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Cicpc cesó enfrentamientos contra delincuentes luego de operación en el Manfredir

La orden de detención de 6 agentes de ese cuerpo y el acercamiento del gobierno a los colectivos desmotiva a los funcionarios, indican expolicías | Foto: Raúl Romero/El Nacional

La orden de detención de 6 agentes de ese cuerpo y el acercamiento del gobierno a los colectivos desmotiva a los funcionarios, indican expolicías | Foto: Raúl Romero/El Nacional

La orden de detención a 6 agentes de ese cuerpo y el acercamiento del gobierno a los colectivos desmotiva a los funcionarios, indican expolicías 

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Han transcurrido diecinueve días desde que una comisión de la policía judicial se enfrentó a miembros del Frente 5 de Marzo y del colectivo Escudo de la Revolución en el edificio Manfredir. Esta acción dejó un saldo de cinco muertos, pertenecientes a las referidas agrupaciones. Entre ellos el sargento jubilado de la PM Jose Miguel Odreman, líder del Frente 5 de Marzo, y Carmelo González, jefe de Escudo de la Revolución. Todos ellos se definieron en algún momento como defensores del proceso político encabezado por el extinto presidente Hugo Chávez.

Una de las secuelas de ese procedimiento fue la orden de detención contra seis funcionarios: el comisario Roger Antonio Graterol Gómez, jefe de la División contra Robos; Víctor Édgar Rondón Romero (Subdelegación El Paraíso), Ramón Raúl Poleo Andueza (División contra Homicidios), Luis Jonathan Santander Mejías, Pedro José Gómez Ramos y Yostin Reinaldo Brito Ugueto. Fue emitida un juez de control el jueves 16 de octubre, es decir, nueve días después del suceso, en atención a la solicitud formulada por el fiscal 39 de Derechos Fundamentales Juan Barradas.

Otra consecuencia fue el cese casi definitivo de los enfrentamientos entre funcionarios en ejercicio de sus labores y supuestos antisociales. La orden fue impartida el 9 de octubre.

Desde entonces, los agentes de Cicpc solamente han participado en dos procedimientos con fallecidos. Uno fue en Mérida el domingo 19 de octubre. Allí murió el adolescente de diecisiete años de edad José Chourio Navas, quien al parecer protagonizó una situación de rehenes en un local comercial. El segundo ocurrió el viernes, en Cabinas. Las comisiones de la policía judicial ultimaron a Girwin Jhoan Gutiérrez Argüello, cabecilla de una banda dedicada al sicariato.

Precauciones

Desde la operación en la avenida Sur 4, la policía judicial está a la defensiva.

La luz roja en cuanto al despliegue de sus agentes salió junto a otras directrices, impartidas en circulares y “órdenes del día”. Por ejemplo, se reforzó la vigilancia en las comisarías del municipio Libertador, donde operan los colectivos armados. En las de El Paraíso y Propatria se hicieron perímetros de seguridad a los que no pueden acceder vehículos sin autorización.

Al mismo tiempo, cada dirección debe aportar agentes todos los días para la vigilancia en los alrededores de la central de la avenida Urdaneta. Allí también han emplazado a funcionarios para que cumplan sanciones por actos de indisciplina, los fines de semana.

Además, se prohibió hasta nuevo aviso el uso de motocicletas con insignia de la institución. Las comisiones que salgan a las calles deberán estar conformadas por un mínimo de cuatro agentes, todos resguardados con chalecos antibalas, y trasladados en automóviles o rústicos.

Todo esto ha mermado la capacidad operativa de Cicpc. Entre algunos funcionarios hay descontento porque sienten que los colectivos nuevamente han puesto en jaque a la policía. 

Tenían autorización

El comisario jubilado de Cicpc José Cuéllar explicó que la operación en el edificio Manfredir tuvo dos momentos. El primero, cuando se hizo un allanamiento en la madrugada del 7 de octubre. Entonces ocurrió un primer tiroteo que dejó un fallecido. Posteriormente, tres funcionarios de la División de Aprehensiones (antigua Capturas) fueron rehenes de los colectivos que operaban en el referido inmueble. Se solicitaron refuerzos a todas las unidades de la institución. “Esta situación fue algo nunca visto. Primera vez que un grupo armado toma rehenes a agentes”, afirmó.

Indicó que la operación de rescate de los rehenes, en la que hubo cuatro fallecidos, tuvo que ser del conocimiento previo del titular de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, y además debió contar con la autorización del comisario Sierralta.

“Ahora, los que tuvieron autorización para actuar están abandonados y solos”, afirmó.

Según Cuéllar, si el director de Cicpc dio la orden de rescatar a los agentes “lo más honrado en este momento para él es renunciar”.


Celeridad fiscal

El comisario jubilado Luis Rodríguez Vieira coincidió con Cuéllar en que la superioridad de Cicpc parece haber desamparado a los funcionarios imputados por el caso Odreman. Esto ocasionaría la “desmotivación” de los efectivos de más bajas jerarquías.

Indicó que la decisión de aprehender a seis funcionarios de la policía judicial se sustentó en experticias de comparación balística, sin tomar en cuenta otros elementos.

El subcomisario jubilado Francisco Javier Gorriño dijo que la detención de los seis funcionarios fue ordenada por razones políticas, para hacerle una concesión a los colectivos.

“Otros procedimientos con las mismas características y con personal de jerarquía y experiencia no han terminado con las detenciones de estos funcionarios”, dijo.

Gorriño, quien además es docente de criminalística, no cree que en los próximos días ocurran destituciones de directivos de Cicpc, como han pedido miembros del Frente 5 de Marzo, que el jueves marcharían a la Fiscalía para exigir que Rodríguez Torres y Sierralta asumieran la responsabilidad por lo ocurrido. En su criterio eso tomará más tiempo. “Si los destituyen ahora, los colectivos serán dueños del país”, advirtió. Por la salida del ministro, anunciada por el Presidente el viernes, se podría suponer que los colectivos lograron parte de su cometido.