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Extorsionadores cazan a sus víctimas en páginas web

Foto Archivo El Nacional

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Los sujetos exigen pagos de hasta 100.000 bolívares para no atentar contra las víctimas. Algunos cuentan con cómplices en la calle

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En agosto, un comerciante de Mérida comenzó a recibir llamadas amenazantes. Los primeros dos intentos de contacto fueron rechazados por el empresario, en la creencia de que se trataba de un bromista. Luego, las amenazas subieron de tono: la voz masculina le advirtió en posteriores llamadas que si no pagaba 7.000 bolívares atentaría contra su familia.

El extorsionador le indicó ciertos detalles que le dieron a entender a la víctima que conocían su entorno personal. Asustado, entregó la cantidad exigida en una plaza de la ciudad. Las llamadas cesaron. Pero de acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Marcos Delgado, el pago de la “vacuna” no asegura el fin de las amenazas.

El dirigente empresarial indicó que este problema se ha agudizado durante los últimos meses con el desmantelamiento de los enclaves productivos. La extorsión se ha popularizado hasta tal punto allí que los montos pedidos por los delincuentes cada vez son menores.

Tras las rejas. La policía regional le ha asegurado a Delgado que la mayoría de las llamadas son hechas por internos del retén policial ubicado en la capital merideña. Pero un reporte del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional Bolivariana advierte que los internos de las colonias móviles de El Dorado, en el estado Bolívar, también estarían participando en la ola de amenazas que comenzó hace dos meses.

Los militares llegaron a esta conclusión luego de analizar los registros telefónicos correspondientes a las denuncias recibidas. Las víctimas son residentes de poblaciones como El Vigía, Nueva Bolivia, Tucani, Buenos Aires y Mucujepe.

Una fuente de la GNB informó que en todos los casos a las víctimas se les exige el pago de cantidades que van desde los 40.000 bolívares hasta 100.000 bolívares, generalmente en efectivo o también mediante la adquisición de tarjetas telefónicas.

Los delincuentes utilizan una línea Movilnet y, de acuerdo con las averiguaciones, todas las víctimas recientemente habían colocado sus datos personales en páginas web de libre acceso, con la finalidad de vender vehículos. Internet se convirtió en un banco de víctimas para los extorsionadores. El precio y el modelo de auto en venta eran utilizados por los delincuentes para ajustar sus peticiones.

Casos a granel. Algunos grupos de presos extorsionadores actúan con cómplices en la región donde viven las víctimas. Son los encargados de recoger y guardar el dinero. Parte de los fondos serían usados para la compra de armas de fuego.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de El Vigía, Lisandro Segura, informó que desde 2013 sostienen reuniones con representantes de los cuerpos de seguridad para tocar este tema y analizar las tendencias que toma la actividad delictiva en general.

“Hemos descubierto que son muchos casos. Piden que les compren tarjetas telefónicas o que les hagan depósitos. Algunas personas caen. Otras optan por seguir el consejo de no contestar más las llamadas, y eso queda ahí”, afirmó.

A El Dorado han sido trasladados internos que antes permanecían en cárceles de estados centrales del país. Un reporte del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la GNB, emitido en octubre de 2013, indica que los penales de San Felipe, San Antonio del Táchira, Los Llanos y Sabaneta son, en ese orden, los puntos donde se origina la mayoría de las llamadas extorsivas.

Funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario decomisan celulares durante requisas esporádicas en los distintos penales, pero aún no han ejecutado la promesa de activar los bloqueadores de señal.

Mujeres cómplices
El 6 de septiembre la Guardia Nacional apresó en Nueva Esparta a Rovelsy González y a Visneyris Armas, de 22 y 18 años de edad respectivamente, señaladas de formar parte de una banda de extorsionadores que opera desde la cárcel de Santa Ana. Las mujeres supuestamente eran las encargadas de buscar en páginas web datos sobre las posibles víctimas. Luego pasaban la información a los internos, quienes hacían las llamadas amenazantes.

En junio, la policía judicial y la GNB en Caracas procesaron varias denuncias sobre un grupo de supuestos sicarios que llamaba a residentes de Baruta para indicarles que los habían contratado para matarlos, pero que eso no ocurriría si la persona cancelaba cantidades que van de 30.000 hasta 100.000 bolívares.

El Dato
La semana pasada la policía judicial detuvo a una pareja que había cobrado 300.000 bolívares luego de extorsionar a un comerciante de Barquisimeto. La víctima fue contactada inicialmente por un reo del penal de Uribana, plenamente identificado.