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"Queremos justicia, un juicio abierto y respuesta pronto"

Familiares señalan a tres funcionarios del Cicpc como autores del cuádruple | Foto: Robert Vísaez

Familiares señalan a tres funcionarios del Cicpc como autores del cuádruple | Foto: Robert Vísaez

Los entierros serán a las 10:00 am y a las 4:00 pm, aunque el luto en las calles se percibe desde el domingo

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La calle 2 del sector Las Viviendas de Playa Grande, parroquia Bolívar, amaneció de luto por la muerte de tres pescadores de mejillones y un mecánico que fueron asesinados el sábado a las 11:20 de la noche cerca de la escuela Las Azucenas, en Carúpano, municipio Bermúdez, estado Sucre.

Fueron identificados como Jean Carlos Suniaga Moreno, de 20 años de edad; los hermanos Daniel José Salazar Rodríguez, de 26 años de edad y Jesús Alberto Salazar Rodríguez, de 23 años de edad, y Carlos del Valle Millán, de 56 años de edad.

Por la ausencia de patólogo a la 1:30 pm fue cuando entregaron los cadáveres de Del Valle Millán y Suniaga Moreno, en la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci. Los cuerpos de los hermanos los entregaron después de la 2:00 pm. Para hoy a las 4:00 pm está pautado el funeral de los tres pescadores en el cementerio de Carúpano, mientras que al mecánico lo enterrarán a las 10:00 am en San José de Aerocuar.

Ángel Salazar, hermano de dos de los pescadores, relató que ellos salieron para una fiesta en la moto del mecánico y de Suniaga Moreno para asistir a un cumpleaños de una niña de 5 años y que al salir les dispararon.

Salazar Rodríguez le dijo a su hermano que quienes los habían tiroteado eran funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, entre los que se encontraba el jefe de ese cuerpo policial, comisario Luis Carlos Marcano. Salazar Rodríguez murió en la madrugada.

Posteriormente los habitantes de Playa Grande y algunos familiares salieron a la vía nacional Carúpano-Cumaná a protestar por el crimen. Los familiares de los pescadores admitieron que la situación se salió de control, pero ellos no participaron en los hechos porque se fueron a la morgue a buscar los cuerpos.

Los dos hermanos dejan tres niños huérfanos. Ángel Salazar, hermano de las víctimas, dijo que los habitantes cesaron la protesta porque les prometieron un juicio justo, pero si no resuelven el caso ellos tomarán medidas de protestas otra vez.

“Queremos que se haga un juicio abierto. Queremos una repuesta pronto”, dijo Salazar.

Los familiares del mecánico Carlos Del Valle Millán, de 52 años de edad, señalaron que ellos no estaban el domingo en Carúpano y que desconocían los disturbios. Condenaron la forma cómo murió Millán, quien ofrecía sus servicios al Cicpc.

Yoleida Villaroel, tía de Jean Carlos Suniaga Moreno, está apenas superando la muerte de su sobrino Andriu Gamboa Moreno, un guardia nacional que fue asesinado en Caracas hace un mes.

“No es justo lo que pasó. Hay que dejarle eso a la justicia; eso no se puede quedar así”, dijo.

Tensa calma. Las clases fueron suspendidas en la parroquia, pero las actividades comerciales continuaron su curso. En las calles se observó movimiento policial y militar inusual, por lo que entre los habitantes se corrió la voz de un toque de queda. Sin embargo, la Gobernación de Sucre desmintió esa versión.

“Vamos a hacer que todo el peso de la ley recaiga sobre quienes hayan sido responsables de este hecho. Aún no se ha establecido si los funcionarios son culpables de esas muertes; por eso hay que esperar que las investigaciones avancen”, dijo el gobernador Luis Acuña.

La Fiscalía imputará al comisario Luis Carlos Marcano y a los detectives José Fernández Cabrera y Cesar Rondón Alcalá por incurrir presuntamente en delitos establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano. También la Guardia Nacional Bolivariana participará en las investigaciones de la muerte de los cuatro hombres.

La versión que maneja el Cicpc es que una comisión se acercó al lugar de los hechos luego de recibir una llamada que indicaba que en el sitio se había presentado un tiroteo. Al parecer el comisario y los detectives llegaron por separado al sitio.

El subdirector de la policía judicial, Douglas Rico, indicó que será el Sebin el organismo que se encargue de establecer responsabilidades sobre los destrozos causados. Usarán videos y fotografías para identificar a los líderes del disturbio.

Rico agregó que hay cuatro unidades afectadas. “Se llevaron evidencias de todos los casos”, dijo, y aseguró que después de la toma de la sede, dos armas fueron hurtadas.

Testigos indicaron que los saqueadores se llevaron computadoras, armas, municiones y granadas de la sala de evidencias. Las instalaciones permanecen custodiadas por el Sebin y el Cicpc.

Llamado a la calma

Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, instó a la población a permanecer en calma y a esperar a que el caso sea resuelto por la justicia venezolana. 

“Estén en calma; nunca hemos alcahueteado a funcionarios que cometen violaciones de esa manera. Posiblemente puede haber ocurrido un ajusticiamiento por parte de un funcionario del Cicpc (…). Condenamos cualquier abuso de autoridad categóricamente", expresó.

Garantizó a la ciudadanía que si se determina que hubo violación a los derechos humanos por parte de los funcionarios acusados por la población, están dispuestos a sancionar a los culpables según la ley. 

Informó que el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas no participará en las investigaciones del hecho e indicó que será el Ministerio Público el organismo encargado.

Otros casos

El de 31 mayo la población de Cabruta, en el estado Guárico, quemó parcialmente las instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana en protesta por la muerte de Jesús Pérez, de 21 años de edad, que fue detenido en su casa por los militares y luego fue encontrado sin vida con señales de tortura.

El 14 de julio un grupo de vecinos, en Petare, rompió la fachada, pintó grafitis e intentó quemar el módulo de la GNB que se encuentra al final de la avenida Francisco de Miranda. La ira se originó por la muerte de Edwin Rivero Calderón, 20 años de edad, quien fue presuntamente ultimado de un tiro por una comisión de funcionarios de ese cuerpo de seguridad, adscritos al plan Patria Segura.

El 27 de julio en la Guajira la muerte a tiros de una wayúu, identificada como Zoe del Carmen López, de 24 años de edad, originó una protesta en la morgue de un hospital de Maracaibo para denunciar que la joven fuera tiroteada por presuntos funcionarios del Ejército.

La Cifra

1.500 familias habitan en Playa Grande. Las clases en la parroquia Bolívar fueron suspendidas ayer, pero las actividades comerciales se realizaron de manera regular.