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Criminólogos no han sido consultados sobre plan de pacificación 

Especialistas consideran que hay una excesiva disponibilidad de proyectiles a bajo precio en el mercado / Saúl Rondón

Especialistas consideran que hay una excesiva disponibilidad de proyectiles a bajo precio en el mercado / Saúl Rondón

Ex miembros de Conarepol y de la Comisión de Desarme coinciden en que se necesitan políticas para atender el problema de la violencia 

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El plan de pacificación que se concretaría a través de un decreto-ley emitido por el presidente es hasta ahora un secreto bien guardado.

Tres criminólogos que han trabajado en proyectos de seguridad del Ejecutivo aseguraron que no han sido consultados sobre el plan de pacificación y desconocen los términos del proyecto para disminuir la violencia criminal en el país.

La iniciativa es diseñada por funcionarios del Viceministerio de Política Interior y Justicia, a cargo de José Vicente Rangel Ávalos, quien además es secretario ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida.

Andrés Antillano, ex integrante de la Conarepol, observó que el término “pacificación” supone la existencia de un conflicto abierto como el que hubo en Centroamérica hace 30 años, cosa que en su criterio no está planteada en el país. Dijo que la idea de aminorar la violencia incluye la recuperación del monopolio de la fuerza legítima por parte del Estado.

Otro ex miembro de la Conarepol y redactor del Estatuto de la Función Policial, Luis Gerardo Gabaldón, indicó que es necesario dar a conocer los términos en que se daría la pacificación, para luego iniciar un debate que abarque a la mayor cantidad de sectores del país.

Keymer Ávila, docente de Criminología en la UCV y la UCAB, considera que el problema no es de leyes sino de gerencia y del trazado de una política que abarque a todos los niveles del gobierno (central, estatal y municipal), así como a todos los poderes del Estado.

“Este no es un problema legal sino de políticas”, afirmó.

Advirtió, además, que actualmente hay una desconexión entre los centros de generación de conocimiento y las instancias decisorias.

Desarme y colectivos. Las intervenciones públicas del presidente Nicolás Maduro sugieren que el Ejecutivo dará un lapso adicional para promover el desarme voluntario. Posteriormente se iniciaría una etapa de decomisos compulsivos.

Las normas para llevar a cabo estos procedimientos aún no han sido emitidas por el Ejecutivo. La Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones daba 180 días para elaborar y publicar el reglamento correspondiente. Este plazo expiró el 17 de diciembre.

Para Antillano, ex miembro de la Comisión Presidencial para el Desarme, “se perdió una oportunidad de oro”.

“No creo que la ley haya sido buena. No resuelve el problema de la disponibilidad de armas en manos de la población. El incremento de las penas por tenencia ilícita no resuelve nada. No se trata de una ley solamente, sino de una política que no existe”, aseguró.

Añadió que “la política de desarme tiene que ir con otra que genere confianza en la gente”.

Gabaldón expresó que en cualquier escenario manejado desde el gobierno, el tema del desarme será fundamental. “Cómo se hará es la gran pregunta. Hay que difundir información. Hay una cantidad de variables que actualmente dificultan sentarse en una misma mesa”, advirtió.

De acuerdo con Keymer Ávila, el desarme voluntario forma parte de una “dimensión simbólica” que es importante pero no suficiente para disminuir realmente el número de armas en poder de la población. “Esto debe estar acompañado con una regulación efectiva al tema de las armas. Hay que trabajar la inteligencia criminal. Conocer cómo es la relación entre los circuitos legales e ilegales de las armas. Esto no existe ahora”, dijo.

En el discurso presidencial, los grupos armados o colectivos y las bandas criminales parecieran estar en un mismo plano. En términos casi amistosos, el jefe del Estado los ha exhortado en varias oportunidades a que entreguen sus armas.

Antillano señaló que “se debe impedir por vía situacional, compulsiva o mediante negociación que particulares ejerzan la violencia en nombre del Estado y eso incluye a todos los actores armados del país”.

“No es aceptable que ningún grupo particular ejerza la violencia. Pero hay que estar claros en que la violencia en Venezuela no es esencialmente de grupos armados. Ellos son un problema de seguridad. Pero la gran violencia del país es ejecutada por jóvenes excluidos, en afirmación de su territorio”, indicó.

ElDato

Ex miembros de Conarepol y de la Comisión de Desarme coinciden en que se necesitan políticas para atender el problema de la violencia. Un aspecto pendiente para disminuir el número de homicidios en el país se refiere al control de las municiones. Andrés Antillano piensa que la disponibilidad de proyectiles sigue siendo muy alta. El precio que tienen en el mercado ilegal sigue siendo bajo. El marcaje de los usados por las policías no ha continuado y los inventarios no han sido convenientemente eliminados.