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Advierten que uso de militancia política restará efectividad al desarme

El director del Observatorio Venezolano de la Violencia aconsejó al Ejecutivo “eliminar ambigüedades” en su posición sobre las armas

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El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, advirtió que la incorporación de militantes del gobierno restará efectividad al Plan Nacional para el Desarme, cuya puesta en marcha fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro el fin de semana. 

Los detalles serán anunciados hoy, según aseguró el primer mandatario. No obstante, Maduro y el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, han señalado que los integrantes de las UBCH (Unidades Bolívar Chávez, la base del PSUV) serían incorporados a este plan, a través del Movimiento por la Paz y la Vida.

Briceño calificó ese punto como “dramático”, pues en su criterio le restará legitimidad y efectividad al plan. “Eso es darle más dinero a la militancia. El gobierno buscará reforzar su propio grupo”, señaló. El fin de semana, Maduro firmó un punto de cuenta en el que destina 300 millones de bolívares al Fondo Nacional para el Desarme, cuya creación estaba prevista en la legislación correspondiente aprobada en junio de 2013 para financiar la reducción de la violencia armada en el país.

 

Ambigüedad. Briceño sostuvo que las contradicciones del gobierno sobre el tema de la violencia conspiran contra el éxito del plan: “No puede haber mensajes contradictorios. No se puede hablar de desarme y a la vez fomentar la creación de milicias obreras que se definen como pueblo en armas. No se puede apoyar las manifestaciones del 4 de febrero y a la vez hablar de desarme. Hay que eliminar ambigüedades”.

Indicó que los planes de entrega voluntaria tienen éxito si el gobierno ofrece una garantía real de seguridad, de manera que la gente considere inútil poseer un arma. “¿Cómo entregar una herramienta de protección a quienes no te ofrecen seguridad?”, se preguntó.

Uno de los puntos más polémicos del plan se refiere a la entrega anónima y voluntaria de armas de fuego. Esos planes han sido aplicados en Brasil, Argentina y países centroamericanos con distintos grados de éxito.

En Venezuela, el primer intento se llevó a cabo el año pasado. Pero el gobierno solo pudo obtener 37 armas mediante esa modalidad, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del MRI.

Maduro adelantó que serán activados 60 puntos en los que los interesados podrán entregar las armas sin que haya un registro de la persona que las llevó. Extraoficialmente se conoció que serían utilizados templos religiosos y centros de servicio comunitario. 

Según la norma vigente, las armas deberán ser destruidas de inmediato. Briceño indicó que el Ejecutivo deberá asumir la responsabilidad por la impunidad derivada de esos procedimientos. “El gobierno tendrá que anunciar si los delitos cometidos con esas armas serán investigados o no”. 90% de los homicidios en el país se comete con armas de fuego.