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Una uruguaya abortó en el exterior por fallar el método legal en su país

Laura Galván, de 42 años, refirió que la ginecóloga le recetó el medicamento aprobado para el aborto farmacológico, pero no le hizo efecto a pesar de que le fue suministrado en dos ocasiones

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Una uruguaya denunció hoy que debió someterse a un aborto en el exterior y pagar 750 dólares por ello, tras fallar el procedimiento médico legal recientemente aprobado en su país para la interrupción voluntaria del embarazo, que colocó a Uruguay a la vanguardia continental en esa materia.

Laura Galván, de 42 años, casada y residente en el departamento de Canelones, vecino de Montevideo, reveló a la emisora de radio Carve que debió recurrir a un aborto quirúrgico en un país que no reveló, en la primera denuncia pública de un fallo en el proceso aprobado por el Parlamento y que entró en vigor en diciembre pasado.

"Tuve que abortar en forma clandestina, fuera de fronteras y pagando", tras fallar la asistencia previa en un hospital público uruguayo, dijo Galván.

La mujer explicó que el pasado 20 de diciembre se presentó en el Hospital de Las Piedras, en Canelones, el segundo departamento en importancia del país, para solicitar la interrupción del embarazo.

Tras consultar con una ginecóloga y otros expertos que le asesoraron sobre posibles alternativas al aborto, como exige la legislación, ratificó su deseo.

La ginecóloga le recetó el medicamento aprobado por el Ministerio de Salud Pública para el aborto farmacológico (misoprostol), pero no le hizo efecto a pesar de que le fue suministrado en dos ocasiones, destacó Galván.

Cuando solicitó a las autoridades del hospital una solución le informaron que ya habían pasado las 12 semanas de gestación que permite la ley para hacer el aborto y no podían ayudarla.

Galván, madre de otro hijo adolescente y que vive con su esposo y tres hijos de un matrimonio anterior de su pareja, aclaró luego que reafirmó su voluntad de abortar tras saber que el niño en gestación "tenía un 80 % de posibilidades de sufrir malformaciones o problemas neurológicos" precisamente por ingerir el misoprostol.

"Tuve que pedir el dinero prestado a familiares y amigos para poder hacerme el aborto" afuera, agregó.

La mujer anunció asimismo que cuando finalice la actual licencia de verano del Poder Judicial uruguayo iniciará un juicio contra el Ministerio de Salud Pública por "mala praxis".

El catedrático de ginecología grado 5, Justo Alonso, explicó este miércoles al diario El País que la posibilidad del misoprostol falle es de 5 %, aunque matizó que disminuye a entre 1 y 2 % si se combina con otro fármaco (mifepristona).

En el primer mes de aplicación de la nueva legislación se realizaron unos 200 abortos en el país "sin ningún problema grave", informaron a mediados de enero las autoridades.

La mayoría de las interrupciones se realizaron en centro privados de salud de Montevideo, donde reside la mitad de los 3,3 millones de habitantes del país.

La nueva legislación uruguaya autoriza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.

Previamente, las pacientes deben pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que las asesoran incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.

Posteriormente, tienen cinco días para la reflexión y si ratifican su voluntad se les practica el aborto farmacológico siguiendo criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A pesar de que hasta ahora estuvo penado por la ley, en el país cada año se realizaban más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad puede doblar ese número, como denuncian organizaciones no gubernamentales.