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Gobierno alteró prácticas para manejo de procesados debido al hacinamiento

En el retén del Cicpc El Rosal las noticias sobre traslados se transmiten con informalidad | Foto Leonardo Noguera

En el retén del Cicpc El Rosal las noticias sobre traslados se transmiten con informalidad | Foto Leonardo Noguera

Ahora los detenidos son trasladados desde retenes hasta cárceles alejadas de las jurisdicciones. El Ejecutivo transfiere costos a regiones y municipios

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El miércoles a las 2:00 pm los familiares de un joven detenido por homicidio, en Petare, preguntaban desorientados si él todavía estaba en las instalaciones del Departamento de Aprehensión de la policía judicial.

Una de las personas que iba a visitar a otro preso en esa misma instalación le aconsejó que leyera una lista manuscrita, pegada con cinta adhesiva en una pared de la calle El Retiro de El Rosal.  Allí estaban los nombres de 20 personas trasladadas en la mañana de ese mismo día a la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros, a tres horas y media de Caracas.

Este trasladado tenía apenas un mes desde que fue privado de libertad por agentes del Cicpc. Al ver lo que ocurría, Fanny Morales, madre de otro recluso, comentó: “Si a uno aquí, en Caracas, le cuesta llevar a su gente arriba a los tribunales, imagínese cómo será desde allá”.

La PGV no fue diseñada para albergar procesados, mucho menos de sitios tan distantes. Ahora la situación cambió. Esta es una de las prácticas que ha implantado el Ejecutivo a través del Ministerio del Servicio Penitenciario, con la finalidad de mitigar el hacinamiento en los llamados “centros de detención preventiva” de la capital y otras grandes ciudades.

El hacinamiento en los retenes no es solamente producto del incremento en las detenciones, a propósito de la ejecución de Patria Segura. En Caracas y otras ciudades este problema se ha agudizado por el cierre de instalaciones como La Planta, sin que se abrieran nuevas plazas para detenidos en lugares cercanos.

Carlos Nieto, director de Una Ventana para la Libertad, recordó que desde 2011 fueron clausurados, además del retén de El Paraíso, la Comunidad Penitenciaria de Coro y el Centro Penitenciario de la Región Centroccidental, conocido como Uribana. En total fue necesario reubicar aproximadamente 2.800 presos. Algunos fueron trasladados a lugares tan distantes como El Dorado, en Bolívar, y sus juicios están paralizados.

Uno de los seis muertos durante la reyerta en el retén de Poliamazonas, John Mario Caicedo, era procesado en un juzgado de San Cristóbal, en el otro extremo del país, por lesiones graves.

“Este es un verdadero caos. La gente no ve la magnitud de lo que está pasando”, alertó Nieto.


Oficinas como celdas. En el Cicpc El Rosal permanecen 160 personas, según datos extraoficiales. La institución ha instaurado la práctica de alojar detenidos en oficinas de los ejes de investigación de homicidios, así como también en las distintas direcciones como Homicidios, Vehículos, Robos y Antiextorsión, así como también en las subdelegaciones. Cuando ocurre un traslado desde El Rosal, el espacio es ocupado de inmediato por presos que ya estaban en otras dependencias.

Hasta esta semana los últimos detenidos por el caso de las “narcomaletas” permanecían en el Destacamento 58 de la GNB, en el puerto de La Guaira, aunque la orden era llevarlos a reclusorios de Miranda.

Fanny Morales tuvo a su hijo tres meses en la subdelegación El Llanito. Luego fue llevado a El Rosal. Ella aspira a que su hijo se quede allí pues no contaría con los recursos suficientes para llevar adelante el juicio si al joven lo envían a una cárcel del interior del país.

En la Policía de Baruta han tenido que habilitar un espacio únicamente para albergar a menores de edad. Manuel Tangir, director de Seguridad de ese municipio, indicó que hace meses el Ministerio del Servicio Penitenciario no ha dado el cupo para 10 detenidos con edades inferiores a los 18 años. Esto también ha ocurrido en los retenes de Polimiranda.


Costo transferido. Anteriormente los presos en calidad de depósito eran trasladados por funcionarios de la GNB o del Cicpc. Luego se incorporó la Polinacional a esta labor. Ahora, indicó Tangir, los traslados al interior del país deben ser efectuados por la policía que custodia al detenido. Funcionarios de Baruta han tenido que escoltar a presos hasta lugares tan distantes como Vista Hermosa o Margarita. Igualmente deben traerlos y llevarlos cada vez que tienen audiencia en los tribunales de la jurisdicción.

“Este es un problema que se creó desde Caracas”, afirmó el comisario general Hernán Colmenares, director del retén de Poliamazonas.

Señaló que en la instalación de Puerto Ayacucho no solamente hay personas de otras jurisdicciones sino también 56 penados por lo que el Servicio Penitenciario no paga absolutamente nada. Indicó que el costo promedio por detenido es de 500 bolívares diarios.


Ejecutivo a ciegas. La situación en los retenes se ha tornado incontrolable. Desde agosto se han reportado al menos seis incidentes en esas instalaciones en todo el país, con saldo total de ocho muertos y siete lesionados. El más grave ocurrió esta semana en el centro de detención preventiva de Poliamazonas.

El Ejecutivo no conoce a ciencia cierta quiénes entran y salen de este sistema. Por esta razón el 21 de octubre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz envió un comunicado con “carácter prioritario” a todas las policías del país para que informen el número de centros de detención que poseen, su ubicación y la cantidad de detenidos para ese momento, inclusive funcionarios policiales.


En Bolívar

El uso de instalaciones militares como si fuesen retenes para civiles no está permitido por varias razones. Sin embargo, esta práctica se ha extendido debido a la circunstancia actual de hacinamiento. El 11 de octubre funcionarios de la GNB en Bolívar expresaron su preocupación al respecto, pues tienen a 9 detenidos en calidad de depósito. La mayoría, por averiguaciones sobre secuestros y homicidios, pero también hay por violencia contra la mujer. No han sido llevados a la cárcel de Vista Hermosa pues Servicio Penitenciario no les da el “cupo”. Además, los líderes de presos del internado han amenazado con tomar represalias si los llevan para allá. Entonces, la GNB debe correr con los gastos de alimentación y asignar funcionarios para la custodia de este grupo, en una instalación no apta.



El Dato

En 2011 la criminóloga Elsie Rosales participó en una investigación que abarcó el sistema penitenciario nacional. Determinó que, con el uso de los retenes policiales como si fuesen internados, la capacidad total para albergar detenidos se incrementaba 30% aproximadamente. En ese momento el número real de privados de libertad en el país era de 70.000 personas.