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Bandas ganan territorio ante pasividad oficial

Hechos con delincuentes de Maracay y Nueva Esparta demostraron poder y dominio territorial ante las autoridades, señalan expertos

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Especialistas en criminalidad aseguran que las pandillas se han convertido en mafias y han tomado el control de diferentes zonas del país, como lo demuestran los casos violentos ocurridos en Maracay y en la cárcel de San Antonio, en Nueva Esparta. Para el gobierno no ha sido prioridad la seguridad ciudadana.

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, señaló que estos sucesos demostraron el poder y dominio territorial de las bandas ante las autoridades estadales.

“El gobierno ha tenido una confusión política e ideológica muy grande al creer que todos estos individuos son víctimas del capitalismo y que hay que hacer políticas diferentes de seguridad. Esa confusión ideológica de no utilizar a la policía, como debe ser, y no ejercer represión porque eso es propio de políticas de la derecha, han llevado a situaciones en las que el gobierno ha perdido territorio y ha retrocedido en sus funciones que han sido ocupadas por grupos violentos, y se ha perdido la vida civilizada regida por reglas y leyes”, dijo.

Briceño León agregó que en ambos casos se observa una convivencia con el delito, como es la foto de Iris Valera, ministra del Servicio Penitenciario, con Teófilo Rodríguez Cazorla, alias Conejo, ex pran de la cárcel de San Antonio en Nueva Esparta, o fotos de funcionarios con integrantes de bandas.

El gobierno ha ejecutado 3 planes de seguridad en los que se pasó de 4.500 homicidios a 17.000, indicó Luisa Ortega Díaz, fiscal general. Briceño León señaló: “Los planes no han sido eficientes porque no se han aplicado adecuadamente y tampoco han tenido evaluación y disposición real de que se cumplan”.

Fermín Mármol García, abogado y criminólogo, indicó que lo que sucedió en los centros penitenciarios del país fue que el gobierno entregó el control parcial de estos sitios a los privados de libertad, a cambio de que no protestaran y no pensaron que con el paso del tiempo esto traería como consecuencia un costo político que ahora el Estado no quiere reconocer.

Mármol García explicó que las cárceles se han convertido en industrias para los presos, que han invadido parte del tejido social porque dentro de los penales se planifican acciones delictivas.

“Las megabandas que existen en el país se han consolidado y han crecido porque poseen más cantidad de armas de fuego, movilidad de mucho de dinero y cada día se unen más integrantes”, señaló.

Agregó que el gobierno alentó estructuras de autodefensa que generaron crímenes y se salieron de sus manos. “Ha sido un proyecto político que ha tenido otras prioridades y no la seguridad ciudadana. Los presidentes marcan la prioridad en las políticas públicas y mientras no tengamos un gobernante que tenga como premisa la seguridad ciudadana, esta situación no se va a resolver”.