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Un año de conflictos persistentes en penales, retenes y comisarías

Dos reclusos heridos fueron trasladados al Hospital Central de Barquisimeto ayer en la mañana | Foto @andreinabaduel

La cárcel de Uribana | Foto @andreinabaduel

El hacinamiento y la restricción de visitas y alimentos detonaron las protestas de reclusos y familiares. Uribana, en Lara, dejó en evidencia el fracaso de las políticas del Estado en materia carcelaria

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Jaime Leal ha dedicado su vida a la mecánica. Ahora invierte buena parte de su tiempo en asesorarse en materia legal y en derechos humanos para exigir que el Estado investigue las circunstancias en las que murió su hijo Cleiver de Jesús Lucena Goyo, de 22 años de edad, uno de los 50 reclusos de Uribana que fallecieron intoxicados. Pero él y el resto de su familia desconfían de la versión gubernamental sobre los hechos que ocurrieron en el penal larense el 24 de noviembre.

“Quedé en shock cuando vi a mi hijo en la morgue. Estaba flaco, con moretones en los brazos, en las piernas y en la cabeza. Si murió intoxicado, ¿por qué estaba golpeado? No creo que mi hijo se haya intoxicado por su cuenta. El gobierno debe darnos una respuesta porque la muerte de Jesús y de los otros presos demuestra que el sistema carcelario en el país es muy deficiente”, aseveró.

Asegura que desde que entró en vigencia el Nuevo Régimen Penitenciario no permitían llevarle comida a su hijo y las visitas las tenía restringidas a una por mes: “Espero que las autoridades reflexionen para que no vuelva a ocurrir una tragedia como esta”.

La crisis de intoxicados en Uribana fue un conflicto sin precedentes en la historia penitenciaria del país. Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, advierte que no ha habido una investigación transparente de este caso, y añade: “Hemos visto cómo nada ha mejorado en materia carcelaria y tampoco hay intenciones de cambiar”.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, también tiene sus reservas sobre el Nuevo Régimen Penitenciario: “Es un plan que vulnera los derechos humanos. Hasta el Comité contra la Tortura hizo un llamado al Estado por hacer orden cerrado en los penales. Los organismos internacionales han tenido la lupa puesta sobre Uribana desde años anteriores. Por ejemplo, la Corte Interamericana se pronunció en febrero de 2007 para que en ese establecimiento no murieran más personas en motines y coliseos”.

Radiografía de un fracaso

Pese a que el gobierno ha exhibido a Uribana como una cárcel modelo del Nuevo Régimen Penitenciario, 2014 dejó en evidencia que la conflictividad allí no ha cesado. El detonante ocurrió en noviembre pasado cuando los reclusos se declararon en huelga de hambre para exigir la renuncia del director Julio César Pérez. Después del ayuno voluntario se registró el primer caso de intoxicación. Incluso, algunos reos que fueron trasladados a otros penales como Tocorón y la Penitenciaria General de Venezuela durante los dos primeros días de la protesta también fallecieron a pocas horas de llegar a su destino.

A un mes del último conflicto registrado en Uribana la situación en ese penal es incierta. Algunos familiares de reclusos aún desconocen si sus parientes fueron trasladados a otros centros o si están entre los intoxicados.

Un régimen de estrictas normas y poca comida

A mediados de año, la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, informó que el Nuevo Régimen Penitenciario, que obliga a los reos a utilizar uniformes –amarillo los hombres y fucsia las mujeres–, hacer formación militar, someterse a requisas diarias y pase de lista, y prohíbe que los familiares lleven alimentos, se aplica en 14 de los 50 centros de reclusión del país. El plan, que busca restituir la disciplina en los penales, tiene cuestionamientos en cuanto a sus normas de conducta, alimentación, aprovisionamiento, entre otros.

Prado, del OVP, calculó hace unos meses que de acuerdo con los sondeos y las denuncias que recibe la organización que dirige, 60% de los presos no recibe la comida de las cárceles: “La alimentación se tiene que calcular con lo que diga un nutricionista. Y también podría haber indicios de corrupción porque si solo 40% de los reclusos consume la comida que dan en los penales, ¿quién se queda con el resto del presupuesto? Se debe evaluar que la alimentación que les dan no es lo que representa el monto aprobado”. Esto lo decía porque en el informe 2013 de la ONG se detalló que el Ministerio de Servicio Penitenciario invirtió 14 bolívares diarios en la comida de los reos.


Muchos presos, pocas cárceles

Otra crítica del OVP a la política carcelaria en Venezuela es la eliminación de centros penitenciarios en algunos estados del país, lo que ha propiciado el hacinamiento en comisarías y retenes, donde además se registran constantes protestas de familiares y presos, además de fugas y evasiones.

Tal es el caso de Caracas, donde dejaron de existir el retén de La Planta, años antes el Internado Judicial de El Junquito, así como el retén de Catia, pero no ha habido estructuras alternativas. A cambio, los detenidos son enviados a las comisarías de los cuerpos de policías locales, regionales y nacionales donde pueden pasar meses e incluso años, en una ciudad que tiene el circuito judicial más grande del país.

En el informe que el Observatorio presentó del primer semestre de 2014 daba cuenta que los 32 penales que hay en el país albergan una población penitenciaria de 55.007, y que el hacinamiento es crítico, de 190%, pues el excedente era de 36.007 reclusos.


Zulia

A un año del cierre de la cárcel de Sabaneta la tensión que se respiraba dentro de sus muros se trasladó a los Centro de Arrestos Preventivos de Zulia. El gobierno regional está a cargo de tres de estos retenes –es el único estado del país que los tiene–, entre ellos el de Marite, en Maracaibo, donde en 2014 se registraron dos homicidios –uno de ellos el Día del Padre– y ocho de evasiones de presos, entre la que destacó la de una mujer que salió por la puerta principal un día de visita. Al otro lado del lago de Maracaibo, en Cabimas, una lucha de poder entre dos pranes que formaban parte del mismo bando finalizó con ambos reos muertos en un hecho ocurrido en el retén de la localidad el 18 de diciembre.

 Sucre

En Guaca, estado Sucre, el Ejecutivo inició el movimiento de tierras para construir un centro de procesados. Sin embargo, la propuesta recibió críticas. Por ejemplo, el legislador regional Paúl Elguezábal considera que en ese lugar no hay condiciones para albergar reclusos, porque se prevé que allí también funcionen los tribunales: “Debe haber una cárcel en Cumaná y otra en Carúpano; está mal concebido el proyecto”.
Una constante en Cumaná son las manifestaciones de los familiares de detenidos, que en ocasiones trancan calles para denunciar el hacinamiento en la comisaría del Instituto Autónomo de la Policía del estado (Iapes), pues en Sucre no hay centro penitenciario, mientras que sus parientes entre rejas emprenden huelgas de hambre y otro tipo de protestas. Reclaman que en cada celda hay 78 detenidos cuando debería haber solo 13. En el calabozo de la comisaría policial hay capacidad para 150 presos, pero alberga 734. En cada celda solo hay un baño; las moscas y la insalubridad reinan en el lugar. Además, aseguran que por el poco espacio no pueden recibir visitas, que se turnan para dormir y a veces lo hacen unos encima de otros; que no tienen agua y les quitan la luz.

Este año los familiares de los presos, legisladores de la Comisión de Política Interior y Justicia del Ejecutivo regional y representantes de la Gobernación se ha reunido para llegar a acuerdos sobre la situación de los reclusos del Iapes.

Táchira

En el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, Táchira, comenzó a implementarse el Nuevo Régimen Penitenciario. En marzo fue asesinado un recluso; en abril otros dos y 14 personas resultaron heridas durante la visita por enfrentamientos. Al finalizar ese mes, los reos se mantuvieron en conflicto varios días, y como resultado hubo cinco presos muertos, que fueron colocados en neveras en el mismo penal para tratar de conservar los cadáveres. La ministra Iris Varela ordenó la evacuación del CPO I, por lo que 1.049 reos fueron trasladados a otros 6 centros. En  noviembre y tras reparaciones en la estructura, 100 reclusos regresaron al recinto. En julio, el director del Anexo de Procesados Militares en Táchira, coronel Carlos Hernández Torres fue detenido por Contrainteligencia Militar en un centro comercial acompañando a un recluso acusado por extorsión que se hacía tratamientos estéticos. También es investigado por la evasión de hombre sentenciado a 24 años de prisión por el delito de narcotráfico.

Carabobo

Luego de una fuerte rivalidad entre 2 bandas que coexistían en el Penal de Tocuyito y que dejó 5 muertos y 8 heridos, el Ministerio de Servicios Penitenciarios inició a principios de octubre el traslado de 2.000 reclusos hacia otros centros penitenciarios. La ministra Iris Varela informó que las áreas desalojadas de Tocuyito serían reparadas y que se convertiría en un “centro de paz”. Después del desalojo de una importante área fueron incautadas 69 armas y 4961 municiones de diversos calibres, así como droga, teléfonos celulares y sus baterías. Varela ofreció además que en diciembre sería inaugurada una edificación que está en construcción a un lado del penal y que albergaría a 1.400 reclusos. 2014 hubo protestas de familiares que exigían celeridad en los casos de sus parientes porque el retardo procesal era el mayor reclamo de los detenidos.

Miranda

En las cárceles de Yare y Rodeo también hubo situaciones de conflicto en 2014. El fin de semana justo antes de ocurrir la crisis en Uribana, se suscitó un enfrentamiento entre la GNB y reos de Rodeo III en el que hubo 2 muertos y por lo menos 8 heridos –2 de ellos mujeres– que manifestaban afuera del recinto. Pero los calabozos de las comisarías policiales de Miranda registraron constantes problemas debido al hacinamiento. En septiembre 42 detenidos se evadieron  de la subdelegación del Cicpc en Los Teques. Allí hay capacidad para 40 personas y antes de la fuga había más de 140. También se presentaron situaciones de este tipo en el Coliseo de La Urbina (Polisucre) y en los calabozos de la Policía de Independencia. Al respecto Elisio Guzmán, director de Polimiranda, declaró: “Los policías nos hemos convertido en cuidadores de presos, por lo que más que nunca se pierde la investigación. El hacinamiento es una bomba de tiempo”. A lo que Humberto Prado, del OVP, añadió: “Las comisarías no tienen a dónde llevar presos si no es a los penales de Miranda”.


Las cifras
 
1.463 personas murieron y 2.259 resultaron heridas en distintos centros carcelarios desde el 26 de julio de 2011 –cuando fue creado el Ministerio de Servicio Penitenciario– hasta el 30 de junio de 2014, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones
 
110 presos murieron y 150 resultaron heridos en conflictos registrados en diversos penales los primeros 6 meses de 2014
 
50 presos de Uribana murieron en 2014 por presunta intoxicación; 39 de ellos en Barquisimeto, 5 trasladados a Tocorón y otros 6 enviados a la PGV