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Condenadas por intentar desalojo irregular de una familia en Baruta

Ambas mujeres permanecerán recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques, estado Miranda

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Ante los medios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP), fueron condenadas la médico cirujano Fred Cristina Rodríguez (50) y la abogada Nilia Teresa Tigrera (61), quienes fraguaron el desalojo de una familia mediante la utilización de documentación falsa, hecho ocurrido el 10 de septiembre de 2011, en San Román, municipio Baruta del estado Miranda.

Durante el debate oral y público, el fiscal auxiliar 155° del Área Metropolitana de Caracas (AMC) para intervenir en las fases Intermedia y de Juicio, Christian Vivas, ratificó la acusación contra Rodríguez y Tigrera, por incurrir en el delito de uso de documento público falso, previsto y sancionado en el Código Penal.

Adicionalmente, a Rodríguez se le ratificó la acusación por el delito de usurpación de funciones, previsto y sancionado en la mencionada legislación.

De acuerdo con la investigación, el 30 de agosto de 2011, Rodríguez acudió a la Dirección de Protección Integral de la Familia del MP, donde alegó pertenecer al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y pidió el desalojo de una familia que habitaba en una vivienda ubicada en el sector San Román del municipio Baruta, quienes presuntamente tenían a un adolescente en situación de riesgo, debido al consumo de drogas de sus representantes.

De igual manera, Rodríguez y Tigrera entregaron un oficio a la Guardia Nacional, pero esta vez Rodríguez se presentó como abogada de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, con la finalidad de que los efectivos castrenses materializaran el traslado de los miembros de dicha familia a un refugio de Parque Central.

Luego, el 10 de septiembre de 2011, funcionarios del Ministerio Público y de la GN, se presentaron en el lugar para constatar la situación que se exponía en los documentos, pero evidenciaron que tal argumentación era falsa, pues las personas que habitaban el inmueble no tenían problemas ligados al consumo de sustancias estupefacientes, ni ninguna otra eventualidad.