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Arrancó plan especial para descongestionar retenes

Hay una falla estructural de los encargados de hacer los traslados

Hay una falla estructural de los encargados de hacer los traslados

30% de la fuerza policial del país está dedicada a cuidar y a trasladar detenidos, dijo el defensor Tarek William Saab. 2.000 aprehendidos están sentenciados

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El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, anunció el inicio de un plan especial mediante el cual descongestionarán los retenes policiales de todo el país para acabar con el hacinamiento de detenidos que mantiene ocupado a 30% del personal policial.

Explicó que fundamentado en la Constitución y la ley se intentará darle un trato justo a los detenidos en relación con el derecho que tienen a la justicia, al debido proceso y a la defensa.

En una reunión que se realizó en la sede de la PNB, en Boleíta Sur, antigua Zona 7 de la PM, Saab estuvo acompañado por Susana Barreiros, defensora pública de presos, y por  Giuseppe Casioppo, viceministro del Sistema Integrado para Relaciones Interiores y Justicia. William Saab dijo que es la tercera acción prevista desde que la semana pasada se instaló una mesa de trabajo con representantes de los distintos organismos corresponsables del sistema carcelario.

Agregó que la primera fase de este operativo durará tres meses y abarcará todo el país porque el objetivo es descongestionar los retenes policiales.

Reiteró que 30% de los funcionarios policiales del país está a dedicación exclusiva para custodiar a los privados de libertad, en vez de estar en las calles previniendo y reprimiendo el delito, lo cual calificó de “falla estructural gravísima que va más allá del derecho a la justicia que tienen estos venezolanos y venezolanas”, indicó.

Con las acciones emprendidas se busca proteger los derechos humanos de los presos que se encuentran en situación irregular. “De casi 24.000 privados de libertad que hay en centros policiales, 2.000 están sentenciados y deberían ser transferidos a centros de reclusión tal como lo establece la ley”, dijo.

Entretanto, se está elaborando un protocolo conjunto con el TSJ, la Defensoría Pública y la Fiscalía en el cual se va a “pulir una base tecnológica” que permita, además de identificar a los privados de libertad, también la causa por la cual están procesados o fueron sentenciados.

Calificó como otra debilidad la falta de traslado de los detenidos a los juzgados, lo que llamó “falla estructural de quienes están encargados de hacer los traslados”.

No descartó que en esto estén involucrados funcionarios policiales en busca de sacarle provecho a la situación.

El viceministro Casioppo dijo que de los 101.000 funcionarios policiales que hay en el país, 25.000 cuidan a los privados de libertad, los llevan a tribunales y a centros de salud lo cual disminuye la presencia policial en las calles.

Agregó que es necesario revisar a fondo el hacinamiento en las policías y continuar depurando los cuerpos policiales ante algunas desviaciones de funcionarios.