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Ganaderos, empresarios e indígenas se oponen a medidas sobre desarme

Armas decomisadas por la GN/ Cortesía @JorgeGalindoMIJ

Ajustes de cuenta y problema de convivencia causan una violencia más letal / Cortesía @JorgeGalindoMIJ

Apure, Amazonas y Carabobo son las entidades donde más se cuestiona la suspensión al comercio de armas y municiones. Aborígenes no quieren que les quiten sus herramientas de caza

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La consulta nacional realizada por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme indica que hay importantes sectores del país que se oponen mayoritariamente a las restricciones impuestas por el Ejecutivo sobre el comercio y portes de armas.

Los empresarios, indígenas y ganaderos, por ejemplo, no están de acuerdo con la suspensión temporal de la comercialización de armas y municiones. En el caso de los trabajadores del agro, 61,7% tampoco cree conveniente la suspensión temporal de los portes de armas. Según el informe, el desacuerdo de los aborígenes se fundamenta en que la escopeta "constituye una herramienta de la que deriva buena parte de su sustento a través de la cacería". Los indígenas consultados propusieron que se haga una excepción con ellos. Los ganaderos también quisieran que el Gobierno les permita portar sus armas. Una de las razones, señala el documento, es que "el problema no son las armas en manos de personas honestas que las utilizan para la autodefensa (sic), sino las que portan las personas que delinquen". Los integrantes de este gremio no creen que actualmente se pueda promover normativas sobre la materia debido a la "desconfianza en el Gobierno y en la honestidad de los cuerpos de seguridad para la implementación de esta medida".

La "consulta nacional" se llevó a cabo a través de varios métodos. En total, fue sondeada la opinión de 20.745 personas sobre tópicos relacionados con armas y procesos de victimización. El informe consta de 340 páginas. De acuerdo con el documento, hay un consenso casi generalizado en cuanto a la necesidad de imponer controles estrictos. Por ejemplo, la suspensión temporal de los portes fue apoyada por 88% de los consultados, mientras que las medidas contra la comercialización de armas y municiones tuvo un respaldo de 80,5%. Aun cuando los facilitadores y administradores de las encuestas estaban identificados como empleados de un despacho del Ejecutivo, encontraron importantes grupos de personas opuestas a la suspensión de los portes en Trujillo (37,3%) y Guárico (25,7%). En Apure, la mayoría de los consultados (50,7%) rechazó la prohibición al comercio de armas y municiones, y en Amazonas la cifra fue casi igual (49,3%). En Carabobo la cantidad también fue alta (32,1%).

Problemas de convivencia

La comisión presidencial determinó que la experiencia de la gente con las armas se da mayoritariamente en situaciones de robo. Pero la violencia más letal asociada al uso de armas ocurre en casos de ajustes de cuenta e incapacidad para resolver conflictos en forma negociada. El informe señala que esto refleja "una ausencia de mecanismos de autorregulación y resolución de conflictos por la vía pacífica".

El problema va asociado a la desconfianza generalizada en las autoridades. De los entrevistados, 37,9% reconoció no haber denunciado la agresión de la que fueron víctimas. En el documento se indica que el poco interés es consecuencia del "hastío por la impunidad, el riesgo que supone que se devele al denunciante por fuga de información y que el denunciado, además de quedar impune, tome retaliación". La conclusión es similar a la del sondeo de victimización realizado en Caracas por la Alcaldía de Chacao. En la consulta, los cuerpos de seguridad solamente tuvieron alguna actuación en 45,6% de los casos denunciados. El informe concluye que la capacidad de respuesta de estos organismos “es insuficiente".

Cipriano Heredia: "Estamos indefensos"

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Manuel Cipriano Heredia, confirmó que la mayoría de los integrantes del gremio se opone a las restricciones aplicadas por el Ejecutivo en materia de desarme, por considerar que los coloca en minusvalía frente a las bandas de cuatreros y secuestradores. "Aquí se quiere restringir el uso de armas para personas que están debidamente registradas, seleccionadas en bases de datos con toda la información, con registros balísticos y pruebas psicotécnicas, que son personas preparadas para portar armas", dijo.

Indicó que las armas de fuego son utilizadas por delincuentes "a los que esa ley no llegará". "Estamos indefensos. No tenemos colaboración de los organismos de seguridad del Estado. En ese contexto, las armas, más que para agredir, intentan imponer cierto respeto, que los delincuentes sepan que encontrarán resistencia", señaló. Representantes de Fedenaga y de Confagan fueron recibidos por miembros de la comisión parlamentaria que elaboró uno de los dos proyectos de ley sobre desarme. Heredia aseguró que entre las medidas evaluadas estaba la de limitar los portes de ciertas armas al ámbito de las fincas. "Esta pudiera ser una nueva oportunidad para restringir a discrecionalidad nuestro sector, algo que hemos visto con otras leyes", dijo.