manejo defensivo si es el caso, en instancias que estén certificadas por el despacho correspondiente del Ministerio de la Defensa. 

Armas para policías. Los funcionarios de cuerpos de seguridad preventivos solo podrán estar armados con escopetas calibre 12 y pistolas con munición 9 x 19 milímetros. En el caso de las policías estatales podrán utilizar lanzagranadas de munición no letal (gas lacrimógeno) o de letalidad reducida.

Las policías de alcance nacional también pueden estar equipadas con fusiles de distintos calibres, mediante permiso especial de la FAN.

El reglamento confiere a la Daex amplios poderes para incautar de inmediato las armas que considere fuera de los parámetros fijados por el Ejecutivo.

La norma firmada por el Presidente indica que todos los cuerpos que presten servicio de policía deberán ajustarse a esos parámetros. Sin embargo, no indica cuál podrá ser el armamento autorizado para militares cuando están de servicio preventivo, propio de cuerpos civiles.