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Colegio Médico de Táchira rechaza presiones por atender a manifestantes

Táchira: "Aproximadamente 5 estudiantes resultaron heridos de perdigón. 12 de enero #Ucat" dice @JR_Photographe Foto vìa @JR_Photographe

Foto vìa @JR_Photographe | Archivo

El gremio continúa evaluando las consecuencias del traslado de dos especialistas al Cicpc, para ser interrogados por cumplir con su labor

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Nelly Núñez, presidente del Colegio de Médicos del Táchira, expresó su rechazo por el sometimiento del que fueron objeto dos médicos del Hospital del Seguro Social de San Cristóbal por haber atendido a manifestantes que fueron heridos en protestas, pues eso pone en riesgo los juramentos éticos que hacen los profesionales de la medicina.

Núñez se refirió al caso de dos médicos residentes que fueron conminados por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a ofrecer declaraciones durante sus horas de trabajo luego de haber dado atención a un joven que habría resultado lesionado en las protestas de la madrugada en el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes.

“Rechazamos la manera cómo las autoridades pretenden llegar a cualquier servicio de nuestros centros de salud, tanto públicos como privados, y prácticamente llevarse a los médicos por la fuerza porque los conminan a tener que declarar en sus horas laborables. Debo aclarar que no somos médicos forenses; los médicos que están en las emergencias tampoco lo son. Por tanto, no pueden contestar algunas preguntas que tienen que ver con esa materia específica. Tampoco están obligados a dar los datos de identificación de un paciente y mucho menos a revelar el secreto médico, pues también eso está establecido en la deodontología médica y serían sujetos, entonces, de ser pasados al tribunal disciplinario”, dijo Núñez.

Luisana Carrillo, médico residente de Cirugía, y Carlos Piepel, residente de Traumatología, fueron buscados por funcionarios armados del Cicpc en el Hospital del Seguro Social, lo cual causó malestar entre los colegas que rechazaron la situación y lograron que ninguno de los dos especialistas fuera esposado.

Núñez confirmó que los directivos del centro hospitalario no estaban presentes cuando ocurrió el incidente con los policías. Dijo que desconoce si quienes quedaron encargados, terceros en la línea directiva, aplicaron sanciones a los médicos que protestaron por defender a sus compañeros que fueron buscados por los funcionarios policiales.


Estudiantes condicionan diálogo con el Ejecutivo
ANDREA MONTILLA

Representantes estudiantiles de la UCV, UCAB, UPEL, UCSAR, UNE y USM están en contra de iniciar un diálogo con el Ejecutivo, luego de que fuesen convocados a una reunión esta semana por Carmen Meléndez, ministra de Relaciones Interiores, para discutir sobre el tema de la seguridad en las casas de estudio. Pedro Contreras, consejero de la Facultad de Derecho de la UCAB, señaló que los dirigentes juveniles ponen como condición para dialogar que se derogue la resolución 8610; que Manuel Pérez, director de la PNB, ponga su cargo a la orden “por la violación sistemática a los derechos humanos”, y que se investiguen los últimos siete asesinatos de estudiantes ocurridos en febrero.

Ratificó que no están dispuestos a entablar conversaciones con el gobierno bajo las actuales condiciones. “Recibimos una llamada de la coordinación de la reunión con el ministerio. Fue en un tono raro y pidieron que informáramos cuáles eran nuestros partidos políticos. Eso demuestra que esto se está convirtiendo en un show político. No nos prestaremos a eso”, señaló Contreras.

La reunión con Meléndez había sido pautada para ayer a las 9:00 am, pero fue pospuesta para hoy a las 8:30 am, con la finalidad de que los voceros estudiantiles de la ULA, UDO y LUZ puedan llegar a Caracas para asistir a la convocatoria, informó Alfredo Graffe, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la USB, quien agregó que acudirá al encuentro, no en términos de “diálogo político” sino para exigir que se ponga freno a la represión y a la violencia.