• Caracas (Venezuela)

Sócrates Ramírez

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Bolívar Potencia

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Dista el estado Bolívar de la estela de su propia historia durante el siglo XX, ésa que lo convirtió en una promesa de desarrollo y prosperidad para toda Venezuela gracias a su potencial industrial, a sus bellezas naturales únicas. Se aleja aún más de la propaganda tendenciosa que vitupera todo aquel pasado para erigir a los amos rojos en los artífices de un nuevo y definitivo renacimiento de la región.

Los recientes saqueos en San Félix son un ápice de realidad que supera a la falsedad. Fue apenas una pequeña reacción frente al drama que vive su gente y que trasciende la imaginación del resto del país expectante o sumido en su propia angustia. No es un sector aburguesado el que decidió robar comida, sino habitantes de una zona que en otro tiempo era un incuestionable bastión del chavismo. La miseria de esa localidad y de Bolívar entero va más allá de los alimentos que no se consiguen: lo apremiante es el despojo brutal que ha dejado a la sociedad desnuda de su normalidad, con la sensación de vivir en un país diferente, sórdido y oscuro.

Ciudad Bolívar, capital del estado y emblema histórico de la Nación, es gobernada desde la cárcel. Fenómenos que en muchas ciudades del país se focalizan en algunas áreas, en Bolívar son taras generalizadas. El pranato ha saltado la verja especializándose en el secuestro de vehículos, robos de casas, extorsión telefónica y amenaza de asesinatos a familiares: un gran negocio donde el miedo abulta las cuentas. El pago de vacunas para poder trasladarse, ir al trabajo, llevar a los hijos a los colegio, o manejar un taxi, forma parte de los gastos corrientes de muchos. Se habla de vehículos que deben ser maquillados como señal de estar protegidos por las autoridades de facto. La respuesta social ha sido la proliferación del pánico: toda puerta se cierra con la puesta del sol; todo ser humano que camina en la calle después de las seis de la tarde lo hace a su cuenta y riesgo. Nadie puede pensar en la prosperidad de su negocio si no tiene una cuota reservada para pagar a policías y malandros. Se impone el susurro doméstico como único código para externalizar y drenar la opresión. La denuncia no existe, pues el agraviado generalmente se convence de la inoperancia de los cuerpos de seguridad y en la mayor parte de los casos, de su complicidad. Al gobierno carcelario se suma la escasez de productos básicos: desde 2013 al menos tres personas han muerto en colas para comprar comida ya sea a causa de infartos o de la embestida de la turba desesperada por no quedarse sin productos. Paradójicamente, los apagones y la ausencia del servicio de agua son costumbre acendrada en la ciudad, especialmente en las zonas populares.

Más al sur la fiebre del oro se ha convertido en otro estímulo al malandraje. La explotación ilegal de minerales, que el gobierno hizo el amago de combatir suspendiendo luego sus intenciones por la presión de los mineros, ha puesto a correr sangre junto a la dinamita y el mercurio. A cualquier bulla que acuden los mineros ilegales llegan pranes y luceros a imponer su orden, lo que generalmente se traduce en una repartición de ganancias 30-70. Estas bandas, para robar a los que roban la Nación, se sirven de la más sofisticada tecnología en armamento. Para abrir boquetes en la tierra los mineros llegan a contar con explosivos que sólo le está permitido importar y administrar a las Fuerzas Armadas a través de Cavim. Las frecuentes carnicerías por el control de minas que ocurren en Guasipati, El Callao, Tumeremo y Las Claritas son vetadas al dominio público.

Desde Upata hasta la frontera con Brasil se ha impuesto de hecho un corralito financiero. Las agencias bancarias no suministran más de tres mil bolívares por persona y los cajeros electrónicos lucen averiados o con largas colas. Tan exigua cantidad de dinero no alcanza para comprar los productos cuyos precios en aquellas lejanías llegan inflados por la extorsión en la que coinciden comerciantes y autoridades. Otro negocio en expansión es el tráfico de bolívares: las remesas que los blindados llevan a los bancos terminan parando en licorerías a donde la población acude, tarjera de débito en mano, para hacerse de unos billetes a través de una compra ficticia. El pueblo paga a estos delincuentes entre diez y quince por cierto de la transacción para poder acceder a la moneda nacional.

Policías, militares y funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos se han convertido en protectores de los llamados “abastos chinos” que tienen carta blanca para imponer precios a discreción y vender productos regulados remarcados. Los operativos de expendio son una burla donde la gente acude a comprar lo que hay a la tarifa que vendedores y uniformados han pactado para el confort de su bolsillo. Sólo se acepta efectivo, nada de tickets de caja o facturas que corroboren la compra; los impuestos evadidos son parte del botín que terminan dando en todas las manos que han debido mojarse.   

Hay espacios en Venezuela donde detrás de determinadas líneas el país pareciera extinguirse. El estado Bolívar pertenece a esa otra orilla, a ese lugar simbólico donde somos lo que no fuimos. A ese recoveco donde Venezuela no está, no pinta. ¿Qué aspiran los que se quedaron del otro lado de la franja? Regresar al país perdido, ser otra vez venezolanos.

@RamirezHoffman