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Cuerpos de seguridad desconocen existencia de “paras” en Caracas

Entre Aragua y Guárico dos bandas armadas han crecido en  número y poder de fuego. Se trata de las organizaciones lideradas por hombres conocidos como Picure y Juvenal. Ambas tienen factores en común: más de 30  miembros en cada una; dedicadas al secuestro y la extorsión, y poseen  armas de guerra. Pero ninguna es calificada como “paramilitar” por los cuerpos  de seguridad | Archivo

Entre Aragua y Guárico dos bandas armadas han crecido en número y poder de fuego. Se trata de las organizaciones lideradas por hombres conocidos como Picure y Juvenal. Ambas tienen factores en común: más de 30 miembros en cada una; dedicadas al secuestro y la extorsión, y poseen armas de guerra. Pero ninguna es calificada como “paramilitar” por los cuerpos de seguridad | Archivo

Expertos señalan que la declaración del ministro de Interior y Justicia tiene intenciones políticas

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El 15 de mayo, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González, informó sobre el desmantelamiento de un grupo al que calificó de “paramilitar” en Filas de Mariches.

Según el funcionario, la organización denominada Gamma estaba comandada por Lidimo de Jesús Rosales Prieto. Su “jefe de logística” sería Alexander Prieto, y actuarían junto a Roberto Prieto Herrera y Cristiano Beltrán García. Todos ellos, afirmó, “seguro tienen vinculación del uso político”.

La banda adquirió su nombre debido a que tenía su base en el barrio Beta Gamma, un sector del municipio Sucre donde el gobierno central maneja proyectos de inversión a través de Corpomiranda y otros despachos. En junio de 2014, por ejemplo, los medios del Sibci divulgaron desde allí una intensa jornada de la Misión Barrio Adentro.

¿Un grupo “paramilitar” en el corazón de una comunidad declarada “socialista”? Según González, esta organización se dedicaba esencialmente a la extorsión. El caso fue investigado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Durante los allanamientos llevados a cabo la semana pasada fueron encontradas dos pistolas calibre 9 mm, municiones de ese mismo calibre y varios teléfonos celulares.

Extraoficialmente se conoció que la policía política inició estas averiguaciones luego del homicidio del comisario jubilado de esa institución Cosme Juan España, de 45 años de edad, ultimado de seis tiros el 23 de abril pasado, cerca del lugar conocido como Las Tres J.

España era jefe de Seguridad de una importadora ubicada en Mariches. Sus agresores no pudieron quitarle la moto ni el arma.

El director de Seguridad del municipio Sucre, Ángel Alvarado, informó que desde octubre de 2014, luego de la salida del general Miguel Rodríguez Torres del MRI, se notó un “florecimiento” de bandas dedicadas a la extorsión en Mariches y Petare Norte.

La situación fue notificada a la sucesora de Rodríguez Torres en el cargo, almirante Carmen Meléndez.

“Empezamos a trabajar la situación con la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc. Hemos detectado por lo menos tres grupos, y este Gamma sería uno de ellos”, explicó.

Objetivos políticos

Alvarado señaló que la afirmación del ministro González tiene un “sesgo político”, ajeno al resguardo de la seguridad ciudadana.

“Si cada vez que se hable de extorsión la van a asociar con paramilitares, entonces eso será en todo el país. En realidad, lo que hay aquí son grupos criminales”, sostuvo.

El discurso que asocia la actividad criminal con el paramilitarismo tiene varios propósitos, según la politóloga del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis) Francine Jácome. Por una parte, se trataría de reeditar la noción del “enemigo externo” para crear la convicción de que la criminalidad creciente es importada, en este caso, de Colombia con la supuesta complicidad de factores venezolanos. “Por otro lado, para enfrentarse a grupos paramilitares habría que hacerlo con militares. Entonces, vamos a una profundización de la seguridad (ciudadana) con armas y tácticas militares”, advirtió.

Sin embargo, aunque no hay una clara evidencia de la presencia de estos grupos en el país, el gobierno atribuyó a paramilitares los asesinatos del concejal Eliécer Otaiza, el abril de 2014, y del diputado Robert Serra, en octubre de 2014. Por el primer caso, fue detenida una veintena de jóvenes integrantes de la banda Los Menores; de ellos fueron condenados dos menores de edad, cinco enviados a juicio y uno está en espera de audiencia. Por el caso de Serra, fue señalado del crimen Leiver Padilla, alias "el Colombia", otras 10 personas fueron detenidas y enviadas al Sebin, entre ellas dos mujeres, y dos hombres son buscados.

Bandas criminales

Desde 2014 la policía judicial y la Guardia Nacional Bolivariana han elaborado distintos informes sobre la existencia de bandas delictivas, tanto en Caracas como en los principales estados del país, especializadas en el secuestro y la extorsión, delitos atribuidos a los paramilitares por el titular del MRI.

En el Distrito Capital, por ejemplo, operarían 27 grandes grupos delictivos especializados en esos delitos. Algunos de ellos poseen en su arsenal fusiles y escopetas, así como granadas y otras armas de uso privativo de la FANB. No obstante, ninguna ha sido calificada como “paramilitar”.

El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB (Conas) ha elaborado documentos similares sobre los estados andinos, y el Cicpc hizo lo propio en Zulia. También hay reportes sobre la región oriental del país.

Solamente se ha referido actividad de “paramilitares” en Táchira y Trujillo. En ambos casos, los grupos se dedican principalmente a la extorsión, pero se identifican claramente como células de importantes bandas criminales colombianas, como los Rastrojos, el Clan Usuga (antiguos Urabeños) y las Águilas Negras. En Táchira, por ejemplo, la GNB reportó 22 casos de extorsión asociados a esos grupos entre mayo y agosto de 2014.

¿Qué distingue a un grupo como paramilitar? El coordinador de Provea Rafael Uzcátegui explicó que deben ser estructuras jerarquizadas “que tengan como objetivo ejercer control social y político”.

Los grupos paramilitares intentan ejercer un control territorial. Jácome puso como ejemplo a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, que operan en Apure y han llegado a tener representantes en gobiernos locales del estado llanero.

Según el portavoz de Provea, el surgimiento de estas organizaciones ha sido tolerado y en ocasiones aupado por el Ejecutivo.

“Asumieron el nombre de 'colectivos', pero nosotros los llamamos paramilitares”, precisó.

La organización no gubernamental ha investigado los patrones de actuación de los grupos paramilitares. Notaron que con el pasar del tiempo tienden a degradarse, y se transforman en bandas armadas.

“Hacen un control territorial en lo político, pero luego terminan asaltando a sus víctimas, a los manifestantes. Fue un patrón que detectamos”, dijo.