• Caracas (Venezuela)

Sucesos

Al instante

Denuncian instauración de un Estado policial

Cuestionan que un subsistema pretenda incorporar a la población a labores de inteligencia | Foto Cortesía Reportero 24

Cuestionan que un subsistema pretenda incorporar a la población a labores de inteligencia | Foto Cortesía Reportero 24

Patriotas cooperantes, Comandos Populares Antigolpes, Brigadas contra los Grupos Generadores de Violencia y la Fuerza de Choque de la FANB son algunas de las nuevas figuras

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El Informe Anual de Provea correspondiente a 2014 incluye un análisis retrospectivo de las nuevas instancias creadas por el gobierno nacional para consolidar lo que la ONG denomina un Estado policial.

El año pasado Provea había manifestado su inquietud por la actuación de grupos paramilitares y civiles armados que, con aquiescencia del gobierno, intervinieron en la represión de las manifestaciones de sectores de oposición que se llevaron a cabo entre febrero y junio

“Se experimentó un peligroso incremento en la actuación de estos actores. La capacidad de despliegue en varias ciudades del país en diferentes momentos y su actuación en coordinación con organismos policiales y militares constituyó un grave riesgo para los derechos humanos y son un indicador importante del crecimiento de estas agrupaciones y de las variaciones usadas por el Estado para enfrentar el descontento social”, se indica en el documento divulgado el 9 de junio.

Provea considera alarmante la promoción del enfrentamiento de pueblo contra pueblo mediante la delegación de funciones policiales en agrupaciones comunitarias afectas al proyecto de gobierno. “Lentamente se construye un marco jurídico que promueve la delación o sapeo como política de Estado para controlar y enfrentar la conflictividad social y la disidencia política. En ese sentido, durante el 2014 aparecieron indicadores claros sobre los primeros pasos hacia la construcción de un Estado policial”, se afirma en el informe.

Se recuerda que mediante la reforma a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en noviembre de 2014, se creó el denominado Sistema Popular de Protección para la Paz. La reforma establece la integración de organizaciones sociales junto a los poderes públicos estatales contra las amenazas a la seguridad interna: “Tal mandato puede estimular el enfrentamiento pueblo contra pueblo si se califican las acciones de disidencia y protesta como amenazas a la seguridad interna, creándose así escenarios para la violencia y la violación a los derechos humanos”.

Asimismo, el decreto 1471 desarrolla el Sistema de Protección para la Paz, crea el llamado subsistema popular que pretende incorporar a la población, a través de las organizaciones sociales, a labores de inteligencia contra quienes adversen al gobierno. Esa competencia, además, es atribución de las llamadas Salas de Batalla Social, que vinculan comunas y consejos comunales con las instituciones estatales.

Otras formas organizativas militarizadas fueron creadas y promocionadas desde el poder en el último año. Los Comandos Populares Antigolpe, las Milicias Estudiantiles y Campesinas, las Brigadas contra los Grupos Generadores de Violencia y la Fuerza Choque de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se suman a las Milicias Obreras —creadas en 2010— con el objetivo de enfrentar a sectores que protestan o disienten políticamente del gobierno mediante la participación de civiles y agrupaciones sociales y/o comunitarias.

“Tanto en el discurso de los altos funcionarios del gobierno como en el desarrollo de las normas se indica que se debe derrotar al enemigo interno. Todo disidente es visto como un conspirador y, por lo tanto, como un enemigo del Estado”, advierte la ONG.


Justicia sin rostro
Provea considera que con la creación de la Policía Nacional Anticorrupción, en noviembre de 2014, se dio el primer paso hacia una justicia sin rostro en Venezuela.

“La no identificación de los funcionarios en el proceso judicial afecta el debido proceso en la medida en que no pueden ser recusados, no se les puede interrogar y no hay una forma directa de controlar las actuaciones que realizan en la investigación. El hecho de que no se pueda interrogar directamente a los policías “sin rostro” es contrario a lo pautado por el artículo 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, se indica en el Informe Anual.