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Delincuentes controlan “zonas de paz” en Barlovento

Gobierno ensaya pacificación en localidades del estado Miranda limitando la acción policial en sectores donde operan las bandas. Acordaron el desarme voluntario a cambio de beneficios económicos

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Los municipios Páez, Andrés Bello, Acevedo y Buroz del estado Miranda son el epicentro de un plan piloto de pacificación implementado por el gobierno nacional en septiembre de 2013. El Movimiento por la Paz y la Vida busca reducir la criminalidad en 17 sectores, denominados zonas de paz, mediante un proceso de negociación con bandas delictivas para promover el desarme voluntario y la reinserción de los jóvenes, al tiempo que restringe la acción de los cuerpos de seguridad sobre estos grupos. Vecinos y policías aseguran que el efecto ha sido contrario: más violencia y más inseguridad. “Los tiroteos son peores, más frecuentes, más largos y a toda hora. ¿Denunciar? Imposible, es mejor no meterse en eso. Somos pocas familias y todos nos conocemos y hasta alguna gente de los consejos comunales está ligada a la banda. Es un peligro hablar de eso”, comentó Carlos Andrade, mientras esperaba en uno de los bancos del terminal de San José de Río Chico. Mientras conversaba, un joven que se había sentado a su lado minutos antes lo golpeó disimuladamente en las costillas. El hombre no quiso decir más.

Las zonas de paz surgieron para “rescatar los espacios a través del deporte y la cultura y así disminuir los índices delictivos”, según explica la página web www.movimientoporlapazylavida.com y para su creación se aprobó un fondo de 200 millones de bolívares. El viceministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, José Vicente Rangel Ávalos, en su función de secretario general del movimiento, mantuvo reuniones con las bandas delictivas de Barlovento para invitarlas a deponer sus armas y a participar en trabajos comunitarios como la reparación de las escuelas, calles y mantenimiento de las zonas agrícolas. A cambio, se les concedía un pago y créditos para promover la producción de las tierras.

Habitantes de esos sectores indicaron que en la práctica el proyecto funcionó durante un mes. Después todo acabó. “Las bandas utilizaron el dinero para reforzar su parque de armas. Poseen UZI, 9 mm, escopetas, fusiles AK-45 y pistolas con cargadores modificados de 32 municiones”, relató un agente de la policía municipal de Páez (Río Chico), quien pidió que su nombre no fuera publicado.

Una funcionaria de la policía de Andrés Bello indicó que en las reuniones con el viceministro y representantes del Movimiento por la Paz y la Vida se acordó “limitar” las acciones policiales en las zonas de pacificación. “Esa fue una de las condiciones impuestas por las bandas delictivas que se incorporaron al movimiento. Esa fue la negociación a la que llegaron para que depusieran sus armas. Por eso cada vez que ven una patrulla por esos sectores los funcionarios son atacados. En septiembre tuvimos a un compañero herido cuando realizaba su patrullaje en el sector El Cmbo”.

 

Protección de padrinos”

El proyecto también establece la posibilidad para las comunidades de presentar propuestas de transformación de los espacios públicos o sobre las medidas de seguridad a implementar en su sector. En el proceso, los jóvenes reinsertados son acompañados por un representante del Movimiento por la Paz y la Vida, encargado de supervisar las obras. Esta figura es conocida como el Padrino. Es a este protector a quien recurren los líderes de las bandas para denunciar la violación del acuerdo por parte de las policías.

“Querían desarmar a los malandros y ahora ellos tienen la ventaja. Cuando hacemos las rondas nos disparan, tenemos que seguir y hacernos los locos porque si respondemos tenemos represalias. Son más bien zonas de impunidad”, mencionó un funcionario de Polimiranda. Agregó que los grupos armados se comunican con sus padrinos cada vez que la policía ingresa al sector. De inmediato los cuerpos de seguridad reciben un llamado de atención desde instancias del gobierno. El criminólogo Javier Gorriño aseguró que el Movimiento por la Paz y la Vida está auspiciando la impunidad en el país. “Se les está dando dinero a las bandas a cambio de un supuesto desarme voluntario. Entregan un armamento nuevo y con lo que les dieron compraron camionetas y armas largas para seguir delinquiendo, actividad que les genera mejores ganancias. Ahora estas bandas tienen un aval gubernamental, un fenómeno parecido a los colectivos”, explicó.

Modesto Ruiz, diputado por el PSUV en el estado Miranda, tiene una visión positiva de la iniciativa. “No se puede decir que el movimiento ha intensificado la violencia. No se puede decir que el Estado quiere que estos jóvenes se mantengan en el negocio de la droga y sigan adquiriendo armas. Son los que están interesados en mantener a los jóvenes armados los que quieren descalificar al movimiento. ¿Qué tiene que ver que cuatro armados roben a un conductor con el movimiento? La comunidad debe estar conciente de que no puede haber convivencia con violencia”.

Ruiz reconoció que desconocía de la prohibición a los cuerpos municipales de ingresar a los sectores en los que se desplegó el movimiento. “La policía debe cumplir su función”, aclaró.

 

El control de la droga

El control de la venta de drogas inició los enfrentamientos entre bandas de distintas zonas de paz. Un solo líder por municipio debía hacerse cargo del negocio, pero los grupos, integrados por jóvenes entre 15 y 27 años, no lograron ponerse de acuerdo. Además de acabar con los rivales, también buscan exterminar a los delatores, por eso los habitantes tienen temor a denunciar o hablar.

“Ya en diciembre comenzaron a matarse entre ellos y también a los que no se dejan robar. A mi hijo, de 15 años, lo tenían amenazado para que se metiera en la banda y lo tuve que sacar de El Quilombo, donde vivimos. Estoy buscando la manera de mudarme a Maracay, ya no quiero tener miedo”, expresó Valentina Castro, comerciante de San José de Río Chico.

“Cada grupo delictivo está conformado hasta por 15 muchachos que se dedican a la extorsión de comerciantes, robo de casas y vehículos, secuestro de motos y carros, así como al secuestro exprés. En la vía hacia su zona montan alcabalas para despojar de las pertenencias a los camiones que transportan gas y comercializan víveres”, refirió un jefe policial de la zona, quien por temor a ser despedido prefirió el anonimato.

De acuerdo con los vecinos, las bandas piden “colaboraciones” obligatorias en dinero o bienes transables en los negocios del centro, especialmente a las licorerías y a los locales con dueños de nacionalidad china.

Francisca Martínez, dueña de una venta de víveres de San José de Río Chico, fue asaltada 6 veces en 2013. La última vez fue en diciembre. “Una de las bandas me pedía 300 bolívares diarios para garantizar mi seguridad. Yo me negué, y el 30 del mes pasado, dos hombres armados entraron al local. Se llevaron el efectivo de la caja, con las pertenencias de los clientes y varias cajas de licor. Escaparon con otros dos que los esperaban afuera en motos. Llamé a Polimiranda, pero ellos no podían hacer nada. Ya se habían ido los delincuentes y la policía no puede entrar al sector donde viven”, relató.

El 12 de enero de este año, 8 hombres armados ingresaron a una finca del municipio Buroz y le solicitaron al dueño su contribución en materiales de construcción como alambre de púas, tubos y municiones. Indicaron que querían levantar un portón para evitar el paso de los delincuentes a su comunidad: Las Maravillas de Mamporal, una de las zonas de paz. La denuncia fue levantada por la Guardia del Pueblo.


Secuestros de personas y vehículos

También los grupos delictivos recientemente se iniciaron en el secuestro de vehículos: por el rescate de las motos piden hasta 3.000 bolívares y por los carros hasta 30.000 bolívares.

Ismael López, uno de los fiscales de la línea de conductores San José-Cumbo, indicó que con frecuencia las bandas del sector usan también otra modalidad. “Secuestran las unidades con todo y pasajeros para trasladarse de un pueblo a otro. No agreden a los conductores, pero van armados en caso de que se resistan”, precisó.

Las bandas más organizadas se dedican al secuestro exprés. Una de ellas es la de Río Chico Arriba, en el municipio Páez. Está encabezada por Rucaca, un fugado de Tocuyito, según revelaron fuentes policiales. Con otros seis jóvenes se dedican al secuestro exprés de comerciantes y turistas que circulen en vehículos llamativos como camionetas Fortuner o Autana. El ex fiscal del Ministerio Público, Pedro Sanoja, sentenció que el plan de pacificación no terminará en nada efectivo. “Ofrecen impunidad a cambio de un arma. Lo ensayado hasta el momento durante la administración de Maduro carece de base científica”, aseguró. Por lo tanto, considera que los planes que surjan no disminuirán la violencia.

“Que expliquen que es esa supuesta paz, porque aquí todo ha empeorado. Una persona que ha matado perdió el respeto por la vida y eso es imposible recuperarla. Es un fraude ese movimiento”, señaló Alexis García, comerciante.

*Los nombres de los declarantes son ficticios para proteger sus identidades.


Aumentaron

los secuestros

J. I. M.

Durante 2013 se reportó un incremento de 21,3% en el número de personas secuestradas en los municipios Plaza, Zamora, Acevedo, Brión, Andrés Bello, Páez y Pedro Gual, con respecto al año anterior. En tres de estos se implementaron las zonas de paz. Hubo, en total, 74 víctimas conocidas por las autoridades, mientras que en 2012 fueron 61. En esta cifra, conocida extraoficialmente, no se toma en cuenta otros 4 casos de personas plagiadas en el Distrito Capital y que fueron liberadas luego de varios días de cautiverio en zonas boscosas de Caucagua. Con los secuestros también se incrementaron las extorsiones.


Odebrecht y el metro afectados

El auge de las bandas delictivas en Caucagua durante el último año podría precipitar la paralización de las obras de la línea 5 del Metro de Caracas y de proyectos de la Misión Vivienda. Esta semana un directivo de la transnacional brasileña Odebrecht –que se ocupa de esas obras– envió una carta a la Guardia Nacional Bolivariana para denunciar que grupos criminales del municipio Acevedo han extendido sus operaciones entre La Peica, El Puente, Cotara, Marqués, Soledad y Aragüita, y están afectando la operatividad de las plantas de la esta empresa.

“Se hace insostenible la situación, porque han ingresado a las instalaciones violentando la seguridad patrimonial, la seguridad física y el ánimo colectivo”, indica el texto.

La inseguridad ha ocasionado un déficit en el servicio de transporte público, y los obreros han comenzado a renunciar por temor. El portavoz de la contratista brasileña solicitó a la GNB incorporarse a las pesquisas que permitan el desmantelamiento de estas bandas.


RECURSO “SIN RESPUESTA”

Para la realización de este trabajo se solicitó por escrito, el 14 de enero pasado, una entrevista con los representantes del Movimiento por la Paz y Vida: viceministro José Vicente Rangel Ávalos, en su rol de secretario general, y con la viceministra María Martínez, como subsecretaria.

Del mismo modo, se realizaron repetidas solicitudes telefónicas de entrevistas con los representantes del movimiento durante los últimos dos meses.