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Gobierno saca de agenda problemas de inseguridad

Cárcel de Yare

Cárcel de Yare / Antonio Rodríguez

Intentan no comentar sobre sucesos de alto perfil. Homicidios subirán 8% este año, según el Observatorio de la Violencia Reos en cárcel del país

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El fin de semana, dos delincuentes asaltaron en Maracaibo al diputado y presidente del Parlamento Latinoamericano (PSUV ) Rodrigo Cabezas, cuando visitaba a su mamá.

Simultáneamente, ocho hombres sometieron a una familia en su vivienda en la calle Marqués del Toro de Guacara, y luego de hacer un boquete en una pared del inmueble accedieron a una agencia del Banco Bicentenario, abrieron el cajero automático con un soplete y se llevaron 498.000 bolívares.

En Fuerte Tiuna encontraron muerto al sargento del Ejército Antonio Canchica, de 41 años de edad, uno de los funcionarios que intentó comprar en Estados Unidos el silencio de Guido Antonini Wilson. En Tucupita, secuestraron el jueves a Simplicio Hernández, papá de la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, y no se ha sabido nada de él.

En una situación de normalidad, estos casos ameritarían intensa atención del público pues se trata de sucesos de alto perfil. Sin embargo, a un mes de la elección presidencial la intención, por lo menos en el Ejecutivo, parece ser de no dar a conocer este tipo de informaciones.

Ninguno de estos episodios ha sido explicado a la colectividad por voceros policiales o por el Ministerio de Relaciones Interiores. Sólo la Fiscalía emitió un escueto comunicado sobre el caso de Hernández.

De acuerdo con el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, la estrategia pareciera ser sacar estos temas del debate público, en la línea sugerida por el presidente Chávez cuando todavía no apagaban el incendio en la refinería de Amuay: "El show debe continuar".

Esto explicaría por qué la muerte de 26 reos en Yare I y II no ha tenido mayor repercusión en la agenda oficial, aunque se trata de la mayor matanza de los últimos años en un centro penitenciario. Igualmente arroja luces sobre el escaso interés en esclarecer la supuesta masacre de un grupo de yanomamis en la región del Alto Ocamo, a pesar de que fue reconocida en un comunicado por la Policía Federal de Brasil (www.dpf.gov.br).

"La línea es no hablar de ningún problema ni escándalo. Por eso les dieron 5.000 bolívares a los comerciantes de Cúpira y ofrecieron cualquier cosa a los afectados en Amuay. Por eso prohibieron la cuña de Voluntad Popular, que mencionaba este problema", señaló Briceño.

Indicó que la situación no contribuirá a disminuir los problemas. En el caso de la violencia criminal, advirtió que los delincuentes tendrán la impresión de que pueden operar con más impunidad.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela es el quinto país más violento del mundo por la tasa de homicidios reportada en 2010 (48 casos por 100.000 habitantes).

El sociólogo señaló que la actitud del Gobierno de no tratar el tema agudizará la tendencia: "La violencia y el delito aumentarán. Se ha perdido el respeto a los policías y otras figuras. Además, los delincuentes sienten que pueden actuar con mayor libertad porque las autoridades están ocupadas en actividades políticas y no quieren generar una sensación de represión o castigo".

Misión fallida. La gran misión A Toda Vida Venezuela no ha tenido mayor repercusión desde que comenzó hace dos meses y medio. La semana pasada fueron anunciados los lineamientos de la reestructuración de la policía judicial.

Mientras tanto, se planteaba en la Asamblea Nacional la aprobación de un crédito adicional por 617 millones de bolívares para financiar la misión.

De acuerdo con Briceño, el Ejecutivo no podrá ofrecer resultados en estos proyectos antes de las elecciones: "Ni siquiera se ha ejecutado. Lo que sucedió fue un saludo a la bandera, un manejo político que, en el caso del desarme, ni siquiera tuvo el apoyo del Presidente y que no dará resultados".

Aseguró que esta misión ni siquiera tiene los diagnósticos requeridos para orientar sus programas y que los proyectos correspondientes ni siquiera han sido consignados ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología.