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Colectivos, invasores y ex funcionarios damnificados controlan sedes de la PM

En el módulo de La Vega funciona una comuna y parte del espacio fue cedido a la PNB para la policía comunal | Foto: Williams Marrero

En el módulo de La Vega funciona una comuna y parte del espacio fue cedido a la PNB para la policía comunal | Foto: Williams Marrero/El Nacional

La supresión de la Policía Metropolitana, en marzo de 2011, motivó a algunos grupos a tomar varias instalaciones. Algunos continúan realizando labores que competen a los organismos policiales

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En la antigua comisaría Diego de Lozada de la Policía Metropolitana —también conocida como el destacamento 51— ubicada en la calle Real de Lídice, aún llegan denuncias de robos y solicitudes de la comunidad para pedir seguridad. Aunque el sitio ya no es una sede policial del Estado, sirve para que la Fundación Aquiles Bellorín realice actividades que competen a los cuerpos de seguridad.

“No somos colectivo. Somos una fundación que realiza actividades en pro de la comunidad y que representa a varios grupos culturales y deportivos. El único colectivo armado que tuvimos fue el Dispositivo Bicentenario que surgió luego de la eliminación de la PM. Como Caracas quedó sin policías, varios funcionarios activos nos vimos en la necesidad de reunirnos para brindar seguridad en el sector de Manicomio, en el Casco Central y en Los Mecedores. Hacíamos guardias desde las 7:00 pm hasta las 11:00 pm y con el Dibise y con la Guardia Nacional Bolivariana llegamos a articular para compartirnos la parroquia. Pero el año pasado nos separamos de ellos porque estaban con el 5 de Marzo”, dijo Richard Torrelles, que preside la fundación.

Mientras Torrelles muestra las áreas de su organización, varios abuelos comenzaron a llegar para asistir a una reunión en uno de los dos clubs que tienen para las personas de la tercera edad. También entran y salen madres que van al infocentro con sus hijos, al tiempo que otras mujeres dejan a sus niños para que asistan a las tareas dirigidas.

“Los vecinos confían en nosotros. Este lugar lo recuperamos para la comunidad. También tenemos un mercal, organizamos ferias de comidas y prestamos las instalaciones para reuniones del PSUV, de las UBCH y de la comuna Lídice. A veces recibimos denuncias de robo de motos y las atendemos. Si vemos una irregularidad, se lo comunicamos a la Policía Nacional Bolivariana o ellos nos piden apoyo”.

El 7 de noviembre se prendieron las alarmas de quienes mantienen el control de las antiguas sedes de la PM luego de que Carmen Meléndez, ministra de Interior y Justicia, ordenó que esos sitios fueran restaurados y se pongan en funcionamiento para la coordinación de labores del patrullaje inteligente. Aunque algunas estructuras están en poder de la PNB, de la GNB, Policaracas y el Ministerio de Interior y Justicia, otros fueron tomados por comunas, colectivos, invasores o familias de ex funcionarios de la PM que quedaron damnificados. Muchos están en condiciones precarias.

Ángel López vive en lo que era el área de dormitorios de la comisaría Pedro Emilio Coll en la zona 10 de la PM de la avenida Intercomunal de El Valle. En una instalación deteriorada y prácticamente en abandono, cuatro familias han improvisado sus viviendas después de la supresión del cuerpo policial.


“Me considero protector de una instalación abandonada”, dice mientras supervisa que los clientes que asisten al mercado popular del miércoles sean atendidos.

En la actualidad en esa antigua sede hay una extensión de la Universidad Bolivariana de Venezuela, una iglesia evangélica y un galpón que, además de albergar a una familia, es la sede de la Fundación Colectivo de Integración Socialista para la Ayuda Comunitaria, en la que una de sus representantes, Mireya Rivas, vende artículos de limpieza y de aseo personal que traen desde Charallave.

En el antiguo Distrito 61 de la Zona 6 de la PM, ubicado en Plaza Venezuela, funciona la Asociación Civil Pro Defensa de Jubilados y Pensionados de la Policía Metropolitana. Luego de la supresión de ese cuerpo, en esa sede hay 10 ex funcionarios damnificados y 5 familias de ex funcionarios que también residen en las instalaciones. Edgard Pinto, sargento mayor jubilado, es uno de los ex funcionarios que vive allí junto con su esposa e hijos de 13 y 8 años de edad.


La nueva ministra de Interior y Justicia tiene la responsabilidad de desalojar estos lugares o de cedérselos a quienes se han apropiado de ellos. Herlinda Colmenares, sargento primero jubilada de la PM, considera que la realidad que se ve en las antiguas sedes del extinto cuerpo policial se debe a que nunca se les dio el valor que merecían.

“La supresión de la PM y las jubilaciones de algunos funcionarios fueron prematuras. No vamos a permitir que nos saquen de aquí. Entre nuestros pendientes queremos recuperar el club social de la PM, que lo llegamos a mantener con nuestros recursos y que ahora está en poder de la PNB y de la Guardia”.